El fiscal baja la pena para Jesús Ruiz y su mujer por existir el atenuante de reparación del daño
EUROPA PRESS La Fiscalía de Málaga bajó hoy a cuatro años la petición de cárcel para el dueño de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, y para su mujer, a los que acusa de la presunta estafa a compradores de pisos que no fueron entregados, al estimar que existe la atenuante de reparación del daño, ya que parte de los perjudicados han sido indemnizados.
En cuanto al delito contra los consumidores, el ministerio público mantuvo la petición de nueve meses de multa a 30 euros por día, es decir, 8.100 euros; mientras que en el caso del delito de estafa, rebajó de siete a cuatro los años de prisión solicitados para ambos acusados y de 20 a 12 los meses de multa, también a 30 euros diarios, lo que supone 10.800 euros.
El fiscal sostuvo que a los clientes "se les dice que se vende una cosa cierta", aunque se hicieron "ventas de cosas futuras", ya que algunas de las promociones "no tenían licencia". "Fueron a comprar una vivienda que nunca existió", lamentó el fiscal en su informe final ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia que juzga el caso, en el que hay varias acusaciones particulares.
Consideró que a los compradores se les está pagando de manera "indigna", ya que "se les dice coja usted el dinero pero retire la denuncia", proposición que calificó de "deshonesta". Insistió en que el problema fue que "se vendía paja y humo a personas que daban el dinero de su vida de buena fe" y afirmó que los juzgados está "llenos de demandas de perjudicados".
Asimismo, el fiscal solicitó en sus conclusiones finales que se deduzca testimonio en relación con la información que de una de las promociones se dio desde la Concejalía de Urbanismo de Fuengirola (Málaga) sobre la ilegalidad de dichas actuaciones para investigar si es un delito urbanístico.
En la sesión de hoy declararon varios peritos y uno de los administradores concursales, ya que Aifos está en concurso de acreedores desde 2009, quien apuntó que hay voluntad de seguir con las promociones en curso para lo que se están haciendo las gestiones necesarias.
En su escrito inicial, la acusación pública mantenía que los acusados eran administradores de dicha empresa, que comenzó durante 2001 la promoción de unas viviendas que se iban a construir en varias localidades a través de "una publicidad o una oferta en la que se hacían alegaciones falsas de características inciertas sobre la vivienda a construir".
Además, señalaba en esas conclusiones que a partir de agosto de 2001 comenzaron a firmar contratos con distintas personas que querían adquirir esas casas "supuestamente en construcción" y que pagaron las cantidades estipuladas "con creencia de que se había iniciado la construcción de las viviendas y que se entregarían en un plazo de unos 20 meses".
No obstante, la Fiscalía consideraba que los acusados no llevaron a cabo la obra proyectada, "ni siquiera", apuntaba, en algunos casos habían obtenido la licencia de obras de los ayuntamientos "efectuando los perjudicados diferentes desembolsos que los acusados hicieron suyos en beneficio propio".
Ruiz Casado aseguró ayer en su declaración que tuvo voluntad de construir y entregar las viviendas y negó que se desviaran fondos de los clientes a las cuentas de la sociedad o a las suyas personales. Además, reiteró que los adquirientes han estado "permanentemente informados" de la situación de las promociones y que antes de comercializar "siempre teníamos un proyecto".
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