domingo, 25 de enero de 2009

Díaz defiende que Arraijanal se ajusta al urbanismo andaluz (La Opinión)

El edil de Urbanismo acusa al PSOE de seguir las consignas de la Junta antes de defender a Málaga y recuerda que el convenio ha pasado el filtro de la LOUA

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz Guirado, defendió ayer que los tres convenios que serán remitidos al próximo pleno -y que afectan a la zona de Arraijanal, La Térmica e Hipercor- permitirán "el desarrollo de actuaciones de interés general sin ningún coste para los malagueños". Díaz respondió a las críticas efectuadas el día anterior por el portavoz del grupo socialista, Rafael Fuentes, acusándolo de "no defender" a la ciudad y de plegarse a las directrices políticas recibidas desde la Junta de Andalucía.
"Debe de ser muy triste para las filas socialistas malagueñas ver a sus representantes empeñados en proteger la visión centralista de la Junta de Andalucía y en ocultar su permanente incoherencia en casos como los convenios que van a pleno", manifestó.
El edil de Urbanismo aseguró que las actuaciones que "benefician directamente a la ciudad", al ser destinadas a construcción de viviendas protegida, mejoras de infraestructuras y comunicaciones, rehabilitación de los distritos, dotación de equipamientos sociales, culturales y deportivos, construcción de carriles bici y bus y soterramiento de líneas eléctricas aéreas. Díaz recordó que se trata de una actuación recogida y avalada por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que permite a los ayuntamientos desarrollar nuevas ordenaciones cuando así lo demande el interés público.
Los tres convenios de la polémica fueron llevados el pasado miércoles a la Comisión de Urbanismo porque su aprobación debe ser acordada por el pleno municipal, según dispone la Ley del Suelo, que modificó la Ley de Bases de Régimen Local.

Desarrollo de Arraijanal. Según Díaz, esta ley atribuye al pleno la aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento a través del trámite recogido en la LOUA, esto es, la suscripción, información pública, el informe de fiscalización de la intervención municipal y de la secretaría general, la aprobación por pleno y el posterior depósito en el registro de convenios del Ayuntamiento y publicación en el BOP.
Respecto a Arraijanal, el concejal del PP reiteró que mantiene la misma clasificación de suelo que le otorgó el PGOU de 1983 cuando gobernaba el PSOE con Pedro Aparicio como alcalde. "Ante la incompetencia del Ministerio de Medio Ambiente, que usó el anuncio de expropiar los suelos de Arraijanal en época preelectoral para sacar rédito político, al Ayuntamiento no le ha quedado otra salida que continuar con la tramitación de los derechos que tiene el propietario desde la época en la que gobernaba el PSOE", expuso.
El desarrollo del sector de Arraijanal prevé más de 255.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes, lo que supone casi la mitad de la superficie del sector. El Ayuntamiento destaca la potenciación que se hará de las zonas verdes, con más de 110.000 metros cuadrados, y la protección del litoral, dejando libre y de uso público para el disfrute de los ciudadanos más de 83.000 metros cuadrados coincidente con la zona de servidumbre marítimo terrestre que el Estado pretende expropiar. Se contempla además la cesión de más de 64.000 metros cuadrados de espacio libre deportivo para el campo de golf, lo que facilitaría la retirada y traslado de los hoyos que se encuentran actualmente en esa zona de servidumbre.

Inversión prevista. Díaz resaltó, por otra parte, que el uso público y ciudadano también se ve reflejado con la previsión de más de 70.000 metros cuadrados para equipamientos y servicios de interés público y social, que se distribuyen en más de 42.000 para equipamientos públicos, entre ellos un centro educativo, y 32.000 para dotaciones para los vecinos y colectivos ciudadanos.
Por último, el responsable municipal de Urbanismo recordó que este convenio supondrá para la ciudad la realización de obras de infraestructuras u otras de similar interés para los malagueños por un importe total de 28 millones de euros.

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