El 35% de las ejecuciones hipotecarias se registraron en el último trimestre de 2008 · Los bancos tratan de salvar 'in extremis' su contabilidad negociando con los acreedores
Los juzgados de Málaga embargaron el año pasado 2.983 viviendas por no pagar la hipoteca, un 161% más que el ejercicio anterior, cuando se registraron 1.140. Con este volumen de ejecuciones hipotecarias, Málaga se coloca en el cuarto puesto nacional, detrás de Barcelona, Madrid, Alicante y Valencia, clasificación reveladora de la magnitud de la crisis económica.
El ritmo de embargos creció de forma exponencial trimestre a trimestre en 2008, de acuerdo con las estadísticas que se reflejan en un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis en la Administración de Justicia. Así, el año arrancó con 571 procedimientos de ejecución hipotecaria presentados en el primer trimestre. Tres meses después, en junio de 2008, la cifra alcanzaba ya los 655 embargos y a finales de septiembre el número se había elevado a 702. No obstante, fue en el tercer trimestre del año cuando la cifra se disparó con 1.055 ejecuciones hipotecarias, una cifra que ya se acercaba al conjunto de embargos registrados en 2007.
Pese a estas cifras, los números no recogen aún toda la realidad de la crisis porque hay entidades financieras que se resisten a demandar judicialmente a sus acreedores por las consecuencias que esta medida puede tener en su propia cuenta de resultados. Las fuentes judiciales consultadas indican que algunas entidades prefieren renegociar las condiciones de los préstamos y conceder periodos de carencia incluso cuando no se dan las circunstancias previstas por el Gobierno para que los parados con préstamos inferiores a 170.000 euros aplacen durante dos años el 50% de la cuota que deben pagar.
Este es el caso de una pareja colombiana afincada en Coín con dos hijos pequeños, que hace tres años compraron una vivienda por 170.000 euros. Hace un año el padre de familia perdió su puesto de trabajo en la construcción y ante la falta de otros ingresos dejaron de pagar las cuotas hipotecarias que se aproximaban a los 600 euros mensuales. Su asesora jurídica recuerda que tras dejar de ingresar seis mensualidades el banco puso las cartas boca arriba: "Les anunció que les embargaría la casa, pero que al no ser suficiente para cubrir la deuda les reclamaría judicialmente otros 60.000 euros".
Tras varios tira y afloja hace poco más de un mes la familia cerró un acuerdo con la entidad que les ha concedido una moratoria de dos años, durante los cuales la cuota hipotecaria se reduce de 600 a 300 euros, a pesar de no cumplir los requisitos determinados por el Gobierno para acogerse al plan para desempleados .
La particularidad de las ejecuciones hipotecarias, frente a las ordinarias, reside en que el valor de partida del inmueble en la subasta es el que figura en la tasación que en su momento hizo el banco para conceder el préstamo. "Con el mercado inmobiliario en las circunstancias en las que se encuentra aquellas tasaciones están hoy días sobrevaloradas y difícilmente se alcanzarán en las pujas las cantidades que se adeudan", indica otro experto.
Esto significa que la entidad financiera debe aprovisionar en su contabilidad la diferencia entre el dinero obtenido por la vivienda subastada y el importe global del préstamo hipotecario que concedió. "Los bancos, por tanto, prefieren renegociar con sus acreedores y buscar otras soluciones de forma que, por lo menos sobre el papel, puedan cerrar su contabilidad sin que el Banco de España les haga ninguna observación, por eso muchas entidades prefieren renegociar aún en condiciones muy adversas".
Este hecho no impide que los bancos persigan de por vida a sus acreedores, ya que otra de las características de las ejecuciones hipotecarias es que no prescriben. Una de las fuentes consultadas admite que se encarga actualmente de la defensa de varios clientes que sufrieron embargos en 1993 y que tras recuperarse "durante estos años de vacas gordas" los bancos han vuelto a reclamarle las cantidades adeudadas que no se cubrieron con la subasta de sus casas.
Los juzgados de Málaga embargaron el año pasado 2.983 viviendas por no pagar la hipoteca, un 161% más que el ejercicio anterior, cuando se registraron 1.140. Con este volumen de ejecuciones hipotecarias, Málaga se coloca en el cuarto puesto nacional, detrás de Barcelona, Madrid, Alicante y Valencia, clasificación reveladora de la magnitud de la crisis económica.
El ritmo de embargos creció de forma exponencial trimestre a trimestre en 2008, de acuerdo con las estadísticas que se reflejan en un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis en la Administración de Justicia. Así, el año arrancó con 571 procedimientos de ejecución hipotecaria presentados en el primer trimestre. Tres meses después, en junio de 2008, la cifra alcanzaba ya los 655 embargos y a finales de septiembre el número se había elevado a 702. No obstante, fue en el tercer trimestre del año cuando la cifra se disparó con 1.055 ejecuciones hipotecarias, una cifra que ya se acercaba al conjunto de embargos registrados en 2007.
Pese a estas cifras, los números no recogen aún toda la realidad de la crisis porque hay entidades financieras que se resisten a demandar judicialmente a sus acreedores por las consecuencias que esta medida puede tener en su propia cuenta de resultados. Las fuentes judiciales consultadas indican que algunas entidades prefieren renegociar las condiciones de los préstamos y conceder periodos de carencia incluso cuando no se dan las circunstancias previstas por el Gobierno para que los parados con préstamos inferiores a 170.000 euros aplacen durante dos años el 50% de la cuota que deben pagar.
Este es el caso de una pareja colombiana afincada en Coín con dos hijos pequeños, que hace tres años compraron una vivienda por 170.000 euros. Hace un año el padre de familia perdió su puesto de trabajo en la construcción y ante la falta de otros ingresos dejaron de pagar las cuotas hipotecarias que se aproximaban a los 600 euros mensuales. Su asesora jurídica recuerda que tras dejar de ingresar seis mensualidades el banco puso las cartas boca arriba: "Les anunció que les embargaría la casa, pero que al no ser suficiente para cubrir la deuda les reclamaría judicialmente otros 60.000 euros".
Tras varios tira y afloja hace poco más de un mes la familia cerró un acuerdo con la entidad que les ha concedido una moratoria de dos años, durante los cuales la cuota hipotecaria se reduce de 600 a 300 euros, a pesar de no cumplir los requisitos determinados por el Gobierno para acogerse al plan para desempleados .
La particularidad de las ejecuciones hipotecarias, frente a las ordinarias, reside en que el valor de partida del inmueble en la subasta es el que figura en la tasación que en su momento hizo el banco para conceder el préstamo. "Con el mercado inmobiliario en las circunstancias en las que se encuentra aquellas tasaciones están hoy días sobrevaloradas y difícilmente se alcanzarán en las pujas las cantidades que se adeudan", indica otro experto.
Esto significa que la entidad financiera debe aprovisionar en su contabilidad la diferencia entre el dinero obtenido por la vivienda subastada y el importe global del préstamo hipotecario que concedió. "Los bancos, por tanto, prefieren renegociar con sus acreedores y buscar otras soluciones de forma que, por lo menos sobre el papel, puedan cerrar su contabilidad sin que el Banco de España les haga ninguna observación, por eso muchas entidades prefieren renegociar aún en condiciones muy adversas".
Este hecho no impide que los bancos persigan de por vida a sus acreedores, ya que otra de las características de las ejecuciones hipotecarias es que no prescriben. Una de las fuentes consultadas admite que se encarga actualmente de la defensa de varios clientes que sufrieron embargos en 1993 y que tras recuperarse "durante estos años de vacas gordas" los bancos han vuelto a reclamarle las cantidades adeudadas que no se cubrieron con la subasta de sus casas.
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