No pueden superar los 150 metros cuadrados de superficie, deben salir de la arena y mantener una distancia entre establecimientos de 200 metros. El Ayuntamiento apoya las reivindicaciones de los afectados y exige la renovación de las concesiones administrativas
Los propietarios y empleados de la treintena de chiringuitos que jalonan el litoral fuengiroleño tienen motivos más que suficientes para estar preocupados por su futuro. Aunque estos establecimientos llevan décadas en pie, acorde con la Ley de Costas, ahora se han topado con sanciones que rondan los 25.000 euros por invadir la playa. A esto hay que unir la situación de precariedad en la que se encuentran desde 2004, año desde el que el Ministerio de Medio Ambiente se niega a renovar las concesiones administrativas aduciendo que deben reunir una serie de requisitos tales como limitar su superficie a 150 metros cuadrados, ubicarse en el paseo marítimo (en vez de en la arena) y mantener una distancia entre establecimientos de 200 metros lineales. La problemática también ha salpicado a los hamaqueros y demás instalaciones temporales, ya que se exige que por cada cien metros ocupados deben quedar otros cien libres de ocupación.
Ante la inquietud generada en el sector, el Ayuntamiento celebró en la tarde de ayer un pleno extraordinario para aprobar -con los votos favorables de PP y PA y la abstención del PSOE- una moción de apoyo a las reivindicaciones de los empresarios. Unas propuestas que se concretan en el establecimiento de manera definitiva de los deslindes de la zona de dominio marítimo-terrestre, el mantenimiento de los chiringuitos en la propia playa y que las actividades empresariales de las playas se regulen por concesiones administrativas de al menos 15 años de duración, y no por autorizaciones temporales, como viene sucediendo desde 2004.
Ante cerca de un centenar de afectados, la alcaldesa de la ciudad, Esperanza Oña, calificó de «escándalo y atropello» las medidas exigidas por Medio Ambiente al entender que podrían conducir a la desaparición de la mayoría de los negocios y aseguró que en Fuengirola «no se va a quitar ningún chiringuito con la ayuda ni de los Servicios Operativos ni de la Policía Local». Además, la regidora municipal aseguró no comprender los motivos por los que no se les renuevan las concesiones pese a que los chiringuitos actuales se construyeron atendiendo a las directrices de la Ley de Costas de 1988, una normativa que supuso la desaparición de la mitad de los chiringuitos que por aquel entonces había en Fuengirola.
En este mismo sentido, la concejala de Urbanismo, Ana Mula, comentó que las actuales exigencias «llevarían a la ruina a numerosas familias». No obstante, quiso dejar constancia de su confianza en el mantenimiento de los chiringuitos. «Estoy convencida de que no van a desaparecer, pero porque vamos a defenderlos todo lo que sea posible», recalcó.
Abstención socialista
Desde la oposición, el grupo socialista abogó por la conservación de los establecimientos, si bien se abstuvo en la votación al considerar «inadecuado» celebrar un pleno extraordinario en vísperas de la reunión que tendrá lugar esta mañana entre todas las partes implicadas. «No es el momento de hablar de rechazo, y sí de esperar al resultado de la reunión», señaló su portavoz, Rocío Suárez. Sobre el fondo del asunto, la edil del PSOE abogó por una salida negociada. «Nuestra apuesta es por establecimientos de calidad, y si aquí los hay, no tiene sentido perderlos. Cada municipio es diferente y, por tanto, las soluciones también», agregó.
Estas palabras no satisficieron a Oña, quien acusó a los socialistas fuengiroleños de «defender lo indefendible». «Si están a favor, ¿por qué amenazan con quitarlos y llevan cuatro años sin renovar las concesiones?», cuestionó la alcaldesa.
Quien sí que respaldó la moción del PP fue el portavoz del grupo andalucista, Cristóbal González, quien tachó de «aberración, sinsentido, capricho y arbitrariedad» las medidas exigidas por Costas. «Si se construyeron es porque Costas lo autorizó, así que si en 20 años no han molestado, ¿por qué ahora sí?», indicó.
Entre los numerosos asistentes al Salón de Plenos destacó la presencia del presidente de la Federación de Empresarios de Playas de Andalucía, el malagueño Norberto del Castillo, quien incidió en que «todas las instalaciones se adaptan a la ley» y que la Costa del Sol «es de los destinos turísticos más respetuosos con la ocupación de la playa». Además, agradeció la mediación del Ayuntamiento
Los propietarios y empleados de la treintena de chiringuitos que jalonan el litoral fuengiroleño tienen motivos más que suficientes para estar preocupados por su futuro. Aunque estos establecimientos llevan décadas en pie, acorde con la Ley de Costas, ahora se han topado con sanciones que rondan los 25.000 euros por invadir la playa. A esto hay que unir la situación de precariedad en la que se encuentran desde 2004, año desde el que el Ministerio de Medio Ambiente se niega a renovar las concesiones administrativas aduciendo que deben reunir una serie de requisitos tales como limitar su superficie a 150 metros cuadrados, ubicarse en el paseo marítimo (en vez de en la arena) y mantener una distancia entre establecimientos de 200 metros lineales. La problemática también ha salpicado a los hamaqueros y demás instalaciones temporales, ya que se exige que por cada cien metros ocupados deben quedar otros cien libres de ocupación.
Ante la inquietud generada en el sector, el Ayuntamiento celebró en la tarde de ayer un pleno extraordinario para aprobar -con los votos favorables de PP y PA y la abstención del PSOE- una moción de apoyo a las reivindicaciones de los empresarios. Unas propuestas que se concretan en el establecimiento de manera definitiva de los deslindes de la zona de dominio marítimo-terrestre, el mantenimiento de los chiringuitos en la propia playa y que las actividades empresariales de las playas se regulen por concesiones administrativas de al menos 15 años de duración, y no por autorizaciones temporales, como viene sucediendo desde 2004.
Ante cerca de un centenar de afectados, la alcaldesa de la ciudad, Esperanza Oña, calificó de «escándalo y atropello» las medidas exigidas por Medio Ambiente al entender que podrían conducir a la desaparición de la mayoría de los negocios y aseguró que en Fuengirola «no se va a quitar ningún chiringuito con la ayuda ni de los Servicios Operativos ni de la Policía Local». Además, la regidora municipal aseguró no comprender los motivos por los que no se les renuevan las concesiones pese a que los chiringuitos actuales se construyeron atendiendo a las directrices de la Ley de Costas de 1988, una normativa que supuso la desaparición de la mitad de los chiringuitos que por aquel entonces había en Fuengirola.
En este mismo sentido, la concejala de Urbanismo, Ana Mula, comentó que las actuales exigencias «llevarían a la ruina a numerosas familias». No obstante, quiso dejar constancia de su confianza en el mantenimiento de los chiringuitos. «Estoy convencida de que no van a desaparecer, pero porque vamos a defenderlos todo lo que sea posible», recalcó.
Abstención socialista
Desde la oposición, el grupo socialista abogó por la conservación de los establecimientos, si bien se abstuvo en la votación al considerar «inadecuado» celebrar un pleno extraordinario en vísperas de la reunión que tendrá lugar esta mañana entre todas las partes implicadas. «No es el momento de hablar de rechazo, y sí de esperar al resultado de la reunión», señaló su portavoz, Rocío Suárez. Sobre el fondo del asunto, la edil del PSOE abogó por una salida negociada. «Nuestra apuesta es por establecimientos de calidad, y si aquí los hay, no tiene sentido perderlos. Cada municipio es diferente y, por tanto, las soluciones también», agregó.
Estas palabras no satisficieron a Oña, quien acusó a los socialistas fuengiroleños de «defender lo indefendible». «Si están a favor, ¿por qué amenazan con quitarlos y llevan cuatro años sin renovar las concesiones?», cuestionó la alcaldesa.
Quien sí que respaldó la moción del PP fue el portavoz del grupo andalucista, Cristóbal González, quien tachó de «aberración, sinsentido, capricho y arbitrariedad» las medidas exigidas por Costas. «Si se construyeron es porque Costas lo autorizó, así que si en 20 años no han molestado, ¿por qué ahora sí?», indicó.
Entre los numerosos asistentes al Salón de Plenos destacó la presencia del presidente de la Federación de Empresarios de Playas de Andalucía, el malagueño Norberto del Castillo, quien incidió en que «todas las instalaciones se adaptan a la ley» y que la Costa del Sol «es de los destinos turísticos más respetuosos con la ocupación de la playa». Además, agradeció la mediación del Ayuntamiento
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