Todo apunta a que el documento recibirá la luz verde definitiva tras el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz para desbloquearlo
15.12.10 - 12:47 -
JESÚS HINOJOSA | Málaga
El próximo martes se sabrá si los cambios introducidos por el Ayuntamiento en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga para dar cumplimiento a las exigencias de la Junta de Andalucía sirven para que ésta le dé el visto bueno definitivo al documento que planifica la ciudad de las próximas dos décadas.
Según ha podido conocer SUR, para ese día se ha convocado en Sevilla la reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) que emitirá su dictamen sobre el PGOU malagueño, que acumula ya seis años de trámites. Los responsables municipales de Urbanismo acudirán a la cita, aunque sin derecho a voto.
Después de que la misma Cotua rechazara el documento en el verano del año pasado, el Ayuntamiento ha terminado por aceptar los planteamientos de la Administración andaluza en cuestiones como la construcción al norte de la Ronda Este y en la parcela de Arraijanal, ámbitos en los que finalmente no se recoge urbanización alguna. Por ello, todo parece indicar que el pronunciamiento en esta ocasión de la Cotua será favorable, si bien es probable que suspenda algunas cuestiones puntuales del PGOU, que quedaría aprobado de un modo parcial, pero aprobado al fin y al cabo.
Para subsanar esas cuestiones que se suspenderán, el Ayuntamiento tendrá que elaborar un expediente de cumplimiento de lo indicado por la Cotua que derivará en una nueva elaboración del PGOU que se denomina 'texto refundido'. Aunque la tramitación de este refundido puede durar en torno a un año, el nuevo Plan General de Málaga entrará en vigor con todas las consecuencias a partir de la publicación de su aprobación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que se producirá con posterioridad a la reunión del próximo martes.
Forman parte de la Cotua representantes de todas las consejerías de la Junta de Andalucía, de la Agencia Andaluza del Agua y de la Agencia Andaluza de la Energía. Junto a la Administración autonómica, se encuentran representadas la Administración General del Estado, las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones, con ocho representantes), las universidades, colegios profesionales, empresarios y sindicatos, así como organizaciones sociales y ciudadanas.
La aprobación del PGOU desbloqueará el inicio de proyectos urbanísticos como los de las torres de viviendas planteados en Repsol, Martiricos y La Térmica. El documento prevé suelo para desarrollar 73.618 viviendas de las que 43.090 corresponden a nuevos sectores urbanizables y 30.528 a viviendas por ejecutar del plan del año 97 que todavía en está en vigor. De las 73.618 viviendas, 22.184 serán de protección oficial, lo que supone el mínimo legal del 30% que establece la legislación autonómica. El Ayuntamiento aspira a construir unas cuatro mil de esas VPO. No obstante, la actual crisis económica frenará en gran medida la planificación de desarrollo residencial contenida en el documento.
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