lunes, 17 de noviembre de 2008

La CEM pide a Junta y Ayuntamiento que den luz verde al PGOU (La Opinión)

Los empresarios ofrecen su ayuda para que termine la confrontación y se saque adelante el documento urbanístico

LA OPINIÓN. MÁLAGA La Confederación de Empresarios de Málaga destacó la necesidad de que haya ya "una adecuada coordinación" entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento en torno al Plan General de Ordenación Urbana y que "se supere la situación de confrontación existente". Por ello, ofreció su ayuda a ambos para alcanzar consensos y para que "el urbanismo no sea un pretexto para que las instituciones estén en una situación de tensión y de permanente agravio".
El vicepresidente ejecutivo de la CEM, Javier González de Lara, indicó que esta situación "perjudica al desarrollo del PGOU de la segunda capital de la Comunidad andaluza", por lo que "la ciudadanía y los empresarios valorarían un acuerdo", al tiempo que dejó claro que "es necesario desbloquear asuntos de gran trascendencia para la ciudad y las situaciones de crispación no conducen a ninguna posición favorable".
Por ello, manifestó que si ambas administraciones lo ven adecuado, "estamos dispuestos a buscar fórmulas de solución porque nos encontramos ante un instrumento de ordenación y planificación del territorio fundamental para Málaga", en tanto que "se trata de futuros negocios, del modelo de desarrollo de la ciudad, de cómo reconducir inversiones en el territorio, del suelo industrial, en suma, de muchas cuestiones que dan seguridad jurídica al ciudadano, al empresario, al promotor o al industrial".
Tal y como recordó, ha habido "mucha ralentización" en todas las tramitaciones urbanísticas, haciendo referencia a "la compleja elaboración del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) o a los planes de ordenación subregional", por lo que opinó que "ahora hay que hacer un mayor esfuerzo por ambas partes para llegar a soluciones y sobre todo a la búsqueda de consenso". Según declaró, "no debe ser tanta la distancia que separe a la Junta de Andalucía del Ayuntamiento y viceversa".
Según González de Lara, se trata de "sentarse, hablar con franqueza y encontrar ese consenso". Asimismo, consideró que "no hay interés por parte de ninguna de las partes de convertir el PGOU en una herramienta política o de crispación, pero la realidad es que se ha generado una crisis en la relación institucional entre la Junta y el Ayuntamiento y eso no nos parece que sea positivo".

Informes. El Ayuntamiento de Málaga aguarda la mayor parte de los informes sectoriales relativos al PGOU del Estado y de la Junta de Andalucía, que deben llegar antes de final de mes.
Los informes que espera son los de Costas, Aviación civil, Cultura o Carreteras. Cuando los tenga, los refundirá y enviará al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, que dispone de cinco meses para emitir el expediente de cumplimiento. A partir de este último documento, el Ayuntamiento debe modificar, eliminar o ajustar el PGOU aprobado provisionalmente.
El alcalde, Francisco de la Torre, consideró que la declaración de impacto ambiental de la Junta sobre el PGOU era "una intromisión en la autonomía municipal que sería ganada en los tribunales" y percibió una "cultura de distanciamiento e incomprensión con los proyectos de Málaga desde Sevilla".

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