Las alegaciones del colegio oficial arremeten contra el sistema de normalización de las viviendas ilegales
SUS OPINIONES
Plan General: Piden que se revise el documento «a los efectos de evitar la presencia de los múltiples errores y la falta de coherencia documental».
Ordenanzas: Que se ajusten y mejoren contando con el asesoramiento de técnicos municipales.
Normalización: No comparten el criterio para regularizar las viviendas ilegales. Acusan a las administraciones implicadas de querer eludir responsabilidades y de trasladar la totalidad de los costes a los particulares. Piden criterios cuantitativos «objetivos y claros».
Protección: Afirman que el catálogo del patrimonio urbano protegido presenta numerosos desajustes.
Corredor ferroviario: Piden que sea asumido como prioridad número uno por parte de todas las administraciones responsables.
Alegaciones: Argumentan que la contestación de las alegaciones es, en la mayor parte, «ambigua e insuficiente» y afirman que al parecer hay una «contradicción» entre la contestación del equipo redactor y el informe de alegación del Ayuntamiento. Múltiples errores. Falta de coherencia documental. Desajustes. Arbitrariedades. Agravios comparativos. Estas son algunas de las lindezas con las que el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga ha calificado aspectos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras analizar con lupa en el último periodo de exposición pública los cambios introducidos por el equipo de gobierno. Lo que menos gusta, según se desprende de las nueve páginas de alegaciones presentadas tras su aprobación provisional, es el sistema de normalización para regularizar las viviendas ilegales que dejó el gilismo, uno de los pilares del documento.
El escrito, firmado por su decano presidente, Francisco San Martín, afirma sin rodeos que el colegio «no comparte el criterio seguido para la normalización de las actuaciones irregulares en Marbella». No es una sentencia arbitraria. Desmonta el sistema de compensaciones, en primer lugar, cuestionando el propio papel de las administraciones implicadas, en clara alusión tanto al Ayuntamiento como a la Junta.
Costes a los particulares
Lo dice alto y claro: «La clave de la solución propuesta podría encontrarse en el interés de las administraciones implicadas en eludir las responsabilidades que evidentemente tienen en la problemática planteada y, sobre todo, en trasladar la totalidad de los costes de la regularización a los particulares». Las críticas no se quedan ahí. Los arquitectos consideran en sus alegaciones al Plan General que se «penaliza» a los propietarios de la mayoría de los suelos vacantes, que no han cometido irregularidades, al vincularlos con las compensaciones para la regularización.
Más en profundidad, además, advierten de que hay «numerosas arbitrariedades y agravios comparativos» en situaciones similares «no siendo inusual que el Plan penalice más las actuaciones de menor grado de irregularidad». En este punto, el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga señala directamente los cambios introducidos en el Plan General de Marbella, que tampoco salen muy bien parados. «Se han detectado importantes cambios puntuales en el tratamiento normalizador de algunos suelos que parecen de difícil justificación y que exigirán una explicación a la ciudadanía», afirma el escrito.
Más información
De hecho, los arquitectos alertan de que debe introducirse más información «en aras de la credibilidad del documento, del equipo redactor y del Ayuntamiento de Marbella» y para evitar que la Junta de Andalucía, ante la aprobación definitiva, tenga que revisar las decisiones -«harto discutibles», apostillan- en el ejercicio de control de la legalidad.
Por contra, proponen a las administraciones públicas, de cara a la segunda aprobación provisional que tendrá lugar en un par de meses, que asuman «la carga que les corresponda», que se establezcan criterios «objetivos y claros» para valorar las irregularidades y las medidas para su normalización así como que se justifique la aplicación de los criterios que se han seguido en algunas actuaciones y, especialmente, en los cambios.
SUS OPINIONES
Plan General: Piden que se revise el documento «a los efectos de evitar la presencia de los múltiples errores y la falta de coherencia documental».
Ordenanzas: Que se ajusten y mejoren contando con el asesoramiento de técnicos municipales.
Normalización: No comparten el criterio para regularizar las viviendas ilegales. Acusan a las administraciones implicadas de querer eludir responsabilidades y de trasladar la totalidad de los costes a los particulares. Piden criterios cuantitativos «objetivos y claros».
Protección: Afirman que el catálogo del patrimonio urbano protegido presenta numerosos desajustes.
Corredor ferroviario: Piden que sea asumido como prioridad número uno por parte de todas las administraciones responsables.
Alegaciones: Argumentan que la contestación de las alegaciones es, en la mayor parte, «ambigua e insuficiente» y afirman que al parecer hay una «contradicción» entre la contestación del equipo redactor y el informe de alegación del Ayuntamiento. Múltiples errores. Falta de coherencia documental. Desajustes. Arbitrariedades. Agravios comparativos. Estas son algunas de las lindezas con las que el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga ha calificado aspectos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras analizar con lupa en el último periodo de exposición pública los cambios introducidos por el equipo de gobierno. Lo que menos gusta, según se desprende de las nueve páginas de alegaciones presentadas tras su aprobación provisional, es el sistema de normalización para regularizar las viviendas ilegales que dejó el gilismo, uno de los pilares del documento.
El escrito, firmado por su decano presidente, Francisco San Martín, afirma sin rodeos que el colegio «no comparte el criterio seguido para la normalización de las actuaciones irregulares en Marbella». No es una sentencia arbitraria. Desmonta el sistema de compensaciones, en primer lugar, cuestionando el propio papel de las administraciones implicadas, en clara alusión tanto al Ayuntamiento como a la Junta.
Costes a los particulares
Lo dice alto y claro: «La clave de la solución propuesta podría encontrarse en el interés de las administraciones implicadas en eludir las responsabilidades que evidentemente tienen en la problemática planteada y, sobre todo, en trasladar la totalidad de los costes de la regularización a los particulares». Las críticas no se quedan ahí. Los arquitectos consideran en sus alegaciones al Plan General que se «penaliza» a los propietarios de la mayoría de los suelos vacantes, que no han cometido irregularidades, al vincularlos con las compensaciones para la regularización.
Más en profundidad, además, advierten de que hay «numerosas arbitrariedades y agravios comparativos» en situaciones similares «no siendo inusual que el Plan penalice más las actuaciones de menor grado de irregularidad». En este punto, el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga señala directamente los cambios introducidos en el Plan General de Marbella, que tampoco salen muy bien parados. «Se han detectado importantes cambios puntuales en el tratamiento normalizador de algunos suelos que parecen de difícil justificación y que exigirán una explicación a la ciudadanía», afirma el escrito.
Más información
De hecho, los arquitectos alertan de que debe introducirse más información «en aras de la credibilidad del documento, del equipo redactor y del Ayuntamiento de Marbella» y para evitar que la Junta de Andalucía, ante la aprobación definitiva, tenga que revisar las decisiones -«harto discutibles», apostillan- en el ejercicio de control de la legalidad.
Por contra, proponen a las administraciones públicas, de cara a la segunda aprobación provisional que tendrá lugar en un par de meses, que asuman «la carga que les corresponda», que se establezcan criterios «objetivos y claros» para valorar las irregularidades y las medidas para su normalización así como que se justifique la aplicación de los criterios que se han seguido en algunas actuaciones y, especialmente, en los cambios.
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