Jesús Gil Marín y su hermana Miriam declaran como imputados por un caso en el que también están implicados Julián Muñoz y Roca
12.11.2009 -
Jesús Gil Marin, seguido de su hermana (al fondo), a su llegada. / JOSELE-LANZA
La familia Gil regresó ayer a los Juzgados de Marbella. Concretamente dos de sus miembros: Jesús y Miriam Gil Marín, hijos del fallecido ex alcalde de la ciudad Jesús Gil y Gil. Ambos comparecieron ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Ricardo Puyol, para declarar como imputados en un caso en el que se investigan presuntas irregularidades en una operación urbanística sobre la enajenación y posterior venta de varias parcelas pertenecientes a la finca El Pinillo.
En este procedimiento, uno de los casi treinta derivados de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 en relación con convenios y permutas urbanísticas, se encuentran imputados más de una veintena de personas, entre las que se encuentran el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, media docena de ex concejales, el abogado Manuel Sánchez Martín o el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes. El juez investiga la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, contra la ordenación del territorio, prevaricación y blanqueo de capitales.
Ni el ex alcalde de Estepona Jesús Gil Marín ni su hermana Miriam estaban inicialmente encausados en estas diligencias. El instructor del caso acordó su imputación y la de otras seis personas más a finales de octubre, fecha en la que fijó las comparecencias durante esta semana de los nuevos encausados, varios testigos y el denunciante que, junto al Ayuntamiento de Marbella, actúa como acusación particular en este proceso. A los dos hijos de Jesús Gil y Gil les tocó el turno ayer. El ex regidor esteponero lo hizo en primer lugar y, según fuentes judiciales, ninguna de las dos declaraciones fue muy extensa.
La decisión del juez atiende al informe elaborado por la Udyco Costa del Sol en relación con la operación urbanística en la que el Ayuntamiento de Marbella expropió los terrenos de la finca El Pinillo la posterior adjudicación y venta de los mismos.
Supuesta testaferro
Los investigadores establecen que Miriam Gil Marín supuestamente ejerció a lo largo de las distintas actuaciones como testaferro de Jesús Gil y Gil en una empresa utilizada como velo societario en el que compartía con Roca el 50 por ciento de las acciones. En el informe, al que ha tenido acceso SUR, la Udyco concluye que todos los actos llevados a cabo en la operación urbanística tenían como único fin el enriquecimiento de las personas cercanas al Ayuntamiento y de empresarios que participaron en los mismos, lo que supuso un perjuicio para el patrimonio municipal.
Según el informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí en los ejercicios 2000 y 2001, origen de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, dicho perjuicio a las arcas municipales alcanzaría el millón de euros el mismo día de la adjudicación de los suelos, cifra que podría multiplicarse por diez al contemplar las posteriores operaciones de compraventa de los terrenos.
El Tribunal de Cuentas señalaba en su informe que la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella ratificó en junio de 2000 la venta de tres parcelas pertenecientes a la finca El Pinillo que había realizado anteriormente el entonces alcalde Jesús Gil de manera directa y sin ajustarse a ningún procedimiento legalmente establecido. Los terrenos fueron enajenados mediante expropiación por parte del Consistorio en 1991 para su integración en el patrimonio municipal bajo el argumento del interés social de los suelos con el fin de construir un palacio de congresos y exposiciones.
Sin embargo, las parcelas fueron vendidas en julio de 1999 mediante decreto del alcalde por más de 3 millones de euros. Tres meses antes, el Ayuntamiento había declarado desierta una subasta por los terrenos. El informe de fiscalización indica que, el mismo día que se realizó la operación, la empresa vendió las fincas por más de 4 millones de euros, obteniendo una plusvalía inmediata del 25 por ciento. Un hecho que refleja, según el Tribunal de Cuentas, un perjuicio inicial de al menos un millón de euros para el patrimonio municipal.
Además, ocho meses después tuvo lugar una nueva operación en la que las tres fincas se vendieron, junto a una cuarta, por casi 17,5 millones de euros. En junio de 2003, los terrenos fueron objeto de otra operación de compraventa en la que se pagaron por ellos cerca de 29,5 millones de euros, casi diez veces más del precio por las que las vendió el Consistorio marbellí cuatro años antes.
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