El organismo espera ingresar por la venta de los casi 19.000 metros cuadrados existentes en el nuevo barrio unos 20 millones de euros · Las 1.600 VPO ejecutadas en esta zona darán cabida a unas 4.500 personas. El consejo rector del IMV aprobará una modificación de la ordenanza municipal
El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga prevé poder ingresar algo más de 20 millones de euros con la subasta de los casi 19.000 metros cuadrados de locales comerciales existentes en la nueva barriada de Soliva, en la que se levantan 1.600 viviendas de protección oficial (VPO) y a la que empezarán a llegar los primeros vecinos a partir del otoño próximo, aunque no será hasta finales de 2010 cuando se tenga constancia del movimiento de los alrededor de 4.500 habitantes que habrá en esta zona residencial.
La superficie comercial distribuida a lo largo de las 15 promociones de pisos sociales que se levantan en este espacio permiten la delimitación de un total de 158 locales, con dimensiones que oscilan entre los 20 metros cuadrados de mínima y los 400 metros de máxima, según informó ayer el concejal de Vivienda, Diego Maldonado, quien anunció que el próximo miércoles será aprobado en el consejo rector de este ente el pliego de condiciones técnicas y económicas que rige la enajenación de estos establecimientos.
Maldonado destacó que a pesar de la crisis económica que en estos momentos afecta a la práctica totalidad de los ciudadanos, la posibilidad de disponer de un local en esta zona de expansión de la urbe puede ser una oportunidad. Los precios inicialmente fijados para la adquisición de los comercios van desde los 15.000 euros el más barato hasta los 500.000 euros, según superficies y localizaciones dentro de la barriada. El valor medio asciende a 130.000 euros, siendo el precio por metro cuadrado entre 600 y 1.300 euros.
"No se trata sólo de promover viviendas, sino también de facilitarles a los vecinos que van a vivir en la zona los comercios y otros servicios", apostilló Maldonado, quien recordó que ya se han mantenido contactos con las delegaciones de Educación y Salud de la Junta de Andalucía, así como con la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), para que vayan previendo las actuaciones necesarias para dar respuesta a las necesidades de los vecinos. En ese sentido, aludió a una próxima reunión con diversas áreas municipales para "coordinar" todo lo relativo a limpieza, seguridad, transporte, suministro de agua...
El gerente del IMV, José María López Cerezo, precisó que el valor económico usado para fijar los precios iniciales de los locales ha sido calculado por el servicio de valoraciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al tiempo que destacó que está en consonancia con la zona en la que se localizan.
En relación a la crisis, Maldonado sí mostró la preocupación de su departamento a que "no haya tanta facilidad por parte de los interesados como podía haber dos años atrás", aunque insistió en que disponer de un local de este tipo en una zona de nuevo desarrollo residencial "puede ser muy interesante". Hay que recordar que la última subasta impulsada por el IMV, relativa a parcelas en Fuente Alegre, en Puerto de la Torre, quedó desierta ante la inexistencia de propuestas de compra.
Otro de los asuntos que se aprobará en el consejo rector del IMV, a celebrar el miércoles próximo, es la modificación de uno de los puntos de la nueva ordenanza de rehabilitación, aprobada de manera definitiva hace apenas unas semanas. El cambio beneficia especialmente a los solicitantes de ayuda que se encuentran en peores condiciones económicas, puesto que el Ayuntamiento podría, incluso, asumir el coste total de los trabajos de mejora en los inmuebles.
El concejal de Vivienda, Diego Maldonado, señaló que si bien esta medida es aplicable a las cinco líneas de intervención de la Oficina de Rehabilitación del Centro, la misma va muy encaminada a dar respuesta a las comunidades de propietarios en barriadas, algunas de las cuales (caso de Cruz de Humilladero o Ciudad Jardín) han expresado en los últimos meses su imposibilidad de asumir buena parte del montante de la intervención. La norma municipal fijaba hasta el momento en la línea de las barriadas una colaboración máxima de hasta el 40%. No obstante, la petición debe estar perfectamente justificada. En este sentido, el nuevo precepto señala que con carácter excepcional, cuando se acrediten razones "de interés público, social, económico o humanitario" en la actuación objeto de solicitud, este porcentaje podrá alcanzar el 100% del presupuesto protegible. Asimismo, el documento precisa que en ningún caso el importe de la ayuda podrá ser de tal cuantía que, "aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos", supere el coste de la actuación. Por ello, los peticionarios deberán hacer constar en la solicitud si han demandado otras subvenciones para el mismo proyecto.
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