La norma ordena la actividad y exige un único explotador por bloque. El sector asegura que contribuirá a combatir las camas ilegales en la provincia.
LUCAS MARTÍN. MÁLAGA La Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto que regula la explotación de los apartamentos turísticos, medida que establece la obligatoriedad de contar con un único gestor por bloque, lo que, según la patronal, podría servir para erradicar el fenómeno de las denominadas camas ilegales.
La normativa, consensuada con empresarios y sindicatos, suple las deficiencias del anterior marco legal, que superaba en edad al estado de las autonomías. Su contenido ordena prolijamente la actividad e introduce novedades como el límite de estancia, de 45 días, que impide, al menos en teoría, la conversión en uso residencial de los apartamentos.
De acuerdo con el consejero de Turismo, Luciano Alonso, el decreto evitará la "indefensión" de empresarios y clientes. Especialmente, por la incorporación de la figura del único explotador, que concentrará el número de interlocutores con la administración y los clientes. Un aspecto celebrado por Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo de la Confederación Andaluza de Empresarios, que ha intervenido en la selección del articulado. "Así se combatirá también la competencia desleal. Hasta ahora un bloque podía estar regido por una empresa turística y por varios pequeños propietarios que ponían el precio y las condiciones que querían", señala.
El nuevo texto legislativo establece un periodo de adaptación de entre seis meses y un año, que será especialmente útil para los propietarios que residan en fincas de apartamentos, obligados a negociar su situación con los administradores. El decreto se dirige a corregir la arbitrariedad y la picaresca y especifica entre los distintos modelos de apartamentos y su localización geográfica. La norma define este tipo de explotaciones como un conjunto de alojamientos "con un mismo titular" y determina los requisitos legales en función de las características: complejos de acceso independiente, conjuntos, rurales, de playa, y de carretera.
La medida distingue también por categorías en relación al número de prestaciones y la calidad de las instalaciones. Además, estipula sanciones para los casos de incumplimiento e insta a los ayuntamientos a vigilar el cumplimiento del uso turístico conforme a las licencias municipales. "Estamos satisfechos con el contenido de la norma. Ahora bien, esperemos que se aplique a rajatabla", indicó Sánchez.
Alonso, por su parte, destacó el peso de los apartamentos en la industria de la región, donde aportan 45.000 plazas de alojamiento, el 12 por ciento del total. Sus últimos números aluden a más de seis millones de pernoctaciones al año, de las cuales más del 60 por ciento responden a usuarios extranjeros. "Andalucía vuelve a ser pionera a nivel autonómico con esta norma", reseñó.
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