Fomento prevé terminar este año los nuevos enlaces de la Ronda Oeste (SUR)

La remodelación de Alameda-Barriguilla eliminará el embudo del eje del Guadalhorce El proyecto contempla un vial subterráneo para atravesar la circunvalación

Diciembre de 2008. Ese es el plazo máximo previsto por el Ministerio de Fomento para terminar las obras del enlace Alameda-Barriguillas, una actuación en el nudo gordiano de las rondas de Málaga que aliviará el conflictivo tráfico en estas arterias.La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que acudió ayer a Málaga para comprobar el estado de los trabajos, no quiso precisar más la fecha de puesta en servicio de este enlace. «Después de lo de Barcelona no concreto ninguna obra más», dijo. No obstante, añadió, «hay margen en 2008 y se terminarán».Álvarez reiteró que se trata de una obra muy compleja y de mucha importancia para el tráfico en Málaga, ya que se crea una «conexión directa» con muchos barrios de la ciudad. Además, se amplía la capacidad que tienen las salidas de la circunvalación.El proyecto prevé realizar una treintena de microactuaciones, si bien algunas de ellas, como el salto de la Ronda Oeste con nuevos viales, son obras extremadamente complicadas. Los trabajos, que tiene un presupuesto superior a 28,7 millones de euros, cambiarán por completo la fisonomía y el funcionamiento del núcleo central de los accesos a la capital.

Viales de conexión

Las obras del enlace Alameda-Barriguillas contemplan la construcción de nuevos viales de conexión a ambos lados de la Ronda Oeste, el aumento de capacidad de los ramales y la eliminación de tramos de trenzado, en los que se mezclan vehículos que pretenden incorporarse a la autovía y otros que quieren abandonarla, lo que genera serios problemas de circulación.El ingeniero jefe de la obra por parte de la Unidad de Carreteras de Málaga, José Antonio Domingo Atencia, pormenorizó algunas de las actuaciones que, a su juicio, aliviarán en mayor medida la congestión de tráfico que sufre la Ronda Oeste. El nuevo enlace Alameda-Barriguilla dispondrá de un ramal directo que canalizará la circulación de salida del Centro de la ciudad hacia las zonas de expansión del noroeste de la capital. Este vial arrancará en las inmediaciones de la Comisaría Provincial, cruzará la ronda mediante dos puentes y llegará hasta la glorieta donde confluyen la avenida de Gregorio Prieto y la calle Mefistófeles, cerca del Hipercor y de la Ciudad de la Justicia. Esto permitirá llegar a los barrios de Teatinos, Soliva o Puerto de la Torre sin atravesar la A-357.La obra también contempla dos nuevos ramales que eliminarán los atascos crónicos en la entrada a Málaga de la A-357 (autovía de Campanillas), que absorbe la circulación de la Universidad, del Parque Tecnológico y de la comarca del Guadalhorce, así como un importante volumen de vehículos pesados. Para ello, explicó el jefe de la obra, se construirá un eje subterráneo que saldrá de la A-357 hacia la Ronda Oeste, aunque justo antes de llegar a ésta se bifurcará para poder tomar la A-7 en ambos sentidos. Este ramal acabará con el cuello de botella de los dos carriles de la autovía de Campanillas.También se eliminará otro punto negro de las retenciones en la Ronda Oeste: la salida de la misma hacia el Centro de Málaga (en dirección a la avenida de Andalucía) y la Universidad. Domingo explicó que se prevé un carril que partirá del cruce con la línea férrea y que discurrirá paralelo a la circunvalación hacia el Centro de la ciudad.Este ramal, que llega a tener cuatro carriles, posibilitará acceder a la avenida de Ortega y Gasset (antigua carretera de Cártama) en su intersección con la calle Juan Gris; otros dos irán hacia la rotonda de la plaza de Manuel Azaña (comisaría), y otro servirá exclusivamente a los conductores que se dirijan a la A-357, en sentido a Campanillas.

Aumenta en un 40% el presupuesto de las obras en Lo Cea. Rincón de la Victoria (SUR)

La empresa adjudicataria ha solicitado siete meses más debido a la complicación de los trabajos

La empresa Probisa, encargada de realizar las obras de reurbanización integral de Lo Cea en Torre de Benagalbón, ha solicitado una ampliación de siete meses del plazo de ejecución de los trabajos. De esta forma, la obra, que comenzó el pasado mes de mayo y debería haber finalizado en octubre, no concluirá hasta el próximo 14 de mayo.Asimismo, el presupuesto ha aumentado en un 40 por ciento, según el concejal del área de Infraestructuras, José Rodríguez, por lo que de 2,3 millones que fue la cantidad por la que se adjudicaron los trabajos, se incrementará a casi cuatro millones de euros.La empresa ha justificado la ampliación del plazo en varios factores como la ampliación del volumen de obra proyectada inicialmente, la modificación y ampliación de los puntos de conexión de las redes de abastecimiento, energía eléctrica y gas natural, la gran cantidad de servicios afectados y la meteorología adversa en el periodo invernal.

Problemas

La urbanización tiene unos treinta años de antigüedad y está formada por más de 200 chalés unifamiliares. «Uno de los problemas fundamentales es que sólo contábamos con planos primitivos y las obras se planificaron sobre comprobaciones superficiales, por lo que no se sabía lo que la empresa se iba a encontrar al abrir», ha explicado el edil. Además, el concejal ha explicado que se han instalado tuberías nuevas hasta la playa para separar las aguas pluviales de las fecales.Por su parte, el presidente de esta zona residencial, Javier Lorenzo, ha indicado que los trabajos que quedan pendientes son los de las calles principales, Valencia, La Mancha y Cantabria. «La empresa realizó una subcontrata que se encargó de calle Melilla y fue un desastre», ha criticado Lorenzo, quien ha recordado que las obras están provocado multitud de quejas por parte de los vecinos residentes ya que se están dilatando.En concreto, las obras en la urbanización Lo Cea consisten en una serie de trabajos integrales como la reposición del acerado, el alumbrado, los pluviales y el asfaltado de la urbanización y que cambiarán su fisonomía por completo.

Emabesa destinará 387.000 euros a la renovación de la red de pluviales en la avenida del Parque. Benalmádena (SUR)

La instalación de un colector soterrado permitirá aumentar la capacidad de transporte de agua. La actuación se ampliará a otras zonas de Benalmádena Costa
La Empresa Municipal de Aguas de Benalmádena (Emabesa) ha iniciado las obras de renovación de la red de pluviales en la avenida del Parque, unos trabajos consistentes en la instalación de un colector de saneamiento soterrado a lo largo del todo el vial hasta alcanzar al colector general situado en la avenida Federico García Lorca. «El objetivo de esta actuación es aumentar la capacidad de transporte de aguas pluviales, a la par que se procede a la renovación de la red existente, eliminándose el trazado que discurre por el conjunto Benalplaya», explicó el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Joaquín Villazón, quien detalló que el proyecto tiene un plazo de ejecución de tres meses y requiere una inversión de 387.103 euros. Esta iniciativa forma parte de un «ambicioso» plan de renovación y mejora de la red de pluviales y saneamiento puesto en marcha por Emabesa en Benalmádena Costa. De hecho, tras iniciar la renovación de la red de saneamiento en el tramo de la avenida de Las Palmeras más próximo a la costa, y en parte de la avenida Antonio Machado, en los próximos meses se procederá a renovar las redes en la avenida Rocío Jurado y en el resto de la avenida Antonio Machado. En esta céntrica vía, la principal de la costa, la actuación se ejecutará al mismo tiempo en tres tramos diferentes: de La Roca a la rotonda de los Molinillos, del carril del Siroco a la avenida San Fermín, y de la avenida Alay al carril del Siroco. «Con este ambicioso plan buscamos que las infraestructuras, ya algo obsoletas, sean las adecuadas para un núcleo tan desarrollado y turístico como Benalmádena Costa», recalcó el edil.

Fomento reordenará todos los accesos a la autovía A-7 entre Fuengirola y Manilva. Marbella (SUR)

El Gobierno central saca a concurso la redacción de los seis proyectos para los tramos en que se ha dividido la carretera nacional y cifra en 130 millones la inversión. Las salidas directas del trazado actual se sustituirán por viales de servicio y carriles de entrada y de salida
El proyecto piloto, pensado para un tramo de apenas seis kilómetros entre las urbanizaciones Panorama y El Rosario de Marbella, aún antes de convertirse en una realidad sobre el terreno, parece haber gustado a los responsables de las carreteras. De los seis millones de euros iniciales que estaba previsto invertir en este corto pero peligroso tramo, la propuesta se va a extender ahora desde Manilva hasta Fuengirola, pasando obviamente por Marbella. De un extremo de la costa al otro, el Ministerio de Fomento pretende reordenar todo el diseño de la autovía A-7, antigua carretera nacional 340, para eliminar en la medida de lo posible los temidos accesos directos; una actuación a la que ha bautizado como 'Plan N-340'. La alternativa será sustituirlos por vías de servicio o carriles de trenzado que enlazan la entrada y salidas de vehículos como si se tratara de un tercer carril natural del tronco de la vía. Precisamente entre ambos municipios es donde la transitada carretera cruza por núcleos urbanos de gran densidad de población, por lo que las entradas directas se multiplican exponencialmente con el consiguiente riesgo para los conductores. Según informaron a este periódico fuentes del Ministerio de Fomento, ya se ha sacado a concurso la redacción de los seis proyectos de los otros tantos tramos en que se ha dividido la A-7, aunque aún no se ha publicado su licitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El presupuesto total para la actuación, según los cálculos del Gobierno central, superará los 130 millones de euros. «Se ha dado un impulso definitivo», señaló Miguel Ángel Heredia, diputado del PSOE y número dos de la candidatura al Congreso por Málaga.El alumno más aventajado es el proyecto piloto, impulsado por el departamento de Magdalena Álvarez, que tendrá a la zona este de Marbella como protagonista. En un tramo de seis kilómetros, entre los puntos kilométricos 183 y 189, esto es, entre las urbanizaciones El Rosario y Panorama, se eliminarán doce accesos directos a la autovía -siete en el margen derecho y cinco en el izquierdo- para reponerlos mediante vías de servicio paralelas a la carretera nacional o carriles de trenzado. ExpropiacionesSe conoce ya la cuantía de la obra, sies millones de euros, e incluso el coste y la superficie de suelo que se tendrá que expropiar a lo largo de este tramo: 16.615 metros cuadrados, todo urbano, con un precio de 715.169 euros. A la espera de que la Dirección General de Carreteras le dé el visto bueno definitivo al proyecto, aprobado provisionalmente, sólo quedará sacar a concurso las obras para que las máquinas hagan parada y fonda en la A-7, justo en unos de los tramos considerados más peligrosos por la elevada presencia de accesos a la carretera a distancias inferiores de las que marca la normativa. No sólo eso. Se trasladarán a los viales de servicio las paradas de autobús, que actualmente provocan importantes molestias a los conductores por la escasa velocidad con la que circulan en sus inmediaciones, lo que les obliga a dar volantazos bruscos y frenazos aún más arriesgado. En el proyecto piloto, el que afecta a seis kilómetros de la autovía a su paso por Marbella, se reubicarán seis de estas paradas para los autocares. Cuando se extrapole la medida al resto de la carretera nacional, el número se disparará de manera exponencial. Las pasarelas peatonales, especialmente las que están dañadas por el paso de los años y por la corrosión originada por la cercanía del mar Mediterráneo, también serán sustituidas por otras más resistentes. En el tramo inicial se repondrán cinco, las que permiten a los peatones cambiar de un lado de la autovía a otro sin poner en riesgo su vida. Su lugar lo ocuparán otras de diseño más moderno.

Los técnicos del Cedex empiezan a recabar datos para el estudio del Guadalmedina (SUR)

Los técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dependiente del Gobierno central, han empezado a recabar datos para el estudio que harán sobre cuál es la mejor solución hidrológica para la futura integración del río Guadalmedina en la ciudad. Así lo aseguraron fuentes consultadas por este periódico, que indicaron que la intención del Cedex es desarrollar un estudio lo más riguroso posible, por lo que el trabajo requerirá un plazo de ejecución de 10 ó 12 meses.El director general del Cedex, Ángel Aparicio, mantuvo ayer un encuentro en Málaga con el presidente de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal, en el que avanzaron sobre la definición del protocolo que tendrán que rubricar para poner en marcha el mencionado estudio. Según las fuentes, este acuerdo no va a firmarse aún debido a que se han introducido en su contenido nuevas cuestiones a tratar en el estudio, para obtener un mayor detalle de los datos de carácter hidrológico en la cuenta y la subcuenca del Guadalmedina.Aunque aún no se ha fijado la fecha para la firma del protocolo, los técnicos del Cedex, en colaboración con la CMA, han empezado a recopilar la documentación que existe sobre el Guadalmedina para ir avanzando en el trabajo que se les va a encargar.

Más de 20 empresas aspiran a ejecutar las obras del tramo en superficie de la Línea 1 del metro (SUR)

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, a través de la empresa pública Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, ha recibido un total de 24 ofertas para el concurso de ejecución de las obras del tramo en superficie de la línea 1 del metro de Málaga. La licitación para la ejecución de las obras de infraestructura y urbanización del tramo Doctor Domínguez-Asperones tiene un presupuesto base de 21,03 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses desde su adjudicación.La apertura de las ofertas técnicas se efectuará el próximo día 19 de febrero, mientras que la de las propuestas económicas se llevará a cabo el 27 del mismo mes. La adjudicación, por parte del Consejo Rector de Ferrocarriles de la Junta, está prevista en el mes de marzo.Los primeros trabajos, una vez adjudicado el concurso, podrían iniciarse en breve plazo, según indicó la Junta en un comunicado, dado que las obras se desarrollan sobre viario público y terrenos de la Universidad de Málaga (UMA), lo que no requiere de procesos de expropiación, puesto que hay convenios con el Ayuntamiento de Málaga y la UMA a tal efecto.

Características

El tramo, que tiene una longitud de 3,05 kilómetros, tiene su origen en el Bulevar Louis Pasteur, a la altura de la Facultad de Medicina, y concluye junto al núcleo de viviendas de Asperones, lugar donde está prevista la implantación de los Talleres y Cocheras del metro.Además de los trabajos de explanación, la superestructura de vía y la integración urbana, el contrato incluye también los postes de la catenaria y las canalizaciones de las distintas instalaciones de comunicaciones, señalización y seguridad.Este tramo, el único que discurre en superficie de la línea 1, constará de cinco paradas. El proyecto constructivo se ha adecuado al plan de ampliación del campus universitario de Málaga. En el proyecto básico de éste, la última parte del trazado era en vía única, al tratarse del ramal técnico de Talleres y Cochera. Al objeto de ampliar la cobertura del servicio a las nuevas instalaciones y equipamientos, el proyecto establece vía doble para todo el trazado, una plataforma con andenes laterales y dos nuevas paradas.

La Fiscalía peinará la provincia en helicóptero en busca de obras ilegales (SUR)

Un representante del Ministerio Público acompaña por primera vez al Seprona en un vuelo para recabar pruebas. Tomaron más de 200 fotografías aéreas y varios vídeos
A vista de pájaro todo se ve más claro. Desde las alturas, se puede observar todo lo que luego se traduce en expedientes, denuncias y delitos. El miércoles, un representante de la Fiscalía especial de Medio Ambiente peinó la provincia de Málaga en un helicóptero de la Guardia Civil en busca de casas ilegales o proyectos en construcción. Según ha podido saber este periódico, un fiscal adscrito a este departamento sobrevoló durante varias horas distintos puntos de la geografía malagueña acompañado de dos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado.Se trata de un vuelo pionero en Málaga, ya que hasta ahora ningún miembro del Ministerio Público había acompañado a la Guardia Civil en las tareas de vigilancia. La finalidad es hacer un reconocimiento aéreo de las construcciones que se levantan en la Costa del Sol, para comprobar luego si se ajustan o no a la legalidad vigente.

Reportaje gráfico

La ruta se prolongó durante toda la mañana del miércoles y, aunque abarcó buena parte de la provincia, se centró en los alrededores del pantano de La Viñuela y en distintos municipios de la Axarquía. El fiscal y los agentes realizaron un amplio reportaje fotográfico de la comarca. En total, se tomaron más de 200 instantáneas y se grabaron varios vídeos de obras que podrían ser denunciadas.Esta radiografía área de Málaga permite recabar documentos gráficos que pueden utilizarse como pruebas. De hecho, las imágenes se convierten en 'ortofotos' digitales, que se superponen sobre los planos del catastro de los últimos años para comprobar si están dentro de una zona donde está permitido construir. Así, las fuentes consultadas explicaron que el papel de los guardias civiles es buscar las ilegalidades e investigarlas, mientras que el del fiscal es «tomar conciencia» de lo que posteriormente le trasladarán en forma de denuncia.Según las mismas fuentes, este vuelo pretende ser el punto de partida de una serie de patrullas conjuntas en helicóptero para diagnosticar el urbanismo en la provincia. No en vano, el Seprona ya venía haciendo recorridos aéreos de este tipo que han permitido radiografiar el litoral malagueño o la Sierra de las Nieves, que fue fotografiada por los agentes hace un mes. Durante las próximas semanas visitarán la zona de Los Alcornocales y el Valle del Genal.

Riesgo de incendios

Con estos vuelos, la Fiscalía de Medio Ambiente no sólo va buscando obras ilegales. La vista aérea de la provincia también permite detectar otros ilícitos como vertidos, ocupación de masas forestales o zonas en situación de riesgo de incendios, según explicaron las fuentes.La patrulla aérea del pasado miércoles concluyó sobre la una del tarde. El fiscal de Medio Ambiente pudo llevarse todos los documentos gráficos y los vídeos del recorrido que realizó con la Guardia Civil para analizarlos más detenidamente.

La segunda piel de la Catedral (SUR)

La primera fase de las obras de remodelación de la cubierta del templo toca a su fin. Dentro de dos meses comenzarán los trabajos para colocar el recubrimiento que evitará filtraciones de agua
PASO A PASO
Las obras de remodelación de la cubierta de la Catedral cuenta con dos fases:

Primera fase: Colocación de las nervaduras de ladrillo perforado sobre las bóvedas de la cubierta. La zona del ábside, crucero y capilla mayor está al 50%; la de la nave central y las laterales, al 15%.

Segunda fase: Colocación de la 'piel de la cubierta', una estructura formada por una cámara contra condensaciones, cartón, armaduras de acero inoxidable, una capa de regulación, una lámina de plomo y todo ello forrado con ladrillos y solería. Se iniciará en abril o mayo.

LAS obras de la cubierta de la Catedral van según lo previsto. Así lo aseguró ayer el aparejador de fábrica del templo, Fernando Ramos. Los minuciosos trabajos para colocar «la segunda piel» a la Manquita, que comenzaron el pasado mes de octubre, están cumpliendo los tiempos y en un año podrán darse por concluidos. El objetivo, según recuerda Ramos, es proteger la cubierta original y evitar filtraciones, humedades y goteras a través de una cobertura aislante formada por varias capas de materiales especiales y de una serie de canaletas que recojan el agua de la lluvia.La primera fase, que consiste en la colocación de las cuadernas de ladrillo perforado, está al 50% en la zona de la cubierta realizada en el siglo XVI -correspondiente a la zona del ábside, el crucero y la capilla mayor- que cuenta con la financiación conjunta del Obispado de Málaga, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.

Plazos cumplidos

En la zona del siglo XVIII -que corresponde a la nave central- las cuadernas están al 15% porque comenzaron un poco más tarde, al ser una obra independiente con la financiación del Gobierno central. «Pero aunque estén menos avanzadas, no es una zona compleja, así que terminarán a la par», aseguró Ramos, quien señaló que el trabajo más difícil de mediciones y replanteos para asegurar que «una gota de agua que caiga en la clave de la bóveda no se detenga y siga al bajante sin dejar charcos» está ya hecho. En dos meses, se pasará a recubrir las cuadernas de las 22 bóvedas con las que cuenta la Catedral con un complicado sistema que cuenta con una capa que evita la transmisión de temperatura de fuera adentro, una cámara contra las condensaciones, cartón, armadura de acero inoxidable, la regularización, la lámina de plomo, forrada con ladrillos, y la solería general. Además, este sistema, según insistió Ramos, no es fija. «La Catedral es una estructura isostática, es decir, que tiene movimiento, así que la nueva cubierta no podía ser rígida, sino que permite absorber los posibles vaivenes del templo para que no se quiebre y vuelva a filtrarse el agua», afirmó. Además, es un arreglo reversible, es decir, que si en el futuro se comprobase que existe un mejor sistema de protección, el que se está instalando en la actualidad podría quitarse sin dañar la cobertura original.

Viviendas por casas de aperos. Mijas (Málaga Hoy)

Residentes en las casas declaradas como ilegales reconocen que no deberían haber construido, pero piden igualdad de trato de las administraciones para todos los casos
No cabe duda de que Mijas se encuentra en una situación urbanística delicada, ya que son muchos los vecinos afectados por residir en viviendas ilegales con expedientes abiertos para su demolición. Los chalets saltan a la vista a ambos lados de los caminos rurales en zonas como Valtocado. Allí, en una minúscula casa prefabricada vive desde hace cuatro años Isabel, junto a su marido Salvador y su hermano José. "Pedimos la licencia de aperos y todavía no nos la han dado, nos hemos gastado 13.000 euros en hacer un carril y levantar un muro de contención bajo la carretera y ahora tenemos que pagar una multa de 22.000 euros", comenta.También tuvieron que hacer una inversión importante para que les llegara la luz legalmente y cada vez que necesitan agua tienen que ir a llenar garrafas al pozo de un vecino. Estas complicaciones se unen, según explica Isabel a la enfermedad de su hermano, quien tiene deficiencia mental y esquizofrenia, y "está acostumbrado a vivir en este lugar". Así, Isabel lamenta la falta de servicios, a pesar de que paga sus impuestos, pero es consciente de que no puede ser de otra manera, al tratarse de una vivienda ilegal colocada en un terreno no urbanizable. Lo que sí demanda fervientemente, coincidiendo con la mayoría de vecinos afectados por las viviendas ilegales, es la igualdad en el trato por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a la hora de abrir expedientes e imponer sanciones. Y es que según denunció Juan, el presidente de la Asociación por la regularización de las viviendas de Mijas, "las multas sólo se han aplicado a algunos, mientras que enormes chalets levantados a escasos metros son supuestamente legales". Asimismo, denunció el campo de golf que se está creando detrás del cerro de Valtocado, y cuya empresa constructora "está dañando el entorno natural".El portavoz de los afectados explicó que hay 3.000 expedientes urbanísticos abiertos, 300 advertencias de demolición y multas que oscilan entre los 600 y los 240.000 euros. "Yo vivo en una casa con licencia de aperos y demolerla me cuesta 12.000 euros, además de la sanción, algo que no me puedo permitir", comenta Juan.Tampoco se encuentra muy boyante la economía de Miguel, quien tendrá que pagar 9.000 euros durante doce meses con su sueldo mileurista. El derribo de su casa es inminente, y si éste finalmente corre a cargo del Ayuntamiento tendrá que abonar también los costes de demolición.Desde el Consistorio han asegurado que están buscando la fórmula para solucionar este problema, mientras que los vecinos creen que "el que debe paralizarlo es el alcalde, al igual que parece que va a ocurrir en Marbella, antes de que se apruebe definitivamente el PGOU", según opina Juan. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mijas tampoco está aprobado definitivamente y por ello, los mijeños afectados por las viviendas ilegales se han manifestado recientemente en el Ayuntamiento, sosteniendo que algunos no tienen otra vivienda en la que permanecer.Hoy el presidente de la asociación mantendrá una nueva reunión con el regidor mijeño, Antonio Sánchez (PSOE), el asesor jurídico y el abogado de los vecinos afectados, al objeto de buscar una salida ante este oscuro panorama.

Expertos debaten sobre la minería, el medio ambiente y el urbanismo (Málaga Hoy)

Unas 60 personas participan en una jornada con la Ley de Calidad Ambiental como clave

Unos 60 expertos se reunieron ayer y continuarán durante el día de hoy en el desarrollo de las II Jornadas sobre Minería, Urbanismo y Medio Ambiente que tienen lugar en BPC Málaga organizado por Gaona Abogados. Las últimas novedades de la Ley Andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental han sido uno de los temas a debate. En este evento han participado como ponentes abogados, técnicos de las delegaciones provinciales de Innovación y Medio Ambiente de la Junta en Málaga y Granada o el fiscal de delitos urbanísticos, Francisco Montijano, que clausuró ayer por la tarde la primera jornada.

El alcalde culpa a terceros del impuesto para legalizar casas (La Opinión)

El PP pide a la Junta que retire al Ayuntamiento de La Viñuela las competencias urbanísticas z El Gobierno andaluz estudiará jurídicamente este asunto, que califica como "inédito"
El Ayuntamiento de La Viñuela niega tajantemente haber enviado cartas a residentes del municipio para reclamarles un pago voluntario de hasta 12.000 euros a cambio de regularizar sus viviendas. El alcalde socialista Juan Millán asegura que el Consistorio en ningún momento ha requerido a los vecinos para que abonen un impuesto urbanístico voluntario al margen de la licencia de obra, tal y como denunció el grupo popular en el municipio y adelantó ayer La Opinión. Además, el regidor considera que el envío de estos escritos podría tratarse de una estafa, para lo que argumenta que "alguien podría estar aprovechándose" de la situación en la localidad, donde los residentes han recibido en las últimas semanas notificaciones de revocación de sus licencias de obras por no ajustarse a la legalidad urbanística."Con la confusión que se ha creado alguien podría estar intentando aprovecharse de estos vecinos, al enviarles cartas en las que se les exige el pago de una cantidad supuestamente para legalizar sus viviendas", señaló el regidor en declaraciones a Efe. Asociación de vecinos. Por su parte, algunos vecinos confirman que en los últimos años cerca de medio centenar de personas ha recibido notificaciones para pagar un "impuesto medioambiental voluntario y libre", e incluso algunos pudieron abonar dicha tasa en las mismas dependencias municipales. Anthony Lindsay Jones aseguró a este periódico que pagó el impuesto en el mismo Consistorio. "Yo pagué y lo hice en el Ayuntamiento. No sé si alguien lo abonó en otro sitio, pero yo lo hice allí, en el mismo lugar donde se abonaba el dinero para la licencia. Creía que lo del pago voluntario y libre era normal, como en el IBI aparece lo del plazo voluntario, no pensé que fuese ilegal", asegura. Los vecinos afectados por las licencias de obra ilegales, la mayoría extranjeros, se han unificado en una asociación denominada ´Save our homes Axarquía´, cuya web es www.soha.es. La plataforma se reunió ayer con urgencia en El camping de La Viñuela, a raíz de la polémica abierta por el presunto cobro de recibos municipales voluntarios.Gary Miles, uno de los portavoces de la asociación, asegura que le cuesta imaginar algo así en Inglaterra. "Allí los cauces legales para abonar impuestos están muy definidos, pero aquí hay casos muy extraños. Los pagos de impuestos como ese voluntario podrían haberse hecho en efectivo o con cheques", explica. Los residentes también se muestran muy preocupados por la situación urbanística de sus viviendas, ante el temor de que se decreten derribos, ya que la mayoría de sus licencias de obra han sido revocadas por instancias judiciales, al no adaptarse el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la zona de la Axarquía. Por su parte, la Junta de Andalucía "estudiará jurídicamente" este asunto para determinar si existe tal impuesto voluntario. "Es una práctica inédita y habrá que valorar si es correcta o no, y determinar si se trata de una simple relación contractual de derecho público. Por el momento se desconoce que haya tenido consecuencias urbanísticas", señalaron fuentes de la administración.El PP, que denunció públicamente este caso, solicita al Gobierno andaluz que retire al Ayuntamiento las competencias urbanísticas. El portavoz del grupo popular en el municipio, Francisco González, explica que el Ayuntamiento "está reclamando un impuesto voluntario o mejor dicho revolucionario de entre 6.000 y 12.000 euros", que "no está regulado en ninguna normativa urbanística". Además, el presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, urge al PSOE a que dé explicaciones y advierte de que si no se resuelve este tema en el ámbito municipal, acudirán a la Fiscalía si es necesario, pues "no se puede cobrar para hacer cumplir la ley".

Fomento prevé el soterramiento del tren del Puerto en dos años (La Opinión)

El Ministerio está terminando el proyecto de obra, con idea de incluirlo en los próximos planes de inversión. El tráfico se cuadruplicará para 2010
La imagen de un tren de mercancías cruzando una calle de la ciudad y los coches parados a la espera de que pase tiene los días contados. El Ministerio de Fomento ya está ultimando el proyecto para soterrar la línea férrea que conecta el Puerto de Málaga con la estación de tren y que eliminará los habituales cortes en la circulación por las calles Héroe de Sostoa, Ayala, Fernán Núñez, Donoso Cortés y Antonio Machado.Los técnicos del Ministerio se encuentran actualmente estudiando cómo compatibilizar las obras con el necesario tránsito de mercancías. Es la última fase de la redacción de este proyecto, que según fuentes de la Autoridad Portuaria "será incluido por Fomento en sus planes de inversiones para los próximos dos años", con un presupuesto aproximado de 20 millones de euros. El proyecto consiste en construir un túnel que comience en la zona portuaria de la plataforma de San Andrés y continúe hasta la estación, a donde llegarían los convoys ya en superficie. Esto eliminará los distintos pasos a nivel que actualmente están activos en medio de las calles y que obligan a parar el tráfico con alguna frecuencia. De cuatro a cinco trenes al día salen desde el Puerto hacia la estación para dar salida a las mercancías que llegan a la ciudad. Lo suelen hacer en horario nocturno o en horas de poco tráfico, aunque hay ocasiones en las que se producen en momentos de más circulación.No obstante, este panorama va a cambiar para el 2010. El muelle 9, con un intenso tráfico de contenedores y vehículos, estará conectado por tren para ese año. Responsables de la Autoridad Portuaria explicaron que, a partir de ese momento, las previsiones son de cuadruplicar el actual tráfico, que pasará a oscilar de 16 a 20 trenes al día. Esa actividad futura obliga a tener previsto el soterramiento, para no entorpecer la vida ciudadana.Este incremento en el paso de los trenes tiene su explicación en que se va a ampliar el tipo de mercancías transportada. Actualmente se centra en semillas de girasol, bovinas de acero y ´clinker´ para la fabricación de cemento en la planta que hay en Antequera. Sin embargo, la conexión con el muelle 9 abrirá el mercado al tráfico de contenedores y de vehículos nuevos. La prevista construcción de un centro logístico en Antequera conectado con el tren potenciará estas perspectivas.Fallo. Las molestias que ocasiona el paso de los trenes suele reducirse a unos minutos de espera. Pero no siempre es así. Un fallo puede convertir este trámite en un atasco.El último ocurrió ayer por la mañana a la altura del paseo Antonio Machado. El sistema de barreras del paso a nivel falló y no se volvió a levantar tras pasar el tren. Ocurrió sobre las 9.15 horas. Tuvo que ser la Policía Local la que abriese el tránsito después de levantar a mano la barrera. Habían pasado 20 minutos y las retenciones ya eran importantes en ambos sentidos.El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), responsable del mantenimiento del sistema de barreras, indicó que el fallo podía deberse "a una avería del aparato o a que alguien lo haya manipulado". El personal de mantenimiento de Adif comenzó ayer el arreglo de este sistema.

Las bóvedas de la Catedral ya se ocultan bajo su segunda piel (La Opinión)

La actuación en la cubierta del Templo Mayor para acabar con las filtraciones marcha a buen ritmo. La primera fase está terminada en un 50 por ciento
La cubierta de la Catedral de Málaga ha cambiado de aspecto en los últimos meses. Con el fin de evitar la humedad y las filtraciones de agua, el pasado mes de octubre se inició una compleja actuación que terminará ocultando las veintidós bóvedas con las que cuenta el Templo Mayor y que permanecerán bajo una impermeable segunda piel. Pese a lo complicada que pueda sonar en principio, el imagen aérea de la denominada ´quinta fachada´ de la Catedral permanecerá idéntico al de antes de la actuación.El ritmo al que marcha el proyecto, concebido por el arquitecto Juan José Jiménez Mata, ganador del concurso de ideas convocado en 2004, es el estipulado y las obras podrían finalizarse en el transcurso de un año o trece meses. La intervención se inició con la colocación de las nervaduras de ladrillos perforados para crear una cámara de aire sobre la que se instalará la nueva cubierta, y la primera fase, correspondiente al techo de la capilla mayor, la girola y el crucero, se encuentra a un 50 por ciento de ejecución. "Una vez acabado el replanteo se han hecho las cuadernas de apoyo de lo que va a ser la segunda piel de las bóvedas, en lo que estamos trabajando ahora mismo", destacó el aparejador de fábrica de la Catedral de Málaga, Fernando Ramos, que precisó que la segunda fase, consistente en la instalación del nuevo techo en la nave central y las laterales, comenzó hace tres meses y está realizada al 15 por ciento.Solución definitiva. Por su parte, el deán de Catedral, Francisco García Mota, explicó que con esta intervención se quiere lograr que las humedades y caídas de piedra y de agua que sufre el Templo "se eliminen de una vez y para siempre", por lo que expresó su deseo de que la solución "sea definitiva".

Cártama plantea dispersar las casi 2.000 VPO que el POT prevé construir en Nueva Aljaima (SUR)

El Ayuntamiento incluirá su propuesta en las alegaciones al plan territorial. Se pretende que las viviendas se repartan por cuatro zonas del término municipal

Cártama no quiere que la denominada área de contenido residencial que la Junta de Andalucía quiere construir en Nueva Aljaima acabe con las posibilidades de otros núcleos para albergar viviendas protegidas. Por eso, el Ayuntamiento planteará a la Administración autonómica la posibilidad de dispersar las cerca de 2.000 VPO que el Plan de Ordenación Territorial (POT) del Área Metropolitana prevé en la mencionada barriada, cerca del apeadero de Renfe.La medida fue anunciada ayer por el alcalde, José Garrido, a través de un comunicado. En concreto, el Consistorio enviará su propuesta dentro de las alegaciones que se presentarán al POT, el documento de ordenación que tramita la Consejería de Obras Públicas. Dicho plan reserva una superficie de unas 160 hectáreas como sector de contenido residencial en Nueva Aljaima con el requisito de que el 60 por ciento de las viviendas que se ejecuten en esa zona sean de VPO.Pese a que en el avance del POT no se plantea un número exacto de casas, fuentes municipales explicaron que, en caso de que se aplique un parámetro de 20 viviendas por hectárea se podrían construir un total de 3.200, de las cuales al menos 1.920 serían protegidas. El planteamiento del equipo de gobierno municipal es que esas 160 hectáreas de uso residencial se dividan en cuatro partes que se dispersen por distintos núcleos del término municipal cartameño, uno de los más extensos de la provincia. «Se cree que esa distribución es beneficiosa porque se fomenta la construcción de VPO y, además, se permite la creación de nuevas actividades económicas y nuevos empleos en los distintos núcleos», señaló el alcalde, quien aprovechó para rechazar «todas esas declaraciones y falsedades que provienen muchas veces de personas que se dedican a especular con el suelo y sólo quieren confundir a los vecinos».

Precios asequibles

De esta forma, el gobierno municipal quiso desmentir los rumores que hablan de la creación de un gueto de viviendas sociales en Nueva Aljaima, recordando que las VPO que se plantean en el POT tendrán un precio de entre 90.000 y 150.000 euros.Además de en Cártama, el plan del Área Metropolitana reserva áreas de oportunidad similares en Álora (barriada de El Puente), Alhaurín de la Torre (El Romeral) y Málaga (Soliva y Campanillas). Los tres ayuntamientos también han mostrado su desacuerdo por esta concentración de viviendas protegidas y apuestan por la dispersión.

El Ayuntamiento de La Viñuela pide hasta 12.000 euros por legalizar casas (La Opinión)

El Consistorio, gobernado por el PSOE, envía decenas de cartas a residentes para exigirles un "pago voluntario y libre como compensación" a cambio de regularizar sus viviendas
El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de La Viñuela, Francisco González, denunció ayer que alrededor de medio centenar de residentes británicos de su municipio han recibido durante los últimos días cartas del Consistorio gobernado por el PSOE donde, para ´regular´ las viviendas ilegales donde residen, se les invita a entregar de una cantidad de forma "voluntaria y libremente, como prestación compensatoria al expediente referenciado". Las peticiones "voluntarias" que solicita el Ayuntamiento oscilan entre los 6.000 y 12.000 euros y, según fuentes consultadas, algunos propietarios ya han pagado en mano o a través de cheques esas cantidades al Ayuntamiento.Las misivas están fechadas en la época en las que se iniciaron las obras de cada vivienda y van selladas por el propio Ayuntamiento, pero no figura ninguna firma ni nombre del remitente. En ella se invita a los dueños de las casa irregulares o ilegales a suscribirlas y a hacer esa aportación voluntaria como fórmula para legalizar sus propiedades. "Los residentes guiados por el miedo y con la certeza de que la carta sirve como justificante de pago para legalizar su vivienda procede a entregar sus ahorros", explica el portavoz del PP en el Ayuntamiento. "Supuestamente la cantidad voluntaria se fija en función del valor del proyecto, pero nos consta que se establecen dependiendo de la renta de la familia, de una forma arbitraria", explicó ayer a este periódico Francisco González.Sin embargo, fuentes consultadas por este periódico aseguran que esa ´carta de pago´ carece de cualquier validez jurídica para legalizar las viviendas que están fuera de planeamiento ya que carecen de un informe jurídico adjunto que avale esa legalidad y no van firmadas por ningún cargo públicoAyer mismo, pasadas las cinco de la tarde, una patrulla de la Guardia Civil, visitaba unas obras que, como consta en un informe municipal del pasado 20 de julio, invaden dominio público. "Ante la situación de crisis, el conflicto que ha abierto el PGOU, los planes urbanísticos de la Junta y las cartas para entregar el dinero voluntario, algunos residentes se han puesto a terminar su obras con la esperanza de poder legalizarlas", apuntaba un vecino en presencia del portavoz del PP y los agentes públicos.González aclara que desde que se recibieron las cartas "varios medios de comunicación de aquel país han creado una auténtica alarma social y que daña también la imagen de la Axarquía como lugar de inversión para el turismo residencial". Para el PP las misivas fueron elaboradas antes de las pasadas municipales, pero se retrasó la entrega para evitar su incidencia en el voto foráneo. Ayer, este periódico intentó contrastar esa versión sin éxito con el Ayuntamiento de La Viñuela."Los británicos se sienten estafados, por eso se reunieron más de trescientos la semana pasada en el restaurante El Camping, junto al embalse. Quieren formar una plataforma sin intereses políticos y, con la ayuda de la prensa, comunicar que tienen miedo a dar sus nombres y a denunciar unos cobros tercermundistas", señaló el gerente de una inmobiliaria.
Temor a perder la casa soñada en la AxarquíaPara propietarios de viviendas que se construyeron incluso antes del año 2000, la revocación por parte de la Junta de Andalucía de licencias municipales en la actualidad va a generar una "inseguridad jurídica bastante grave", pero no menos "triste" es la solución que plantean administraciones como el Ayuntamiento de La Viñuela, "al pedir cantidades de forma voluntaria".El temor entre los residentes a perder la casa que siempre "soñaron" en la parte de la Costa del Sol menos masificada, la comarca de la Axarquía, es enorme. "El ver a una inglesa, en la última de las reuniones, que se pone a llorar y contagia las lágrimas a muchas otras afectadas es algo muy duro. No se puede describir con palabras", indicaba ayer Miguel Benítez, dueño de uno de los restaurantes del entorno donde se localizan en La Viñuela la mayoría de las casas ilegales. "Ojalá que se busque una solución rápida y no chapuzas", matizaba.

Un abogado estima que los dueños de pisos ilegales no compensarán (Málaga Hoy)

José Carlos Aguilera estima que no hay resorte legal ni razón jurídica para que paguen
El letrado José Carlos Aguilera aseguró ayer que "no hay ningún resorte legal ni ninguna razón jurídica en la que se pueda sustentar la pretensión de exigirle a los propietarios o adquirientes de viviendas en Marbella cualquier tipo de contribución al proceso de normalización o regularización de éstas". Aguilera señaló que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "no contempla esa posibilidad" y añadió también que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "es muy clara al respecto". Por otro lado, el abogado, que representa en algunas causas a la ex teniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos, procesada en Malaya, entendió que la posibilidad de otorgar cargas económicas en los compradores si desaparece el promotor es un tema "suscitado a raíz de manifestaciones a mi juicio poco afortunadas de responsables del equipo redactor y de la oficina de Planeamiento, que han generado muchísima inquietud y desazón e incertidumbre".

El fiscal solicita 84 años para una red de multipropiedad que estafó 8,6 millones de euros (La Opinión)

Los acusados se ponían en contacto con propietarios de ´timeshare´, quienes ingresaban el dinero por la reventa de sus paquetes en numerosas cuentas
Fue una estafa de reventa de multipropiedad que copó titulares en todos los medios. Ahora, seis años después, la Fiscalía Anticorrupción ha calificado provisionalmente los hechos y pide la apertura de juicio oral contra los dieciséis integrantes de la trama que, incluso, cambió dos veces de líder. Para todos ellos, se solicitan penas de 84 años y medio de prisión y cuantiosas multas. Los afectados por este ´timo´ son trescientos en varios países europeos, y sólo en las 37 cuentas bancarias de la organización se han intervenido 8,6 millones de euros.El propio acusador público reconoce que los afectados y el dinero defraudado son dos factores "incalculables", dado el tiempo en el que operó la trama. El primer líder fue Anthony M., quien ayudado por su esposa y un español, "desplegó desde Fuengirola la modalidad tristemente conocida como estafa de reventa de multipropiedad", dice el fiscal.Bajo el amparo de una sociedad real, una denominación ficticia y manejando listados de titulares de derechos o semanas de aprovechamiento de tiempo compartido en la Costa del Sol, "establecían un contacto telefónico a través de teleoperadores, ofreciéndoles la gestión de la venta de su ´timeshare´ a un precio muy atractivo con información de un posible comprador que en realidad no existía", aclara el representante del ministerio público.Como condición previa, los acusados exigían el envío de una cantidad de dinero, "al tiempo que para dar apariencia de negocio remitían a la víctima abundante documentación", aclara el acusador público. Como media, llegaban a recibir en algunas de las 37 cuentas de la organización hasta 1.200 euros por semana, dinero que retiraban mediante reintegros o cheques realizados por testaferros. Las víctimas no volvían a saber de la empresa, ya que eran entretenidas hasta que "la sociedad de multipropiedad desaparecía por completo sin dejar rastro", añade el fiscal.Afectados. Hay más de 300 afectados en Estados Unidos, Francia y Alemania, y, de ser condenados, los 16 acusados tendrán que devolver 364.000 euros que pertenecen a quienes sí han denunciado.Numerosos registros en Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos llevaron hasta los responsables de estas sociedades, y hay cuentas bancarias en las que los estafados llegaron a hacer 150 ingresos en cortos periodos de tiempo. Varias de las cuentas intervenidas por la policía contenían, en el momento de la caída del grupo, hasta casi un millón de euros.Con el tiempo, Anthony M. fue sustituido en la cúspide de la red, que operó desde mediados de 2000 hasta 2006, por el sudafricano Willen M. P., quien incluso tenía una persona encargado de protegerlo. Incluso, una sociedad llamada Conectese SL ofrecía a los estafados asesoramiento jurídico "inexistente" ante las autoridades de la Costa del Sol, por el que cobraban al principio 300 euros."Las personas de residencia en el extranjero con las que los acusados pudieron contactar y que fueron defraudadas, por tratarse de un modo de actuación indiscriminado y mantenido durante años, es prácticamente incalculable", aclara el fiscal.En total, la trama estaba compuesta con 28 sociedades a lo largo del tiempo que mutaban con gran capacidad si se veían acorraladas o para escapar de las insistentes búsquedas de explicación a lo que sucedía de los perjudicados. Los delitos de los que le acusan son asociación ilícita, estafa continuada y tenencia ilícita de armas.
Una estafa ya habitual en la Costa del SolSe le conoce como ´timeshare´, pero es un negocio en el que una familia o persona compra una semana o un determinado tiempo de vacaciones en un apartamento de la Costa del Sol, de forma que esos clientes son propietarios del piso en una semana o periodo concreto del año. La estafa de reventa de multipropiedad era así bien fácil: se creaba una sociedad mercantil, se alquilaba un determinado local y se contrataban varios teleoperadores y diversos números de teléfono. Por diferentes medios, hacerse con una lista de propietarios de multipropiedad no es difícil y, a partir de ahí, se les llamaba y se les preguntaba si tenían intención de revender su propiedad, de forma que si contestaban que sí, se les ofrecía asesoramiento y, amparándose en varios requisitos -pago de impuestos, etcétera...-, se les exigía el pago de una cantidad, que se ingresaba en una determinada cuenta corriente. A cambio, los estafados recibían abundante información de la sociedad, y la empresa se comprometía a dar documentación del negocio que habían efectuado en 180 días. A veces les daban largas y otras no volvían a saber nada de la sociedad en cuestión, que bien había sido refundada con otro nombre o había desaparecido. Sólo hay 300 afectados, pero en las cuentas de la red se cuentan por centenares los ingresos efectuados.

Anticorrupción se suma a la acusación de CajaSur contra Rafael Gómez y Jurado. Manilva (Málaga Hoy)

Las demandas de la Fiscalía aluden también a delito fiscal, estafa y falsedad documental.
La Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que ha decidido presentar dos nuevas querellas contra el empresario cordobés Rafael Gómez, propietario de Arenal 2000, y contra el ex director general de CajaSur Francisco Jurado por los mismos hechos que se relatan en las denuncias que la entidad bancaria cordobesa ha interpuesto contra estas dos personas en los últimos días. La novedad sin embargo es que las demandas de la Fiscalía no sólo mencionan un delito de administración desleal, como ocurre en las de CajaSur, sino que también se alude a presuntos delitos de falsedad documental, estafa y delito fiscal. Las querellas de Anticorrupción van además dirigidas contra cuatro personas más: un arquitecto (que todo apunta a que es José Manuel García Pérez, propietario de la firma malagueña Miramar 27 y relacionado con Gómez) y otras tres personas que podrían estar involucradas en el asunto del ex director general, aunque, según las fuentes consultadas, son ajenas a la caja.Pese a que las querellas contra Rafael Gómez y Francisco Jurado se han presentado al mismo tiempo, se trata en principio de dos supuestos hechos delictivos distintos. A Rafael Gómez se le atribuye en concreto el pago de una alta cantidad en agosto de 2004 a la citada Miramar 27 para que esta compañía hiciese de intermediaria ante el Ayuntamiento de Manilva con el fin de que se recalificasen unos terrenos de la empresa Arenal Sur 21, que en ese momento era propiedad conjunta del propio Gómez y CajaSur, aunque quien tenía el control directo de la firma era el empresario. Según la querella de la entidad bancaria, lo que pretendía el propietario de Arenal 2000 era conseguir que aquellos terrenos pasasen a tener unos aprovechamientos de 39.000 metros cuadrados, cuando en principio tenían 4.200. Ese aumento sería del 942 por ciento y estaría muy por encima de lo que marca la ley. CajaSur le reclama ahora por aquellos hechos 849.000 euros a Gómez y la misma cantidad a García Pérez.Fuentes del Ayuntamiento de Manilva confirmaron ayer a este diario que el arquitecto García Pérez presentó una petición de recalificación en noviembre de 2004, aunque no supieron decir qué pasó exactamente con aquellos trámites y con los terrenos. Del mismo modo, señalaron que la petición hecha a través del propietario de Miramar 27 aludía a un convenio anterior del que tampoco se conoce nada más. En 2004, el alcalde de Manilva era Pedro Tirado, ex miembro del GIL, que fue detenido un año después en la operación Ballena Blanca.

Marbella niega que no busque suelo legal para construir colegios (La Opinión)

El equipo de Ángeles Muñoz asegura contar con una sola petición oficial de terrenos por parte de la Junta de Andalucía para construir un nuevo centro educativo
El Ayuntamiento de Marbella aseveró ayer que el equipo de gobierno local continúa trabajando en la obtención de territorio legal para el desarrollo de equipamientos sanitarios y deportivos, extremo que la agrupación municipal del PSOE puso en duda en los últimos días. Concretamente, los socialistas dijeron que el Consistorio no había puesto, hasta el momento, "ni un solo metro cuadrado de suelo a disposición de la Junta de Andalucía".La concejal de Cultura, Carmen Díaz, se refirió ayer a las acusaciones del PSOE, al que censuró además por elegir a los medios de comunicación como vía de comunicación con el equipo de gobierno. "Los problemas, acumulados durante 15 años, se resuelven dialogando y actuando de manera conjunta y no a través de la prensa".Díaz aclaró que su delegación tan sólo tiene registrada una petición de suelo por parte del Gobierno andaluz, para la construcción de un centro educativo en la zona norte de la localidad, en concreto en Xarblanca; por lo que, en su opinión, no existe "constancia oficial" de los proyectos referidos por el PSOE para desarrollar nuevas instalaciones en Río Real y Guadaiza.Por su parte, el edil de Salud, Antonio Maíz, se mostró sorprendido por las acusaciones vertidas por el equipo socialista. "Hace varios meses que el Ayuntamiento ofreció a la Junta de Andalucía una parcela en el norte de la ciudad, que están pendiente de un proceso de permuta, para la creación de un centro de salud", dijo. Maíz recordó que la reserva de suelo para la ampliación del ambulatorio de San Pedro Alcántara aparece reflejada en el BOJA, en una publicación de febrero de 2007 y que la Junta aún no ha hecho nada al respecto. "Seguimos pendientes de que nos den su proyecto y pidan licencia municipal", indicóAsimismo, señaló que la administración autonómica ha descartado la posibilidad de contar con un centro de salud en Las Chapas y transformar el consultorio de Nueva Andalucía en un centro de salud, pese a que el Consistorio ha ofrecido terrenos. "Se han negado a hacerlo porque dicen por que no cuentan allí con un volumen de cartillas suficiente", remachó.Sobre la ampliación del Hospital Costa del Sol, calificó como "paradójico" el hecho de que la Junta de Andalucía incluya una zona comercial en un suelo que sólo tiene uso hospitalario, "en vez de crear una escuela de matronas, por ejemplo".

El número de empresas disueltas se duplica en Málaga y ya alcanza el millar (Málaga Hoy)

La provincia mantiene su tendencia a la baja y en 2007 presentó el peor dato de creación de sociedades de los últimos cinco años, aunque sigue siendo el principal motor andaluz con un 25% del total regional
En Málaga se disolvieron el año pasado 1.039 sociedades mercantiles, es decir, el doble que en 2006 y un tercio de toda Andalucía. También es el tercer peor dato en España, siendo sólo superado por Madrid (3.833) y ligeramente por Barcelona (1.150). Si seguimos con las comparaciones, en Málaga se disolvieron en 2007 más empresas que en todo el País Vasco y que Aragón, Extremadura y Murcia juntas. Los datos que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) son claros y se suman al mazazo que supuso para la economía local conocer la pasada semana que en la provincia ya se superan los 100.000 parados. En economía, todo suele ser un círculo y en este caso la mayoría de las variables están resultando negativas. Javier González de Lara, secretario general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), aseguró ayer a este diario que estaba "preocupado" porque "se empiezan a ver resultados negativos desde el punto de vista microeconómico" y apuntó al mal comportamiento de los servicios, las industrias auxiliares de la construcción o las agencias inmobiliarias como los principales causantes de ese fuerte aumento de las empresas disueltas. Francisco Villalba, director general de Analistas Económicos de Andalucía, afirmó que "se veía venir" ya que "se han creado muchas sociedades para hacer proyectos inmobiliarios concretos que ahora ya no están funcionando". Otras fuentes consultadas por este diario apuntan que, además de la incertidumbre económica, el incremento de sociedades disueltas puede responder al cambio tributario de las sociedades patrimonialistas aprobado el año pasado, por el cual han perdido los beneficios fiscales de los que disponían años atrás. En cualquier caso, el registro obtenido en 2007 es demoledor y encubre, en cierta forma, el dato de creación de empresas del año pasado en Málaga, que tampoco fue bueno. De hecho, fue el peor en los últimos cinco años. En la provincia se constituyeron 6.170 sociedades mercantiles en 2007, medio millar menos que en 2006 que, de por sí, ya fue un número bajo. Málaga mantiene el liderato en creación de empresas en Andalucía y acapara un cuarto del total regional, pero Sevilla está cada vez más cerca. En este caso, González de Lara consideró que "no es una cifra negativa" y que "mantenemos el ritmo dinámico de ejercicios anteriores". El directivo de la patronal malagueña se mostró contrariado con el dato porque "en los tres primeros trimestres mantuvimos más o menos los registros del año anterior, pero se ve que el último trimestre ha sido muy malo". González de Lara reconoció abiertamente que "hay un cambio de ciclo" pero remachó que ese dato es "positivo". Villalba tampoco se echó las manos a la cabeza: "Es más para ocuparse que para preocuparse", dijo, a la vez que reclamó que se hagan "políticas que fortalezcan la economía de las empresas y los ciudadanos favoreciendo el consumo". El director de Analistas Económicos afirmó que el proceso electoral nacional y autonómico "está influyendo de forma importante en Málaga porque no se ve que se haga nada". Con estos mimbres, ¿qué futuro se espera para la economía local? Ni los expertos lo saben. Francisco Villalba destacó que Málaga "no está en una situación crítica" y que su grupo de estudios estima un crecimiento del 4 por ciento en la economía malagueña en 2007. No obstante, "la verdad es que la situación está empeorando de forma muy rápida". Habrá que esperar y, sobre todo, estar prevenidos porque se avecinan olas fuertes.