El sector exige que la Administración pague sus deudas y propone un fondo para invertir en infraestructuras
La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) ha reclamado al Gobierno la creación de un fondo extraordinario de 10.000 millones de euros para inversión en infraestructuras, así como la puesta en marcha de mecanismos que garanticen los pagos por parte de las administraciones públicas.
Los promotores acusan al Gobierno de "inactividad absoluta" para dar salida al stock de pisos sin vender
La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) ha reclamado al Gobierno la creación de un fondo extraordinario de 10.000 millones de euros para inversión en infraestructuras, así como la puesta en marcha de mecanismos que garanticen los pagos por parte de las administraciones públicas.
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Estas son las principales propuestas acordadas en el pleno de presidentes de las 23 empresas integradas en ANCI, que en 2008 facturaron más de 10.000 millones de euros y que cuentan con una plantilla superior a 30.000 empleados, ha informado hoy la asociación.
En lo que respecta al fondo para infraestructuras, los constructores solicitan que las obras se hagan prioritariamente en aquellas zonas más afectadas por el desempleo y eligiendo proyectos que favorezcan la competiividad a largo plazo, como los relacionadas con la red de carreteras y la ferroviaria.
Por otra parte, ANCI manifiesta su preocupación por la creciente morosidad de las administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos, así como por la desconfianza de muchas entidades financieras, que ya no confirman los pagarés entregados a subcontratistas y proveedores por el temor a que la administración no pague en un plazo razonable.
La asociación solicita, entre otras cosas, la firma de convenios con bancos y cajas para que éstas adelanten a los subcontratistas el pago de las obras o que se permita que los pagarés emitidos por una entidad pública puedan ser canjeados por el pago de impuestos u otras deudas con la administración.
En lo que respecta al fondo para infraestructuras, los constructores solicitan que las obras se hagan prioritariamente en aquellas zonas más afectadas por el desempleo y eligiendo proyectos que favorezcan la competiividad a largo plazo, como los relacionadas con la red de carreteras y la ferroviaria.
Por otra parte, ANCI manifiesta su preocupación por la creciente morosidad de las administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos, así como por la desconfianza de muchas entidades financieras, que ya no confirman los pagarés entregados a subcontratistas y proveedores por el temor a que la administración no pague en un plazo razonable.
La asociación solicita, entre otras cosas, la firma de convenios con bancos y cajas para que éstas adelanten a los subcontratistas el pago de las obras o que se permita que los pagarés emitidos por una entidad pública puedan ser canjeados por el pago de impuestos u otras deudas con la administración.
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