miércoles, 13 de mayo de 2009

La adaptación del PGOU a la LOUA permite desbloquear varios acuerdos urbanísticos. Mijas (SUR)

Para la aprobación definitiva se continuará el proceso de revisión del Plan, que se aprobó inicialmente en 2005

El proceso de adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, que data del 99, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada en 2002 ha concluido en la localidad. Gracias a esta revisión de los documentos, y en palabras del edil de Urbanismo Juan Cruz «se marca unas líneas de trabajo a seguir para lograr un crecimiento ordenado acorde con las directrices marcadas por la Junta de Andalucía». De esta manera, se libera el desarrollo urbanístico de varios sectores del municipios, bloqueados hasta ahora por la nueva ordenación.
Actualmente, el documento está pendiente de publicación en el BOP para que se someta a exposición pública. Tras el correspondiente plazo de alegaciones, si las hubiese, se remitirá a la administración autonómica para su aprobación definitiva. Para el alcalde, Antonio Sánchez, «esta adaptación no sólo prevé los equipamientos e infraestructuras que necesita el municipio, sino que también establecen criterios para garantizar un desarrollo sostenible de Mijas y la calidad de vida de sus ciudadanos, hecho que se podrá comprobar en la creación de empleo en el sector de la construcción, el más castigado en estos momentos de crisis».
Entre las novedades que aporta la revisión, destaca el hecho de que todo suelo urbanizable que haya cumplido con las cesiones correspondientes, pasará a considerarse suelo urbano consolidado. Por otra parte y mientras no se realice la revisión, no se podrán clasificar nuevos suelo urbano y urbanizables. Aún así, el documento arroja importantes datos como que, del techo máximo que se puede construir en la localidad, fijado en algo más de 142.000 viviendas, más del 70% ya están construidas. Además, serán más de 6.500 casas protegidas las que se puedan ubicar en el término. En cuanto a la densidad de construcción, se fijan para la zona de Las Lagunas, 18 viviendas por hectárea y 15 por hectárea aplicable en el resto del municipio.
Menos edificabilidad
Sobre el porcentaje de promociones a edificar, el Ayuntamiento está propiciando bajadas de densidad de construcción a través de los distintos convenios que se firman, una intención que, según explicó Cruz «persigue que no se llegará a la cifra total de edificación que se marcha en el Plan General para así evitar la masificación que décadas atrás se proyectó en toda la Costa del Sol». El concejal de Urbanismo resaltó que esta política ya se venía aplicando desde hace algún tiempo, «ya que en los últimos 20 convenios firmados se ha tenido en cuenta esta disminución en el porcentaje de edificabilidad».
Una vez aprobado este proceso de adaptación, la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento retomará la revisión del Plan General, un proceso que se paralizó ante la entrada en vigor de planes territoriales como el POT y el POTA, que afectaban directamente a la revisión, aprobada inicialmente en 2005. En cuanto a la concesión de terrenos para la construcción del CHARE y la desaladora en Las Lagunas, Sánchez argumentó que «no hay dificultades para el desarrollo que propiciará la obtención de terrenos, ya que el sector sale de ese bloqueo, y es que, todos los planes parciales se han incluido en el documento».
La revisión, que se retoma de inmediato es, en palabras del propio mandatario, «una herramienta a utilizar para buscar soluciones urbanísticas al problema de las viviendas levantadas en suelo calificado como no urbanizable, ya que el único método para su regularización pasa por un nuevo Plan General».

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