La delimitación del domino público entre Marbella y el arroyo Lucera afecta a una veintena de urbanizaciones
12.11.2009 -
Costas pretende recuperar el dominio público marítimo-terrestre. /SUR
El Ministerio de Medio Ambiente sigue avanzando en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre de 132,7 kilómetros previstos para el litoral malagueño, aunque a un ritmo menor del previsto. Pese a que la intención del Gobierno era completar el deslinde en 2008, lo cierto es que aún queda mucho trabajo por delante. Un ejemplo de ello se sitúa en Mijas, donde la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo pretende recuperar un total de 6,6 kilómetros, mayoritariamente ocupados por urbanizaciones.
La actuación en favor de la recuperación del dominio público está dividida en tres fases que, prácticamente, caminan a la par. La primera, entre el límite con Fuengirola y El Chaparral, es la más extensa con algo más de cuatro kilómetros de terreno afectado y sólo está pendiente del deslinde definitivo; la segunda, comprende desde el hotel Océano Beach hasta 150 metros al oeste del arroyo de La Palma; y la tercera, afectará al tramo existente entre el arroyo Lucera y el término municipal de Marbella.
Alegaciones
En este último tramo, el deslinde provisional se encuentra a exposición pública para que los afectados puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas ya que, una vez fijada la línea del dominio público, la mayoría de las parcelas urbanizadas pasarán a tener la calificación de 'zona de protección', de forma que sus propietarios no podrán realizar ninguna modificación sobre lo ya construido; mientras que en el caso de que los terrenos estén sin desarrollar, estos deberán mantener su estado original.
En el tramo que une el término municipal de Marbella con arroyo Lucera se verán afectadas en torno a una veintena de urbanizaciones, entre las cuales, destacan la de Calahonda, Doña Lola, Calypso, Algaidas, Villapinos, Playa Lucera, Leyla Playa, Royal Beach, junto a franjas de suelo público que son propiedad del Ayuntamiento.
En cualquier caso, los propietarios afectados por el trámite perderán la titularidad de los terrenos, aunque al menos podrán seguir haciendo uso de ellos a través de una fórmula legal similar a una especie de concesión.
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