Ayuntamiento da de plazo hasta final de mayo a Prosavi para que inicie el derribo de seis adosadas en de San Pedro
Con la primera demolición de una construcción ilegal, la de un edificio de 34 viviendas en Las Chapas, finiquitada, las miradas están puestas ahora en la segunda: una promoción de seis viviendas adosadas construidas sin licencia en una zona verde de San Pedro Alcántara. Pese a que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, firmó las dos órdenes de derribo al mismo tiempo, la de la promotora Prosavi en Linda Vista Alta se resiste más de la cuenta.
Según explicaron a este periódico fuentes del equipo de gobierno, el promotor ha presentado varios escritos en los que muestra su disconformidad con la medida e intenta arañar alguna vivienda a la orden. El trasfondo sería, con todo, la intención de dilatar la llegada de la piqueta por el sobrecoste que supondrá echar abajo los chalés en un momento económico tan difícil.
Un ultimátum
Ante esta inesperada resistencia, máxime cuando se había llegado a un acuerdo con los promotores para borrar del mapa las construcciones, el Ayuntamiento ha optado por darle un ultimátum con fecha en el calendario: o inicia el derribo antes de final de mayo o Urbanismo actuará de oficio. Esto es, contratará a otra empresa los trabajos para hacer añicos las casas y luego le pasará la factura a la promotora.
Tanto las adosadas de la promotora Prosavi en San Pedro Alcántara como el edificio de 34 viviendas en Las Chapas, que ayer ya pasó definitivamente a la historia tras 20 días de trabajos, siguen el mismo patrón y por eso fueron escogidos por la alcaldesa como las primeras demoliciones y, por ahora, las únicas.
Si la Junta puso como condición para autorizar la ejecución anticipada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se derribaran las estructuras no ocupadas que no tendrán cabida en el nuevo Plan, el equipo de gobierno añadió otro criterio de su propia cosecha: que además no tuvieran licencia, ni tan siquiera una anulada por los tribunales. La intención era evitar futuras reclamaciones patrimoniales. Y con este currículum únicamente hay estas dos en el término municipal, ambas levantadas sobre zona verde. El Gobierno andaluz, sin embargo, insiste en que ya le remitió una lista con ocho edificaciones que tendrían que derribarse y de las que aún no hay noticias.
Con la primera demolición de una construcción ilegal, la de un edificio de 34 viviendas en Las Chapas, finiquitada, las miradas están puestas ahora en la segunda: una promoción de seis viviendas adosadas construidas sin licencia en una zona verde de San Pedro Alcántara. Pese a que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, firmó las dos órdenes de derribo al mismo tiempo, la de la promotora Prosavi en Linda Vista Alta se resiste más de la cuenta.
Según explicaron a este periódico fuentes del equipo de gobierno, el promotor ha presentado varios escritos en los que muestra su disconformidad con la medida e intenta arañar alguna vivienda a la orden. El trasfondo sería, con todo, la intención de dilatar la llegada de la piqueta por el sobrecoste que supondrá echar abajo los chalés en un momento económico tan difícil.
Un ultimátum
Ante esta inesperada resistencia, máxime cuando se había llegado a un acuerdo con los promotores para borrar del mapa las construcciones, el Ayuntamiento ha optado por darle un ultimátum con fecha en el calendario: o inicia el derribo antes de final de mayo o Urbanismo actuará de oficio. Esto es, contratará a otra empresa los trabajos para hacer añicos las casas y luego le pasará la factura a la promotora.
Tanto las adosadas de la promotora Prosavi en San Pedro Alcántara como el edificio de 34 viviendas en Las Chapas, que ayer ya pasó definitivamente a la historia tras 20 días de trabajos, siguen el mismo patrón y por eso fueron escogidos por la alcaldesa como las primeras demoliciones y, por ahora, las únicas.
Si la Junta puso como condición para autorizar la ejecución anticipada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se derribaran las estructuras no ocupadas que no tendrán cabida en el nuevo Plan, el equipo de gobierno añadió otro criterio de su propia cosecha: que además no tuvieran licencia, ni tan siquiera una anulada por los tribunales. La intención era evitar futuras reclamaciones patrimoniales. Y con este currículum únicamente hay estas dos en el término municipal, ambas levantadas sobre zona verde. El Gobierno andaluz, sin embargo, insiste en que ya le remitió una lista con ocho edificaciones que tendrían que derribarse y de las que aún no hay noticias.
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