La Gerencia Municipal de Urbanismo ha iniciado en la mañana de este martes los trabajos de demolición, de forma subsidiaria, de la obra ilegal del centro hispano ruso, situado en calle Halepensis 11 en Pinares de San Antón. Según han explicado desde el Ayuntamiento, esta actuación se ha iniciado después de que la Gerencia recibiese el pasado día 1 de diciembre la pertinente autorización judicial.
Los trabajos se están llevando a cabo a través de una empresa contratada para tal efecto y bajo la supervisión de los cuerpos de seguridad. La demolición ha comenzado por la zona del garaje y se extenderá a toda la obra ilegal.
El pasado viernes, según las mismas fuentes, se notificó al propietario la necesidad de desalojar y retirar de forma inmediata los enseres del interior de la zona que se iba a derribar. Además en la mañana de este martes, se ha comunicado a un familiar el inicio de la demolición de las actuaciones llevadas a cabo de manera irregular.
En cuanto a la totalidad de metros cuadrados ejecutados ilegalmente, desde la Gerencia han indicado que hay que distinguir entre la superficie total construida y los movimientos de tierras realizados. Así, se procederá a derribar distintas edificaciones como instalaciones deportivas (piscina y pista de padel) y terrazas, así como un muro.
Estas construcciones irregulares corresponden a un total de unos 3.500 metros cuadrados aproximadamente, mientras que los movimientos de tierras son unos 3.200 metros cuadrados.
Desde la Gerencia de Urbanismo estiman que estas labores de demolición y restitución de los terrenos puedan prolongarse durante unos meses.
15 multas y una sanción
Desde el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se han impuesto un total 15 multas coercitivas y 1 sanción que sumanmás de 760.000 euros en este asunto.
Éstas se corresponden con ocho multas coercitivas por no demoler, por importe de 78.953 euros cada una, seis multas coercitivas por no restituir los terrenos a su estado original, por importe de 6.600 euros cada una, una multa coercitiva por incumplimiento de la orden de suspensión por importe de 6.600 euros, y una sanción por llevar a cabo movimientos de tierras en suelo no urbanizable sin la preceptiva licencia, por importe de90.000 euros.
Además, desde la Gerencia recuerdan que nunca se ha dado licencia en suelo no urbanizable y que desde el inicio se han llevado a cabo actuaciones encaminadas al restablecimiento de la legalidad y se ha dado cuenta a la Fiscalía.
De hecho, las mismas fuentes aseguran que en este caso desde el iniciose ha estado ordenando de forma reiterada al promotor la suspensión de las obras, la demolición voluntaria y se abrieron expedientes de infracciones.
Al respecto, la delegada provincial del Gobierno andaluz, María Gámez, ha declarado que le parece bien que "por fin se haya comenzado a aplicar la legalidad", aunque se haga "con bastante retraso". Así, ha recordado que esta edificación se construyó a pesar de tener un informe en contra de la Junta de Andalucía y un posicionamiento, también en contra, del Tribunal Superior de Justicia.
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