Aseguran que no han contado con apoyo ni de la Junta ni del Ayuntamiento
La cantera lleva años en proceso de restauración./ SUR
CANTERA DEL PUERTO
La lucha de la población mijeña por el cese de la explotación en la cantera de El Puerto continúa adelante tras anunciar la prolongación del cierre. Así, representantes del colectivo vecinal Micoba así como de la Peña Santana han solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz toda la ayuda posible en lo que consideran «el cumplimiento de la voluntad de la ciudadanía».
En el escrito presentado ya en la institución, resume las numerosas actuaciones que en Mijas se han llevado a cabo durante los últimos años en favor del cese de la actividad extractora, de la que se encarga la empresa Dolomitas Españolas S.A. Entre ellas, destacan la denuncia interpuesta en marzo de 2002 para que la justicia revisase el convenio inicial establecido, que decretaba el cierre el 31 de diciembre de 2008. El caso fue sobreseído en mayo de 2007. Además, solicita la intervención de representantes del organismo «ante las autoridades competentes con el fin de que, en el menor plazo posible se inicien los trámites necesarios para el rápido y definitivo cierre de la cantera de El Puerto».
Y es que, según el convenio firmado entre Ayuntamiento y adjudicataria, los trabajos debían haber cesado en diciembre de 2008 pero a día de hoy, las actividades extractoras se siguen sucediendo al concederse una prórroga hasta junio de 2010. Desde el organismo público, se explicó que el retraso en el proceso de restauración tenía que ver con la caída en la demanda de áridos a consecuencia de la situación económica actual. Una explicación que parece no convencer a los vecinos que publican en la documentación remitida que «puede que esta nueva fecha (junio de 2010) tampoco sea respetada y haya que comenzar de nuevo con una lucha que se lleva librando dos décadas».
En cuanto al aplazamiento que se ha realizado, Micoba y Peña Santana destacan que «hubo una mesa de negociación para aclarar este aspecto en la que no se contó con la ciudadanía, que fueron los grandes impulsores de la suscripción del convenio inicial». Por otro lado, califican esta actitud de ambas partes como «una desprotección total de los derechos de ciudadanos a preservar nuestro patrimonio y a nuestra salud, física y psíquica».
Sin ayuda
La documentación que han hecho llegar al Defensor del Pueblo también hace eco del «desamparo» que los vecinos parecen vivir. De esta manera, aluden a que «lo único obtenido hasta ahora por parte de la Junta de Andalucía es silencio». Por otro lado, desde principios de año «se viene solicitando, tanto por los colectivos firmantes como por otros igualmente preocupados por el daño que la explotación está haciendo a la naturaleza y a los ciudadanos, una cita con el actual alcalde, Antonio Sánchez, que aún no se ha producido».
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