El año pasado, el Ministerio Público investigó 360 denuncias sobre construcciones y actuaciones presuntamente ilegales
Los particulares fueron la principal fuente de información
Un año más la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha vuelto a criticar la falta de colaboración de los ayuntamientos para perseguir los delitos urbanísticos. En su memoria correspondiente al año 2008, el responsable de la sección, Juan Calvo-Rubio, asegura que han sido pocas las corporaciones locales de la provincia que por iniciativa propia han contribuido en la persecución de este tipo de delitos en su término municipal poniéndolos en conocimiento de la Fiscalía.
No obstante, hay algunas excepciones, como los ayuntamientos de Málaga y Vélez-Málaga. El de la capital, con 65, fue el que más denuncias presentó ante el Ministerio Público, lo que supuso incluso un incremento del 20% con respecto a las realizadas el año anterior. El consistorio veleño, por su parte, presentó 22.
La información sobre ilegalidades urbanísticas y medioambientales que dieron origen durante 2008 a diligencias de investigación por parte de la Fiscalía procedió mayoritariamente de denuncias anónimas y de particulares (115). Otra fuente de detección de presuntos delitos fue la Guardia Civil, a través del Seprona (51), y también las organizaciones ecologistas (16).
Denuncias de la Junta
La Junta de Andalucía, a través de sus consejerías, formuló 82 denuncias: 41 por parte de la Conserjería de Medio Ambiente; Vivienda y Ordenación del Territorio, 14; Cultura, ocho y Gobernación, veinte.
Aunque califica de «magnificas» relaciones institucionales que mantiene con la Junta de Andalucía, la Fiscalía destaca como dato negativo el que se haya reducido el número de denuncias sobre presuntos delitos urbanísticos presentadas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (antes Obras Públicas y Transporte) durante tres años consecutivos: de las 89 registradas en 2006, se pasaron a 23 en 2007 y a sólo 14 en 2008. No ocurre lo mismo con la Consejería de Medio Ambiente que, según el Ministerio Público, ha doblado sus actuaciones para perseguir las ilegalidades medioambientales. Por contra, el fiscal considera «pocas» y prácticamente «testimoniales» las denuncias efectuadas por la Consejería de Cultura (sólo ocho), «pues resulta difícil de creer que en esta provincia haya tan pocos atentados contra el patrimonio que, siquiera indiciariamente, no presenten caracteres delictivos», afirma Juan Calvo-Rubio.
En total, durante el pasado año 2008 la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio investigó un total de 360 denuncias, un 36% más que en el ejercicio de 2007 (264), y presentó 137 querellas y denuncias.
Por último, la Fiscalía se queja, una vez más, de la falta de medios personales (cuenta tan sólo con un funcionario) y materiales (falta de sistema informático) para poder desarrollar su trabajo.
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