viernes, 28 de noviembre de 2008

Volverán a estudiar los expedientes de las viviendas ilegales que realizaron sin el trámite de audiencia. Mijas (SUR)

La revisión de sanciones se realizarán a petición de los afectados El pleno aprueba un presupuesto que destinarán el 52% del gasto total a sufragar los salarios de los empleados municipales
El último pleno celebrado en Mijas supuso una importante novedad para los cientos de vecinos con viviendas irregulares en el municipio, y es que el alcalde, Antonio Sánchez, anunció que se volverán a estudiar los expedientes abiertos si entienden los denunciados entienden que no se ha cumplido con su derecho al trámite de audiencia. Este trámite es un derecho a la revisión de los expedientes sancionadores antes de que se tramiten las multas por infracciones urbanísticas.
Según reconocía el presidente de la Asociación de Regularización de Viviendas (ARV), Juan Antonio Blanco, «se trata de una gestión que debe realizar la administración local y en muchas ocasiones se llevaba a cabo tras abrir el expediente, aunque la ley reconoce que debe hacerse antes». Con la aprobación de esta medida, el primer edil da el reconocimiento para que esta revisión se haga sin la necesidad de una orden judicial que lo dictamine.
Este estudio es una posibilidad contemplada por la ley para salvaguardar de los derechos de los ciudadanos, como recurso extraordinario una vez que un acto administrativo es firme y consentido, y siempre que el caso no se esté viendo en un Juzgado.
Un vez revisada jurídicamente la solicitud, el Ayuntamiento se pronunciará y si se entiende que se debe continuar con el expediente, el propietario de la vivienda irregular tiene la posibilidad de acudir a un contencioso administrativo para solicitar que se suspendan las multas coercitivas y la demolición hasta que se dicte sentencia, siempre demostrando que sufriría un perjuicio irreparable por tratarse de la vivienda familiar.
Decisión judicial
En este momento es la única vía posible para que, en su caso, un Juez ordene suspender las multas y las órdenes de demolición hasta dictar sentencia, como en reiteradas ocasiones se ha manifestado desde el Ayuntamiento, tanto a los vecinos afectados a título particular como a la plataforma de viviendas irregulares y sus representantes legales.
Por otro lado, el pleno celebrado ayer destacó por la aprobación de unos presupuestos en los que más de la mitad del gasto de 2009, en concreto el 52% de los gastos presupuestados, se destinarán al pago de las nóminas de los trabajadores municipales. «Aunque si nos atenemos a los ingresos reales de los últimos ejercicios, el pago de nóminas supondrá un 75% los ingresos, lo que dejará absolutamente sin margen de maniobra al equipo de gobierno», sentenciaron desde la oposición.
Al respecto, el PP propuso mejorar la promoción interna. Además, el portavoz, Ángel Nozal, declaró públicamente su rechazo puesto que «lejos de contener gastos el capítulo de personal, el presupuesto contempla una partida de 600.000 euros para nuevas contrataciones, la gran mayoría de altos cargos». Los populares votaron en contra de las cuentas alegando que «no se ajustaban a las circunstancias reales del municipio». Desde el equipo de gobierno, el edil de Hacienda, Pedro Fernández argumentó que «se trata de un ejercicio en el que se contendrá el gasto en partidas superfluas sin dejar de lado las necesidades de los vecinos».
Para llevar a cabo la mayor parte de los proyectos planificados para el próximo ejercicio, las cuentas municipales deberán acrecentarse con la solicitud de créditos bancarios «una operación financiera que es posible gracias a las escasas deudas acumuladas por tesorería en años anteriores», declaró Fernández. Y es que partidas como la transformación del Cortijo de Doña Ermita en la tenencia de alcaldía de Las Lagunas, la remodelación del auditorio municipal, las reformas en los colegios y el centro sociocultural de Las Lagunas deberán llevarse a cabo gracias a la ayuda de una operación financiera.
Préstamos
También se aprobó la cancelación de una operación de tesorería de con el BBVA además de la contratación de otras dos, una para la misma entidad y otra para Unicaja, con valor de 20 millones de euros y un interés trimestral del 0,75%. Pese a la solicitud de préstamo, el edil de Hacienda reconoció que las deudas con la seguridad social y el pago del IRPF de los trabajadores está al día «situaciones que beneficia a las arcas municipales». Pese a las cuentas, la oposición no quiso dejar de lado los 18 millones de deudas que existen con los acreedores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario