La Guardia Civil peina la provincia pueblo a pueblo en busca de construcciones ilegales (SUR)

La investigación se hace por riguroso orden alfabético de los municipios y actualmente está revisando todos los de la letra 'B'. Desde 2003 hasta la fecha ha levantado 2.000 actas de infracción, que se envían a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Junta

LA LEY

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha levantado desde el año 2003 hasta la fecha más de 2.000 actas de infracción por irregularidades urbanísticas en cumplimiento a la Ley 2/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Las infracciones más graves son:

Parcelaciones urbanísticas: Son muy graves aquellas que se practican en suelo no urbanizable. Así, en este tipo de suelo quedan prohibidas «siendo nulas de pleno derecho», es decir, que son ilegales. Para los suelos urbanizables se necesita una licencia.

Especial protección: Son consideradas muy graves las infracciones que se realizan en suelos de especial protección (espacios naturales protegidos u otros), dominio público y reservas para dotaciones del municipio.

Responsabilidad: Los responsables de una infracción urbanística, además de los propietarios, son también los promotores o constructores de las obras, directores y explotadores de los establecimientos y los técnicos titulados y miembros de órganos administrativos o funcionarios públicos, en razón de sus competencias y tareas.

Las construcciones ilegales siguen creciendo en la provincia de Málaga de forma descontrolada. Y lejos de disminuir como consecuencia de sonados casos en la Costa (Marbella, y en municipios del interior como Tolox -con un caso pendiente de 2.000 viviendas presuntamente ilegales) y el reciente caso de Alcaucín, que sigue en investigación, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constata que, pese a todo, la construcción ilegal no se ha frenado en la provincia. Con todos sus efectivos, más de 40 agentes distribuidos por todas las comarcas, ha iniciado un nuevo barrido por el interior y la Costa, que prevé culminar cuando acabe el verano. La inspección se realiza pueblo a pueblo por riguroso orden alfabético, según subraya su máximo responsable, Alonso Gómez Ocón.

Por ahora, sus patrullas ya han revisado todos los municipios que empiezan por la letra 'A' (Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate y Atajate), lo que supone una quinta parte de la provincia. Y la realidad, según demuestra la estadística que poseen, es que han levantado al menos 50 actas de infracción, que a su vez han enviado a la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente. En el primer caso, cuando hay infracciones administrativas, y en el segundo, cuando son penales.

En la actualidad están revisando todos los de la letra 'B' y ahora le toca el turno a Benahavís. Un buen número de expedientes se abren por denuncias de vecinos, otro grueso importante proviene de denuncias realizadas a través de la Fiscalía de Medio Ambiente, ya que hay personas que se dirigen directamente al juzgado para dar curso a denuncias sobre construcciones ilegales, pero el 50% aproximadamente de los expedientes se abren de oficio, según manifiesta su máximo responsable en Málaga.

«Los agentes conocen muy bien las nuevas tecnologías de ortofotos disponibles de los distintos organismos» como son las da Diputación Provincial, las de la Consejería de Medio Ambiente y las del Ministerio de Agricultura. Es más, Alonso anima a los ciudadanos a hacer uso de este servicio de la Red que es gratuito cuando quieran comprobar si la vivienda que se está construyendo está en un terreno urbanizable. «Cuando se comparan las ortofotos de hace cuatro años y las de ahora se ve muchas zonas desocupadas y plantadas porque son terrenos agrícolas y ahora, de repente hay una nueva construcción, y desde hay es muy fácil indagar», subraya Gómez.

De hecho, lo primero que hacen los agentes cuando constatan que hay una vivienda nueva en un sitio que, en principio, no es urbanizable, mandan una carta al municipio para darle cuenta de la nueva construcción y preguntar si cuenta con las preceptivas licencias, aunque también transmiten esta información a otras instancias como son la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta así como a la Fiscalía de Medio Ambiente.

De hecho, la jefa de Inspección de la Delegación de Ordenación del Territorio alabó la colaboración intensa que mantienen con el Seprona, que es esencial para conocer la realidad de la construcción ilegal en Málaga. En cuanto a la Fiscalía de Medio Ambiente que la semana pasada presentó su informe anual del año 2008 también valoró muy positivamente el trabajo de este cuerpo de la Guardia Civil, e incidió en que sus principales fuentes de información en el caso de edificaciones ilegales son el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y los particulares.

Prevaricación

No obstante, este nuevo plan para hacer un barrido por todos los pueblos de la provincia de Málaga se suma a una larga investigación, que se inició en 2003 y por la cual la Guardia Civil ha levantado más de 2.000 denuncias por edificaciones irregulares, de las cuales algunas corresponden a ayuntamientos por supuesta prevaricación por comisión u omisión en la autorización de viviendas irregulares y otras a afectan a técnicos, arquitectos, registradores de la propiedad y notarios por certificaciones irregulares de viviendas; y parcelaciones ilegales.

En cuanto a las irregularidades las más comunes son no tener licencia de obra ni proyecto técnico, por tener una fosa séptica (con posibles perjuicios a los acuíferos, lo cual se pone en conocimiento al Distrito Hidrográfico del Mediterráneo, antigua Cuenca Mediterránea Andaluza); y por tener unas conexiones eléctricas irregulares a Endesa y de agua, a la red municipal.