miércoles, 22 de diciembre de 2010

El alcalde 'presiona' para que se contrate a parados en el bulevar (Málaga Hoy)

De la Torre dice que está estudiando si se ajusta a la legalidad ante el rechazo de los constructores · El Consistorio y Adif firman el convenio de cesión de los suelos

JAVIER CINTORA / MÁLAGA | ACTUALIZADO 22.12.2010 - 08:12
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De la Torre y González, ayer, tras la rúbrica del convenio.

Foto, firma y apretón de manos. Así sellaron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de Adif, Antonio González, el convenio de cesión de los suelos del bulevar sobre los terrenos ganados al soterramiento del AVE con independencia de que una comisión mixta dirima su propiedad. Los trabajos, que servirán para coser el sur de la ciudad, se licitarán en el plazo máximo de 15 días y podrían comenzar, según las previsiones más optimistas de De la Torre, dentro de tres meses. Tal y como aseguró el alcalde, el objetivo que se ha marcado con estas obras es poder contratar al máximo número de parados posibles de la Carretera de Cádiz.

Para ello, el Ayuntamiento está estudiando dos mecanismos que pasarían por incluir una cláusula en el pliego de condiciones o "forzar" posteriormente a la empresa adjudicataria a que contrate al máximo número de parados. En estos momentos, el Ayuntamiento está estudiando si existe algún tipo de precedente en el ámbito local. "Si es así, lo copiaremos y si finalmente resulta que es legal, lo haremos".

El deseo de De la Torre es compartido por el secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, que ayer, a través de un comunicado de prensa, le solicitó al Ayuntamiento que acuerde con la empresa adjudicataria la contratación de parados de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero.

El planteamiento ofrecido por el alcalde choca de frente con la posición que defienden los promotores. Para la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), Violeta Aragón, la medida resulta ilegal. "Esto ya lo han intentado otras administraciones, como Fuengirola o Rincón de la Victoria, y al final quedó demostrado que no es legal, más que nada por el derecho de los trabajadores. Estamos en un libre mercado y no se puede obligar a una empresa a contratar a los trabajadores que desee una administración", afirmó Aragón.

Más allá de este punto, el convenio rubricado establece la obligatoriedad de solicitar al Ayuntamiento, como así exige la ley del sector ferroviario, la autorización para iniciar las obras y fija un plazo máximo de 15 días para resolver este conflicto. No obstante, González aseguró que no tiene previsto agotar este plazo y que en cuestión de días el Ayuntamiento tendrá el pertinente informe. El acuerdo permite al Ayuntamiento la licitación de la obra de urbanización de los terrenos entre la ronda este y la avenida Juan XXIII, que abarcan una superficie total de más de 5 hectáreas, ya que aún no está resuelta la conexión con la ronda oeste ni tampoco se han iniciado las expropiaciones del polígono San Rafael. Para hacer frente a esta inversión, el Ayuntamiento ha reservado en los presupuestos, que fueron presentados ayer, una partida de 6,7 millones de euros que podrían ser ampliados. No obstante, De la Torre precisó que la inversión en ese primer tramo podría superar los 20 millones de euros. Otro punto que contempla el convenio hace referencia a la financiación de las obras del talud del mirador de la barriada de los Prados y la recepción definitiva, por parte del Ayuntamiento, de las obras derivadas del plan Renfe.

Por otro parte, el presidente de Adif solicitó a De la Torre que elevara "cuanto antes" la autorización definitiva para llevar a cabo la rehabilitación de los torreones de la estación Vialia con el objetivo de que "recuperen el esplendor que tenían a finales del siglo XIX". De la Torre cogió el guante y aseguró que la aprobación definitiva está garantizada. Sin embargo, queda pendiente por resolver la titularidad de los terrenos del soterramiento. De hecho, una comisión técnica ya constituida seguirá trabajando para dilucidar esta cuestión, entre otras, y contará con un máximo de seis meses para aportar conclusiones.

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