La Fiscalía vuelve a denunciar en su memoria anual la escasa labor persecutoria de las corporaciones locales · Las denuncias de la Consejería de Ordenación del Territorio pasan de 89 en el año 2006 a 14 en 2008
La inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Málaga siguen sin perseguir y actuar contra las infracciones urbanísticas que se comenten en sus términos municipales. Esta aseveración vuelve a ser puesta sobre la mesa por la Fiscalía de Málaga y subrayada en la memoria de 2008 elaborada por este departamento. En el documento, el fiscal delegado de la sección de Delitos contra el Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico, Juan B. Calvo-Rubio Burgos, denuncia por enésima vez la falta de "colaboración" y de labor persecutoria de buena parte de las corporaciones locales en esta materia.
Pero las apreciaciones del fiscal no apuntan únicamente a los consistorios, de los que únicamente salva a Málaga y Vélez-Málaga, sino que también aluden a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Sobre este departamento, subraya negativamente la espectacular caída en el número de denuncias que formuló el pasado ejercicio, ya que pasa de 89 en 2006 a sólo 14 en 2008. La cifra, a juicio de Fiscalía, es escasa "en relación con el volumen de infracciones" que se cometen en la provincia.
En cuanto a los ayuntamientos, el Ministerio Público destaca que el pasado ejercicio se observa "una menor iniciativa en la persecución de las infracciones delictivas" que tienen lugar en sus localidades. "Motu propio, pocos han iniciado actuaciones que hayan sido puestas en conocimiento de la Fiscalía", añade, aunque admite que en la mayoría de los casos los ayuntamientos han contribuido cuando se les ha demandado cooperación.
El fiscal constata, sin embargo, la existencia de algunas excepciones entre las corporaciones municipales, caso de Málaga y Vélez-Málaga. En el primero de los casos, se destaca que la Gerencia de Urbanismo de la capital ha aumentado un 20% el número de denuncias interpuestas respecto al ejercicio anterior, con un total de 65, mientras que en el segundo, se indica, de un lado, que adquiere nuevamente "protagonismo", con 22 denuncias, pero, de otro, que ello representa apenas la mitad de las presentadas en 2006.
Asimismo, la memoria de la Fiscalía ensalza la labor realizada por el Seprona, de la Guardia Civil, aunque se apunta "la escasa aportación" que ha supuesto la creación del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Benemérita, "no por desidia o inoperatividad de sus miembros, sino, evidentemente, por la falta de medios con que iniciaron el trabajo y, quizás, porque su creación fue dirigida más bien a la persecución de delitos urbanísticos como consecuencia de la corrupción". Además, se critica la poca actividad en cuanto a delitos contra la Ordenación del Territorio de la unidad adscrita a la Policía Nacional.
De acuerdo con la memoria anual, los supuestos delitos contra la Ordenación del Territorio siguen encabezando el listado de investigaciones abiertas por la Fiscalía, con 276 de las 360 totales, lo que supone el 76%, y conlleva un aumento del 13% respecto a 2007. A ellas se suman las vinculadas con delitos contra el Medio Ambiente, 57, que se multiplican pos siete; el Patrimonio Histórico, con 5, y la Flora y la Fauna, con 23. De todas las diligencias de investigación correspondientes a 2008, 146 fueron archivadas por entenderse que los hechos no eran constitutivos de delito; 90 fueron trasladados a los juzgados; 77 estaban pendientes de diligencias y 47 conllevaron la interposición de una querella.
En cuanto a las sentencias formuladas en 2008, la memoria fiscal constata que no se registró ninguna relacionada con delitos contra el Medio Ambiente, el Patrimonio Histórico e Incendios Forestales y sólo una por delitos contra la Flora y la Fauna. A ellas se suman 30 sentencias por delitos contra la Ordenación del Territorio, de las que 22 fueron condenatorias.
De estas últimas, según la información de la Fiscalía, hay 13 vinculadas a la construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares de valor paisajístico. Estas sentencias dieron lugar a la demolición en diez de los casos. También se contabilizan 9 sentencias por informar favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas.
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