domingo, 25 de enero de 2009

«Investigamos delitos urbanísticos en la mayoría de los municipios» (La Opinión)

Calvo-Rubio asegura que los consistorios de Málaga y Vélez son los que más colaboran y afirma ser consciente de la falta de medios que arrastran otros muchos a la hora de vigilar su territorio

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Juan Calvo-Rubio es el delegado de la sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía desde 2005. Trabajador incansable, analiza en esta entrevista los aspectos más destacados de su gestión y la polémica suscitada por el pacto que el ministerio público alcanzó con los ex concejales del GIL. Pide más colaboración a las instituciones para perseguir estos delitos.

-El pacto con los ex ediles del Gil está recibiendo muchas críticas...
-Cuando la Fiscalía llega al pacto lo hace tras una petición de los imputados, en la que lo que se pretende inicialmente es evitar el carrusel de juicios que se avecinaba. Hablamos de 60 ó 70 causas en las que cada procedimiento supone un coste para la Administración de Justicia, cuando lo cierto es que la ley impone que sólo se puede castigar con el triplo de la pena máxima impuesta, de tal manera que aunque tuviésemos 70 procedimientos, sólo podríamos castigar, porque la ley lo impone así, no porque la Fiscalía lo haya pactado, el triplo de la pena máxima. De tal manera que una vez celebrados tres de esos 70 juicios, aunque hiciésemos los siguientes no tendría ningún sentido práctico. Desde ese punto de vista, es por lo que la Fiscalía admite las conversaciones para el pacto. Porque es cierto que una vez establecida la pena no tenía ningún sentido. A partir de ahí hay que tener en cuenta que sólo hablamos de delitos de prevaricación, es decir, no hay en ningún caso ninguna cantidad de dinero ni recibida ni ocultada ni eliminada. Sólo y exclusivamente aquellos delitos en los que los concejales se limitaban a levantar la mano diciendo lo que querían votar, a favor o no de la concesión de la licencia, pero sin nada más. Hay que tener en cuenta que esa prevaricación urbanística especial, recogida en el Código Penal en el 320, deriva de la prevaricación ordinaria que no tiene pena de prisión. Sólo de inhabilitación. La prevaricación urbanística sí. Supone una pena de inhabilitación especial, que es la pena que el Código considera como fundamental en estos delitos, y luego planteaba la posibilidad de imponer una pena de multa o de prisión. En este caso, hemos llegado primero a la imposición de la inhabilitación durante 10 años, el máximo previsto por la ley. En segundo lugar, optábamos entre multa y prisión. Se opta por la prisión. Luego no se opta por la pena más leve. Y dentro de la prisión, desde los seis meses a los dos años, se impone la de un año. Es decir, no se ha puesto en ningún caso el mínimo previsto legalmente. Lo que ocurre es que a la hora de aplicar la pena, de ejecutarla, estamos limitados por el triple de la pena máxima. Pero eso es independiente del pacto. Con el pacto, lo que se ha conseguido es establecer una pena en la que además se determinó su ingreso en prisión, recordemos que con una pena inferior a los dos años se puede acordar la suspensión de la misma. Y ya se dijo que el pacto entraba siempre con ingreso en prisión. La actuación de la Fiscalía siempre ha entrado dentro de la legalidad y realizando lo que se ha considerado mejor para la Administración de Justicia, pero evidentemente entendemos que pueda parecer que no es pena suficiente porque pensamos en lo ocurrido en Marbella. Y hay que tener en cuenta que en este caso sólo hablamos de prevaricación. Ahora se habla de nuevas conformidades con otro tipo de delitos, ahí ya no entramos. Solamente con respecto a la prevaricación. No se acreditado en ningún caso que hayan podido realizarse estas prevaricaciones como consecuencia del pago de alguna cantidad. Además, le ejecución de la pena depende de la Administración Penitenciaria.
-Cada vez hay más diligencias de investigación relacionadas con el urbanismo...
-En 2008 se incoaron unas 400, aunque no es el número exacto. Afortunadamente tenemos que decir que la creación de las especialidades tiene como ventaja que la gente tiene un interlocutor único. Ahora mismo, aunque haya tres fiscales en la sección de Medio Ambiente, todas las diligencias las llevo yo como coordinador de la misma. Y en ese sentido sólo hay un fiscal ante el cual denunciar, sin perjuicio de que pueda ser sustituido alguna vez por los compañeros. Cada vez recibimos afortunadamente más denuncias. El fiscal no tiene ahora tiempo de buscar delitos, siempre lo hemos dicho, sino que se los traen. Y en ese sentido hay que fomentar que denuncien, ya sean colectivos políticos, ecologistas, particulares, grupos municipales, la policía, el Seprona y los ayuntamientos, que en mayor o menor medida vienen colaborando, aunque no todo lo que quisiera. Es cierto que cada vez parece que envían más casos al fiscal cuando tienen conocimiento de posibles delitos.
-En la memoria de 2007 se apuntaba a la escasa colaboración de los consistorios. ¿Ha cambiado la tendencia?
-No se puede afirmar que haya cambiado la tendencia. Ayuntamientos que yo destaque ahora mismo por su colaboración con el ministerio fiscal, no digo que pongan todos los hechos de que tienen conocimiento a mi disposición, pero sí con frecuencia, son las gerencias municipales de Málaga y Vélez. Son significativamente los dos ayuntamientos que más diligencias ponen en conocimiento del fiscal. El resto, no es que no colabore, sino que casi siempre es a requerimiento de la Fiscalía. Es decir, cuando pedimos información todos nos la dan. Pero el inicio de las diligencias no parte de los consistorios, porque muchos de ellos parten de una carencia de medios que no voy a discutir. Bien sea porque no tienen medios suficientes o porque todavía no han asumido que eso es así, les cuesta trabajo.
-¿A cuántos municipios de la provincia se investiga?
-No sé cuántos, pero sí puedo asegurar que a la mayoría. Es decir, en la provincia de Málaga se puede decir que en general en casi todos los ayuntamientos hay delitos contra la ordenación del territorio, lo cual no quiere decir que los hayan cometido los responsables de los consistorios, sino que hay algunos que han sido denunciados como posibles prevaricaciones por parte del Consistorio, y otros muchos que son consideradas construcciones ilegales. Éstas sí las hay en la mayoría de los consistorios. Otra cosa es que los responsables hayan cometido delitos, pero ésos son los menos. Hay varios en este caso. Teniendo en cuenta además que en la Fiscalía se siguen diligencias contra corporaciones que ya no están.
-Arrastran ustedes una gran falta de medios...
-Eso lo hay en todas las administraciones. Yo llevo 23 años en la carrera y desde el primer momento eso siempre ha existido. En los últimos años, como hay más asuntos que se judicializan, se nota cada vez más la falta de medios en algunas administraciones en general, pero también en la Fiscalía en particular. La Fiscalía tiene una estructura que está cambiando, pero que no acaba de dar el salto. Siempre es la gran olvidada de la Administración de Justicia. Se van creando órganos judiciales y cada uno tiene su correspondiente plantilla, pero se crea una plaza de fiscal y eso no supone un aumento de plantilla. Ahora mismo hay alguna adscripción territorial que no tienen funcionarios, tienen fiscales, pero no personal. Tenemos que acudir a figuras que no son adecuadas, pedirle a la Junta que nos nombren refuerzos para solventar un problema real. Crece el trabajo de la Fiscalía, pero no las plazas de funcionarios.
-El Seprona, por ejemplo, también está desbordado...
-No podemos pretender que todo esté perfecto. Pero lo que sí es cierto es que cuando se crea una especialidad, pues lógicamente se investigan más esos delitos y aflora más la necesidad. Si ahora incoamos más diligencias de investigación que hace tres años, eso supone un trabajo, genera un trabajo que tiene que ser ayudado por las fuerzas de seguridad y ahí topamos con el mismo problema, se crea un órgano pero no se le dota suficientemente. Tenemos el Seprona, la sección de disciplina urbanística de la Guardia Civil, escasamente dotada pero que también se encuentra en la provincia, y la unidad adscrita de la Policía Nacional a la comunidad autónoma, que posee pocos medios. Y ahí están los agentes de Medio Ambiente que tienen que empezar también cada vez más a colaborar y tengo que decir que en los últimos meses del año pasado he observado un aumento de denuncias interpuestas por estos agentes, cosa que vengo demandando desde hace mucho tiempo y parece que vamos ya en esa dirección.
-También criticaban a la Consejería de Medio Ambiente en la memoria fiscal...
-La consejería de Ordenación del Territorio colabora bastante. Y la de Medio Ambiente no es que no colabore, sino que simplemente no me llegaban denuncias y me llamaba la atención el hecho de que habiendo ciento y pico agentes de Medio Ambiente en el campo y dando vueltas pues no me llegasen suficientes denuncias. Eso parece que va cambiando.
-¿Ha cambiado la mentalidad de los municipios?
-En los últimos tiempos, cuando la sección se dota de más medios y hay un fiscal de Sala, sí parece que los municipios van entendiendo cada vez más rápidamente que hay una responsabilidad y que estamos para exigirla. En ese sentido, la Fiscalía está haciendo un trabajo importante, nunca es suficiente, necesitamos más. Algo se está consiguiendo cuando hay consistorios que están por colaborar.
-¿El interior está tomando el relevo a la Costa del Sol en estos delitos?
-El interior gana terreno. Son otro tipo de casos. En la costa eran las grandes urbanizaciones y en el interior son las pequeñas casitas, que no es que no hagan daño. Muchas veces se piensa que eso no hace daño, el problema es que todos queremos hacernos una pequeña casita y cuando salimos al campo no es lo mismo. Son bastantes más del interior que de la Costa.

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