La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se acusan mutuamente del estancamiento del proyecto, que preveía unos 100 millones de inversión · El Consistorio se muestra a favor de liberar a algunos de los propietarios afectados por las expropiaciones
El plan de rehabilitación de los arrabales del centro histórico de Málaga ha acabado por convertirse en un motivo de disputa más en la ya amplia retahíla de confrontaciones entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, administraciones que se acusan mutuamente del estancamiento que este proyecto sufre desde hace casi cuatro años.
En los últimos días, las acusaciones entre ambas instituciones se repiten de manera continuada. De un lado, desde el Gobierno regional se responsabiliza al equipo de gobierno del PP de la parsimonia con la que se han llevado a cabo las expropiaciones de los suelos necesarios para ejecutar las actuaciones inmobiliarias, mientras que desde la Gerencia de Urbanismo se hacía hincapié en la demora de la Junta por abonar las cantidades económicas con las que sufragar la enajenación de las citadas fincas, que ronda los 13 millones.
Sea como fuere, la realidad es que a día de hoy, 46 meses después de que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y la entonces consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, suscribiesen el acuerdo de colaboración, esta actuación sigue paralizada y sin visos de abandonar de inmediato el punto muerto en el que se encuentra.
Un extremo más de la disparidad de criterios que mantienen en este asunto las dos instituciones es el relativo a la existencia promotores propietarios de algunas de las parcelas afectadas por el plan autonómico y objeto de expropiación. El equipo de gobierno del PP aboga por "liberar" de las enajenaciones a todos aquellos que estén interesados en desarrollar de forma individual actuaciones residenciales en este espacio, al objeto de incentivar proyectos que acumulan varios años de letargo.
Para ello, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, explicó a este periódico que se está intentado contactar con los propietarios de terrenos o inmuebles inscritos en el listado de expropiaciones de la Junta que han mostrado su disconformidad con la intervención, que son unos 22, para conocer su postura y si están o no interesados en que se les excluya de las citadas enajenaciones. Todos ellos, además, son titulares que han optado por recurrir bien por la vía administrativa o judicial las actuaciones del Gobierno autonómico.
"Queremos elevar la petición de muchos promotores afectados que quieren llevar a cabo las acciones que tenían programadas, que quieren rehabilitar y revitalizar el centro. Es un dinero, además, que se podría ahorrar la Junta", expuso Díaz Guirado, quien denunció que desde el Gobierno autonómico siguen haciendo oídos sordos a su petición de una reunión para tratar este asunto. Según el edil del PP, al menos una decena de estos propietarios estarían en disposición de poner en marcha sus intervenciones. La situación de enfrentamiento es tal que el concejal llega incluso a advertir que si desde la Junta eluden un encuentro, el Ayuntamiento decidirá "sacar del listado de expropiaciones" a estos interesados.
La posición de la Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio contrasta con el mensaje municipal. La responsable de este departamento en la provincia de Málaga, Josefa López, recordó que desde el mismo origen del convenio el Ayuntamiento demandó en varias reuniones de seguimiento que fuesen excluidas de las expropiaciones un número importante de edificaciones y solares, hasta el punto que de las 150 inicialmente previstos se ha pasado, en este momento, a casi la mitad. "Si seguimos sacando suelo de este ámbito la actuación se va a quedar muy minimizada, quedaría desnaturalizada y eso no tiene sentido", comentó, al tiempo que tachó de "desleal" la postura municipal.
López, además, subrayó que no ha sido hasta mediados del pasado mes de abril cuando la Gerencia de Urbanismo comunicó a su departamento los titulares afectados por las expropiaciones, medida imprescindible para el pago de las cantidades económicas previstas. "Hay que tener en cuenta que nosotros abonamos mediante cheques nominativos", señaló la delegada provincial. "Necesitamos la colaboración del Ayuntamiento", manifestó la delegación del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, quien destacó que "sin la colaboración" de las dos partes "difícilmente pueda salir adelante".
El programa de actuación en este entorno, de unas 40 hectáreas de superficie, diseñado por el arquitecto Salvador Moreno Peralta, buscaba extender la filosofía del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) al casco urbano. Para ello, se pretende la ejecución de 300 viviendas sociales destinadas a universitarios y profesionales, en las que poder conjugar un espacio de residencia y trabajo. A ello sumaba la instalación de la Facultad de Bellas Artes en el Instituto Gaona, ya descartada por la Universidad de Málaga, y la creación de equipamientos como la Escuela de Español para Extranjeros y de un centro de apoyo al diseño, iniciativas estas últimas sin concreción alguna.
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