Uno de cada tres nuevos contratos se someten al arbitraje para evitar demoras en caso de juicio Este sistema permite reducir el plazo para ejecutar un desahucio de un año a sólo un mes
El mercado de alquiler vive un momento dulce. Tradicionalmente ha sido una forma de vida casi residual en Málaga, donde el Instituto Nacional de Estadística (Ine) estima que menos del 10% de los hogares no son propiedad de sus moradores (unos 37.000 en toda la provincia). Pero las circunstancias imponen un cambio de tendencia.
La caída generalizada de las ventas ha obligado a particulares, inmobiliarias y empresas promotoras a optar por este mercado para dar salida al stock de pisos vacíos, mediante opciones como el arrendamiento de larga duración, vacacional o la creciente fórmula del alquiler con opción a compra. El Ine estima que la oferta ha repuntado un 30% en los dos últimos años.
Pero no a cualquier precio. Los propietarios exigen más garantías para evitar impagos y posibles destrozos, problemas que son caros y, sobre todo, lentos si se resuelven a través de la justicia ordinaria.
Al tiempo, los inquilinos se encuentran con una oferta creciente de pisos, lo que les permite jugar con mayor ventaja a la hora de negociar exigencias que antes eran casi irrenunciables, como la presentación de un aval por el valor de los tres primeros meses de cuota.
En este contexto entra en juego la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, que está viviendo un importante aumento de adhesiones desde su puesta en marcha, al amparo del plan de fomento de alquiler del Gobierno.
Resolución extrajudicial
Esta institución, que está avalada por el Ministerio de Interior, ofrece una fórmula de resolución extrajudicial de los conflictos entre propietarios e inquilinos. Se trata de un documento que se adjunta al contrato y que permite obtener un laudo (sentencia arbitral) en el plazo máximo de 30 días. Por la vía ordinaria se tarda entre seis meses y un año para llegar al mismo sitio.
El coste también varía. El impreso de adhesión tiene un precio único de 58 euros y da derecho a acudir a la Corte en caso de discrepancia, mientras que un juicio supondría un desembolso de unos dos mil euros (para el pago de abogados y procuradores), explicaron fuentes de la entidad. «Con esta mejora se elimina definitivamente la percepción de inseguridad jurídica en el mercado de alquiler, que se debía a la sensación de lentitud de la justicia».
Desde 2004, se han firmado en Málaga 14.596 alquileres garantizados, lo que representa el 30% del total, según los datos aportados a SUR por este servicio. Sin embargo, el mayor incremento se produjo el pasado año, con 5.616 arrendamientos blindados, un 22% más que en 2007. La conflictividad de la provincia es baja, y el pasado año sólo se produjeron 308 sentencias arbitrales. Sin embargo, esta cifra supone un incremento de un 10,79% respecto al año precedente.
Baja conflictividad
La falta de pago es la principal causa, por encima del 96% de los casos. Le siguen los daños en el inmueble, las cesiones o subarriendo inconsentidos, el impago de facturas (de la luz, el agua o el gas) y las obras no consentidas.
En Málaga existen 209 inmobiliarias habilitadas para contratar la garantía de alquiler, que se suscribe no sólo en los casos de larga estancia, sino también por periodos vacacionales.
Junto a esta, se están extendiendo otras fórmulas para blindar los alquileres y evitar así la sensación de inseguridad jurídica. Se trata de los seguros de crédito y caución, que garantizan el pago de las cuotas en caso de morosidad del inquilino hasta que se produce el desahucio. Otra opción es tramitarlo a través del plan de fomento de la Junta, que contempla ayudas para los jóvenes. En este caso, la necesidad de presentar los recibos pagados para obtener la subvención actúa como garantía.
El mercado de alquiler vive un momento dulce. Tradicionalmente ha sido una forma de vida casi residual en Málaga, donde el Instituto Nacional de Estadística (Ine) estima que menos del 10% de los hogares no son propiedad de sus moradores (unos 37.000 en toda la provincia). Pero las circunstancias imponen un cambio de tendencia.
La caída generalizada de las ventas ha obligado a particulares, inmobiliarias y empresas promotoras a optar por este mercado para dar salida al stock de pisos vacíos, mediante opciones como el arrendamiento de larga duración, vacacional o la creciente fórmula del alquiler con opción a compra. El Ine estima que la oferta ha repuntado un 30% en los dos últimos años.
Pero no a cualquier precio. Los propietarios exigen más garantías para evitar impagos y posibles destrozos, problemas que son caros y, sobre todo, lentos si se resuelven a través de la justicia ordinaria.
Al tiempo, los inquilinos se encuentran con una oferta creciente de pisos, lo que les permite jugar con mayor ventaja a la hora de negociar exigencias que antes eran casi irrenunciables, como la presentación de un aval por el valor de los tres primeros meses de cuota.
En este contexto entra en juego la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, que está viviendo un importante aumento de adhesiones desde su puesta en marcha, al amparo del plan de fomento de alquiler del Gobierno.
Resolución extrajudicial
Esta institución, que está avalada por el Ministerio de Interior, ofrece una fórmula de resolución extrajudicial de los conflictos entre propietarios e inquilinos. Se trata de un documento que se adjunta al contrato y que permite obtener un laudo (sentencia arbitral) en el plazo máximo de 30 días. Por la vía ordinaria se tarda entre seis meses y un año para llegar al mismo sitio.
El coste también varía. El impreso de adhesión tiene un precio único de 58 euros y da derecho a acudir a la Corte en caso de discrepancia, mientras que un juicio supondría un desembolso de unos dos mil euros (para el pago de abogados y procuradores), explicaron fuentes de la entidad. «Con esta mejora se elimina definitivamente la percepción de inseguridad jurídica en el mercado de alquiler, que se debía a la sensación de lentitud de la justicia».
Desde 2004, se han firmado en Málaga 14.596 alquileres garantizados, lo que representa el 30% del total, según los datos aportados a SUR por este servicio. Sin embargo, el mayor incremento se produjo el pasado año, con 5.616 arrendamientos blindados, un 22% más que en 2007. La conflictividad de la provincia es baja, y el pasado año sólo se produjeron 308 sentencias arbitrales. Sin embargo, esta cifra supone un incremento de un 10,79% respecto al año precedente.
Baja conflictividad
La falta de pago es la principal causa, por encima del 96% de los casos. Le siguen los daños en el inmueble, las cesiones o subarriendo inconsentidos, el impago de facturas (de la luz, el agua o el gas) y las obras no consentidas.
En Málaga existen 209 inmobiliarias habilitadas para contratar la garantía de alquiler, que se suscribe no sólo en los casos de larga estancia, sino también por periodos vacacionales.
Junto a esta, se están extendiendo otras fórmulas para blindar los alquileres y evitar así la sensación de inseguridad jurídica. Se trata de los seguros de crédito y caución, que garantizan el pago de las cuotas en caso de morosidad del inquilino hasta que se produce el desahucio. Otra opción es tramitarlo a través del plan de fomento de la Junta, que contempla ayudas para los jóvenes. En este caso, la necesidad de presentar los recibos pagados para obtener la subvención actúa como garantía.
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