El objetivo de la entidad es reactivar el sector de la construcción y exigir el desarrollo de la normativa andaluza
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía no quiere permanecer fuera de juego en el problema del urbanismo en la comarca. Por esta razón, ha elevado a todos los grupos políticos con representación en la entidad un borrador para elaborar una propuesta consensuada dirigida a impulsar un pacto social por el urbanismo en la Axarquía, teniendo en cuenta los procedimientos judiciales abiertos contra un buen número de alcaldes y para volver a impulsar el sector de la construcción.
La propuesta, que todavía está siendo estudiada internamente por los diferentes partidos políticos y por tanto está abierta a cambios y modificaciones, persigue asimismo instar a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio al desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para dar garantía jurídica a los propietarios de viviendas fuera de ordenación y para establecer un marco jurídico unitario de aplicación por parte de los ayuntamientos.
Según figura en el borrador entregado a los grupos políticos, los responsables de la Mancomunidad se quejan de que el desarrollo urbanístico de la comarca se ha encontrado con un marco normativo «disperso y cambiante», cuya interpretación ha resultado a veces confusa para los ayuntamientos y colocado a las autoridades municipales en una difícil encrucijada cada vez que se les solicitaba una licencia de obras.
Asimismo, expresa que el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía no ha dado respuesta a los modos de ordenación existentes en al comarca y a las peculiaridades del territorio de la Axarquía.
La propuesta apuesta por una salida dialogada y el consenso como único camino para desbloquear el desarrollo urbanístico de la comarca merced a un pacto social entre todos los poderes públicos, partidos políticos y agentes sociales y económicos.
Asimismo plantea la creación de una mesa de trabajo para buscar soluciones factibles y aplicables con el objetivo de solucionar una situación que se califica en el borrado que está siendo estudiado por los grupos de desajuste urbanístico, normativo y legal.
El borrador plantea también que los procedimientos judiciales abiertos por las construcciones en suelo no urbanizable se resuelvan en el ámbito del derecho administrativo y no penal, petición que han suscrito los alcaldes del PSOE y a la que se han sumado algunos del Partido Popular.
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