El acusado llegó a exigir más de 123.000 euros a dueños de viviendas a cambio de ocultar expedientes de demolición o evitar el precinto de obras
La Fiscalía de Málaga ha pedido nueve años de prisión y 12 de inhabilitación para un antiguo técnico del Ayuntamiento de Cártama que presuntamente ideó una trama de sobornos para autorizar viviendas ilegales. El procesado, que trabajaba como encargado del servicio de control y vigilancia de las zonas rurales del municipio, está acusado de un delito continuado de cohecho y otro de coacciones. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, desde diciembre de 2004 a enero del siguiente año exigió más de 123.000 euros a propietarios de viviendas presuntamente ilegales, a cambio de evitar el inicio de expedientes sancionadores por viviendas ilegales o la ejecución de órdenes de demolición de construcciones, ubicadas en zonas rurales. El acusado contó con la ayuda en una ocasión de un ciudadano extranjero, que actuó como supuesto intérprete en una operación, en la que pidió 18.000 euros para eliminar un expediente de paralización de obras en un paraje del municipio. Según se recoge en la calificación fiscal, sólo se hizo efectivo el pago de uno de los sobornos, de 15.000 euros. Así, en enero de 2005, el procesado contactó con el dueño de una vivienda al que le prometió evitar una sanción, si le entregaba 9.000 euros. El particular accedió y le pagó en efectivo dicho importe. Días después el ciudadano recibió una carta certificada del Ayuntamiento de Cártama en la que se hacía constar una orden de precinto de obras, por lo que se puso en contacto de nuevo con el acusado, que le exigió otros 6.000 euros para resolver el problema. El encargado municipal reclamaba presuntamente a los dueños de las casas entre 6.000 y 18.000 euros para llevar a cabo acciones que favorecieran las edificaciones que no cumplían con la legalidad. En una ocasión, pidió a un extranjero 18.000 euros para tramitar y obtener la legalización de una vivienda, y como complemento, le pidió otros 3.000 euros para permitir un camino y una piscina en el terreno. Denuncia. Este presunto caso de cohecho se destapó a raíz de la denuncia de un particular al que el acusado presuntamente había tratado de sobornar. Según la Fiscalía, pagó 7.000 euros al procesado para poder construir en su parcela, pero días después, se personó en las dependencias municipales de Urbanismo porque había recibido una resolución de precinto de obras y comunicó estos hechos. El procesado, convocado por los responsables municipales para dar explicaciones por la denuncia, optó por presentar la renuncia irrevocable a su empleo municipal. En este caso también están acusados el intérprete, como cómplice de cohecho, y un particular, por aceptar un soborno. Se enfrenta cada uno a la pena de un año de prisión.
Acusan a un arquitecto de falsear un certificado de vivienda ilegalUn arquitecto ha sido acusado por la Fiscalía como presunto autor de un delito de falsedad de certificados, ya que supuestamente emitió un documento falso para dar vía libre a la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela calificada como suelo rústico, en el municipio axárquico de Iznate.El acusado expidió un certificado técnico en el que se hacía constar que la construcción tenía una antigüedad superior a seis años, cuando la vivienda se había edificado recientemente. Con esta falsedad se trata presuntamente de evitar una sanción o hecho delictivo, por el hecho de que prescriba una infracción urbanística cuando transcurren varios años desde la construcción de un inmueble. Según la calificación del Ministerio Público, la vivienda se construyó en una parcela rústica sin licencia, ni autorización municipal. El terreno donde se ubica está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección, por estar en los montes de la comarca de la Axarquía. La Fiscalía pide para el acusado una multa de 5.400 euros por el delito de falsedad de certificado, según consta en el escrito de la acusación. Los dos promotores de la obra están acusados, a su vez, de un delito contra la ordenación del territorio y se enfrentan a un año de prisión cada uno. También se les imputa un delito de falsedad de uso de certificados, por el que el Ministerio Público reclama el pago de 1.800 euros. En cuanto a la responsabilidad de tipo civil, la Fiscalía de Medio Ambiente solicita la demolición de la vivienda, de unos 125 metros cuadrados de superficie. El juicio por este caso se celebrará en un juzgado penal de la capital.
La Fiscalía de Málaga ha pedido nueve años de prisión y 12 de inhabilitación para un antiguo técnico del Ayuntamiento de Cártama que presuntamente ideó una trama de sobornos para autorizar viviendas ilegales. El procesado, que trabajaba como encargado del servicio de control y vigilancia de las zonas rurales del municipio, está acusado de un delito continuado de cohecho y otro de coacciones. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, desde diciembre de 2004 a enero del siguiente año exigió más de 123.000 euros a propietarios de viviendas presuntamente ilegales, a cambio de evitar el inicio de expedientes sancionadores por viviendas ilegales o la ejecución de órdenes de demolición de construcciones, ubicadas en zonas rurales. El acusado contó con la ayuda en una ocasión de un ciudadano extranjero, que actuó como supuesto intérprete en una operación, en la que pidió 18.000 euros para eliminar un expediente de paralización de obras en un paraje del municipio. Según se recoge en la calificación fiscal, sólo se hizo efectivo el pago de uno de los sobornos, de 15.000 euros. Así, en enero de 2005, el procesado contactó con el dueño de una vivienda al que le prometió evitar una sanción, si le entregaba 9.000 euros. El particular accedió y le pagó en efectivo dicho importe. Días después el ciudadano recibió una carta certificada del Ayuntamiento de Cártama en la que se hacía constar una orden de precinto de obras, por lo que se puso en contacto de nuevo con el acusado, que le exigió otros 6.000 euros para resolver el problema. El encargado municipal reclamaba presuntamente a los dueños de las casas entre 6.000 y 18.000 euros para llevar a cabo acciones que favorecieran las edificaciones que no cumplían con la legalidad. En una ocasión, pidió a un extranjero 18.000 euros para tramitar y obtener la legalización de una vivienda, y como complemento, le pidió otros 3.000 euros para permitir un camino y una piscina en el terreno. Denuncia. Este presunto caso de cohecho se destapó a raíz de la denuncia de un particular al que el acusado presuntamente había tratado de sobornar. Según la Fiscalía, pagó 7.000 euros al procesado para poder construir en su parcela, pero días después, se personó en las dependencias municipales de Urbanismo porque había recibido una resolución de precinto de obras y comunicó estos hechos. El procesado, convocado por los responsables municipales para dar explicaciones por la denuncia, optó por presentar la renuncia irrevocable a su empleo municipal. En este caso también están acusados el intérprete, como cómplice de cohecho, y un particular, por aceptar un soborno. Se enfrenta cada uno a la pena de un año de prisión.
Acusan a un arquitecto de falsear un certificado de vivienda ilegalUn arquitecto ha sido acusado por la Fiscalía como presunto autor de un delito de falsedad de certificados, ya que supuestamente emitió un documento falso para dar vía libre a la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela calificada como suelo rústico, en el municipio axárquico de Iznate.El acusado expidió un certificado técnico en el que se hacía constar que la construcción tenía una antigüedad superior a seis años, cuando la vivienda se había edificado recientemente. Con esta falsedad se trata presuntamente de evitar una sanción o hecho delictivo, por el hecho de que prescriba una infracción urbanística cuando transcurren varios años desde la construcción de un inmueble. Según la calificación del Ministerio Público, la vivienda se construyó en una parcela rústica sin licencia, ni autorización municipal. El terreno donde se ubica está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección, por estar en los montes de la comarca de la Axarquía. La Fiscalía pide para el acusado una multa de 5.400 euros por el delito de falsedad de certificado, según consta en el escrito de la acusación. Los dos promotores de la obra están acusados, a su vez, de un delito contra la ordenación del territorio y se enfrentan a un año de prisión cada uno. También se les imputa un delito de falsedad de uso de certificados, por el que el Ministerio Público reclama el pago de 1.800 euros. En cuanto a la responsabilidad de tipo civil, la Fiscalía de Medio Ambiente solicita la demolición de la vivienda, de unos 125 metros cuadrados de superficie. El juicio por este caso se celebrará en un juzgado penal de la capital.
No hay comentarios:
Publicar un comentario