Málaga, a la cola de Andalucía en la adaptación de los PGOU a la norma regional que evita su paralización. Los promotores advierten de que ahora es el momento de preparar estos documentos para cuando termine la crisis
La provincia de Málaga continúa con sus planes urbanísticos paralizados. Hace un año que se constató que los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) de los municipios malagueños se encontraban bloqueados por no estar adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), como ya informó este periódico (SUR 5/10/2007). Transcurridos más de 12 meses desde entonces, la situación es prácticamente la misma. A día de hoy, ninguna localidad ha logrado adaptar su planeamiento a la nueva normativa regional, con las excepciones de Cortes de la Frontera y Rincón de la Victoria.
Desde enero del año pasado, los ayuntamientos no pueden efectuar modificaciones en sus PGOU si no están adaptados a la ley del suelo. Esto supone que han transcurrido casi dos años en los que, a la situación de crisis por la que atraviesa el sector inmobiliario, se ha sumado la incertidumbre jurídica que supone no contar con unos planes generales que permitan poner en marcha terrenos con nuevas condiciones de desarrollo.
Estancamiento
El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), José Prado, resaltó que la crisis actual se debe a una situación de «economía estancada» que, cuando empiece a superarse, necesitará contar con un planeamiento urbanístico listo para ser utilizado y desarrollado por las empresas sin problema alguno. Por ello, insistió en que «ahora es el momento de hacer que los nuevos planes generales sean una realidad, para que no haya dudas para los empresarios ni para los compradores de viviendas cuando, dentro de unos meses, el mercado empiece a levantar cabeza», dijo.
«Sin embargo, me temo que estamos perdiendo el tiempo, porque la provincia está todavía muy atrasada en la elaboración de sus PGOU y no veo que se aproximen las soluciones para salir de este panorama que, por desgracia, se ve enturbiado por los conflictos políticos entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos», comentó Prado. No obstante, mostró su confianza en la labor de la nueva Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para hacer que esta realidad cambie.
En elaboración
Por su parte, la delegada provincial de este departamento del Gobierno autonómico, Josefa López, informó de que hay un gran número de municipios que se encuentran trabajando en sus planes generales para adaptarlos a la LOUA. «Tengo entendido que muchos de ellos pretenden aprobarlos al menos inicialmente antes de finales de año, por lo que la paralización que denuncian los promotores es relativa», afirmó.
López recordó que, desde enero de este año, los municipios tienen la posibilidad de efectuar una adaptación transitoria de su PGOU para no ver bloqueado totalmente su desarrollo y subrayó que la Junta presta ayuda económica para la elaboración tanto de esa adaptación como de la revisión total del plan general. «El problema es que muchos ayuntamientos han empezado a revisar sus planes a los cuatro años de la entrada en vigor de la LOUA y podían haberlo hecho antes», comentó.
La posición de López contrasta con las críticas de arquitectos y políticos municipales a los diversos cambios en la normativa regional del suelo que han demorado la actualización de los PGOU. En ese sentido, cabe recordar que el Gobierno autonómico ha aprobado varios decretos en los últimos años y que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), al que deben someterse los planes locales, no tuvo luz verde hasta finales del año 2006.
La provincia de Málaga continúa con sus planes urbanísticos paralizados. Hace un año que se constató que los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) de los municipios malagueños se encontraban bloqueados por no estar adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), como ya informó este periódico (SUR 5/10/2007). Transcurridos más de 12 meses desde entonces, la situación es prácticamente la misma. A día de hoy, ninguna localidad ha logrado adaptar su planeamiento a la nueva normativa regional, con las excepciones de Cortes de la Frontera y Rincón de la Victoria.
Desde enero del año pasado, los ayuntamientos no pueden efectuar modificaciones en sus PGOU si no están adaptados a la ley del suelo. Esto supone que han transcurrido casi dos años en los que, a la situación de crisis por la que atraviesa el sector inmobiliario, se ha sumado la incertidumbre jurídica que supone no contar con unos planes generales que permitan poner en marcha terrenos con nuevas condiciones de desarrollo.
Estancamiento
El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), José Prado, resaltó que la crisis actual se debe a una situación de «economía estancada» que, cuando empiece a superarse, necesitará contar con un planeamiento urbanístico listo para ser utilizado y desarrollado por las empresas sin problema alguno. Por ello, insistió en que «ahora es el momento de hacer que los nuevos planes generales sean una realidad, para que no haya dudas para los empresarios ni para los compradores de viviendas cuando, dentro de unos meses, el mercado empiece a levantar cabeza», dijo.
«Sin embargo, me temo que estamos perdiendo el tiempo, porque la provincia está todavía muy atrasada en la elaboración de sus PGOU y no veo que se aproximen las soluciones para salir de este panorama que, por desgracia, se ve enturbiado por los conflictos políticos entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos», comentó Prado. No obstante, mostró su confianza en la labor de la nueva Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para hacer que esta realidad cambie.
En elaboración
Por su parte, la delegada provincial de este departamento del Gobierno autonómico, Josefa López, informó de que hay un gran número de municipios que se encuentran trabajando en sus planes generales para adaptarlos a la LOUA. «Tengo entendido que muchos de ellos pretenden aprobarlos al menos inicialmente antes de finales de año, por lo que la paralización que denuncian los promotores es relativa», afirmó.
López recordó que, desde enero de este año, los municipios tienen la posibilidad de efectuar una adaptación transitoria de su PGOU para no ver bloqueado totalmente su desarrollo y subrayó que la Junta presta ayuda económica para la elaboración tanto de esa adaptación como de la revisión total del plan general. «El problema es que muchos ayuntamientos han empezado a revisar sus planes a los cuatro años de la entrada en vigor de la LOUA y podían haberlo hecho antes», comentó.
La posición de López contrasta con las críticas de arquitectos y políticos municipales a los diversos cambios en la normativa regional del suelo que han demorado la actualización de los PGOU. En ese sentido, cabe recordar que el Gobierno autonómico ha aprobado varios decretos en los últimos años y que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), al que deben someterse los planes locales, no tuvo luz verde hasta finales del año 2006.
No hay comentarios:
Publicar un comentario