El conservatorio, donde invirtieron 2,4 millones, volverá a la familia de un edil
Los cambios que ha introducido la alcaldesa Ángeles Muñoz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga) no satisfacen del todo a los ciudadanos. A pesar de que el Gobierno municipal ha dicho en varias ocasiones que no espera "muchas alegaciones" a las modificaciones que han hecho en el texto redactado por la Junta, sólo tres de los 400 cambios "no sustanciales" que ha introducido el equipo de gobierno del PP han cosechado 3.000 alegaciones.
El que más ha enfadado a los marbellíes (2.000 alegaciones) tiene que ver con el traslado del conservatorio municipal, situado en un edificio en el centro histórico propiedad de la familia del concejal del PP, Antonio Maíz. El Ayuntamiento marbellí ha arrendado el inmueble durante los últimos 15 años y había invertido 2,4 millones en su remodelación.
El PGOU, redactado por la Junta y aprobado inicialmente en julio de 2007 planeaba que el edificio fuese considerado equipamiento público, de forma que se planteaba su expropiación. Los cambios lo han dejado como sueldo de uso residencial privado.
La mayoría de las alegaciones parten de padres de los 500 alumnos del centro, aunque también los comerciantes del casco antiguo y residentes de la zona resultan afectados. Los concejales del PSOE, en la oposición, reclaman a la alcaldesa que no anteponga "el interés económico del concejal Maíz por encima del interés general". "La dimisión de Maíz solucionaría todos los problemas", incide su portavoz Susana Radío.
El contrato de arrendamiento del edificio finaliza el 31 de diciembre. "Para el gobierno municipal es una carga pagar un alquiler de 10.000 euros que el próximo año ascendería a 15.000 euros (...). No podemos hacer frente a una expropiación del inmueble", aseguró ayer la alcaldesa Ángeles Muñoz. La regidora quiere trasladar el conservatorio al Auditorio del Parque de la Constitución, un recinto cuyas obras de remodelación costarán unos 400.000 euros.
Otras 500 alegaciones han llegado por modificaciones que incrementan el volumen de vivienda y destruyen parte del patrimonio cultural de la barriada de El Ingenio, en el núcleo de San Pedro Alcántara. El medio millar restante lo han interpuesto los vecinos de la poblada zona de Plaza de Toros, por cambios que les han quitado 10.000 metros cuadrados de equipamiento y han incrementado en 198 las viviendas nuevas previstas.
Esta es la segunda vez que el plan urbanístico, redactado en el tiempo que Marbella tenía retiradas las competencias urbanísticas, sale a exposición pública. La primera vez recibió 8.532 alegaciones. La mayoría, un 58%, hacía referencia al proceso de regularización de 18.000 viviendas a cambio de terrenos para equipamientos y zonas verdes. Está previsto que la exposición pública finalice el 15 de diciembre.
Los cambios que ha introducido la alcaldesa Ángeles Muñoz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga) no satisfacen del todo a los ciudadanos. A pesar de que el Gobierno municipal ha dicho en varias ocasiones que no espera "muchas alegaciones" a las modificaciones que han hecho en el texto redactado por la Junta, sólo tres de los 400 cambios "no sustanciales" que ha introducido el equipo de gobierno del PP han cosechado 3.000 alegaciones.
El que más ha enfadado a los marbellíes (2.000 alegaciones) tiene que ver con el traslado del conservatorio municipal, situado en un edificio en el centro histórico propiedad de la familia del concejal del PP, Antonio Maíz. El Ayuntamiento marbellí ha arrendado el inmueble durante los últimos 15 años y había invertido 2,4 millones en su remodelación.
El PGOU, redactado por la Junta y aprobado inicialmente en julio de 2007 planeaba que el edificio fuese considerado equipamiento público, de forma que se planteaba su expropiación. Los cambios lo han dejado como sueldo de uso residencial privado.
La mayoría de las alegaciones parten de padres de los 500 alumnos del centro, aunque también los comerciantes del casco antiguo y residentes de la zona resultan afectados. Los concejales del PSOE, en la oposición, reclaman a la alcaldesa que no anteponga "el interés económico del concejal Maíz por encima del interés general". "La dimisión de Maíz solucionaría todos los problemas", incide su portavoz Susana Radío.
El contrato de arrendamiento del edificio finaliza el 31 de diciembre. "Para el gobierno municipal es una carga pagar un alquiler de 10.000 euros que el próximo año ascendería a 15.000 euros (...). No podemos hacer frente a una expropiación del inmueble", aseguró ayer la alcaldesa Ángeles Muñoz. La regidora quiere trasladar el conservatorio al Auditorio del Parque de la Constitución, un recinto cuyas obras de remodelación costarán unos 400.000 euros.
Otras 500 alegaciones han llegado por modificaciones que incrementan el volumen de vivienda y destruyen parte del patrimonio cultural de la barriada de El Ingenio, en el núcleo de San Pedro Alcántara. El medio millar restante lo han interpuesto los vecinos de la poblada zona de Plaza de Toros, por cambios que les han quitado 10.000 metros cuadrados de equipamiento y han incrementado en 198 las viviendas nuevas previstas.
Esta es la segunda vez que el plan urbanístico, redactado en el tiempo que Marbella tenía retiradas las competencias urbanísticas, sale a exposición pública. La primera vez recibió 8.532 alegaciones. La mayoría, un 58%, hacía referencia al proceso de regularización de 18.000 viviendas a cambio de terrenos para equipamientos y zonas verdes. Está previsto que la exposición pública finalice el 15 de diciembre.
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