Asegura que el edificio está abocado al derribo independientemente de que el Plan lo regularice
La Ley de Costas supone un freno a la regularización. /JOSELE-LANZA
El edificio Banana Beach está avocado a desaparecer. Así de tajante se muestra el responsable del equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, Manuel González Fustegueras, en el documento corregido entregado al Ayuntamiento para su aprobación provisional, donde esta edificación y otras dos promociones habitadas quedan fuera del proceso de legalización mediante compensaciones. El arquitecto jerezano argumenta, entre otras razones, que la parcela sobre la que se levanta el edificio, en el frente del litoral marbellí, es irremplazable e insustituible por otra dotación de espacios libres.
En el informe de respuesta a las alegaciones presentadas al texto urbanístico, al que ha tenido acceso este periódico, González Fuestegueras destaca que el suelo que ocupa el inmueble aparece en el PGOU de 1986, aún en vigor, como Sistema General de Espacios Libres, designación otorgada a aquellas parcelas cuyo uso está calificado como espacios libres o equipamientos públicos localizadas en el borde del litoral. Las edificaciones «implantadas en estas posiciones no son regularizables y resultan totalmente incompatibles» con el nuevo plan, establece el arquitecto.
La Ley de Costas constituye otro de los frenos a la legalización del Banana Beach. Según el redactor del nuevo PGOU, el «impacto paisajístico» que exhibe sobre el frente litoral la promoción inmobiliaria la hace incompatible con las prescripciones de la citada normativa en cuanto a la creación de pantallas edificables. En este sentido, González Fustegueras subraya que el Banana Beach presenta más de 25.400 metros cuadrados de edificación con siete plantas de altura a menos de 21 metros cuadrados de la línea límite de la ribera del mar.
Elemento definitivo
Las sentencias judiciales que declaran nula la licencia urbanística para la construcción del inmueble, concedida durante época en la que el GIL estaba al frente del Ayuntamiento de Marbella, constituyen para el arquitecto el elemento definitivo para aseverar que se trata de una edificación que está «abocada a su desaparición». El responsable del equipo redacto del nuevo plan defiende que no es éste el que ordena la demolición del Banana Beach, sino que el documento se limita a establecer su incompatibilidad con el modelo territorial planteado.
En este sentido, González Fustegueras afirma que en el caso de no aprobarse el PGOU, en el que se mantiene la calificación de Sistema General de Espacios Libres para la parcela que ocupa la edificación, el inmueble «correría su suerte» y previsiblemente sería derribado en virtud de las sentencias judiciales. Pero va más allá. El arquitecto asegura que el hecho de incluir el inmueble en el proceso de normalización de viviendas ilegales que establece el nuevo plan no implica necesariamente que no sea demolido, dado que, a su juicio, los tribunales podrían ejecutar la sentencia con independencia de las previsiones que recoja el documento urbanístico.
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