El interventor del Ayuntamiento de Málaga ha puesto reparos a varios cientos de facturas, valoradas en más de 326.000 euros, impagadas por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y cuyo origen se remonta, en algunos casos, a los años 2002 y 2003. La advertencia emitida por el funcionario municipal se produce ante la decisión del equipo de gobierno del PP de proponer ayer, en el consejo del organismo municipal, la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos con el que dar cabida presupuestaria al citado montante económico.
El reparo pesa sobre un total de 26 partidas, aunque no fue precisado el número total de facturas afectadas. A este respecto, el concejal del PSOE Rafael Granados indicó que durante la sesión se apuntó que hay al menos 432 recibos, de los que buena parte corresponde a servicios de electricidad. Pero "nadie ha sabido decir el número total", apuntó.
Según se desprende del informe del interventor, las facturas objeto de este expediente corresponden, en su mayoría, "a gastos menores de naturaleza corriente por los conceptos de comunidades de propietarios y alquileres, consumos de gas y energía eléctrica, servicios telefónicos, publicaciones en boletines oficiales, inscripciones registrales..."
Al tiempo, señala que tras analizar la aplicación de contabilidad de los ejercicios de procedencia de los gastos de los que se proponen su reconocimiento, "se constata que no contaban, en todo o en parte, con consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica a 31 de diciembre del ejercicio en el que se realizó el gasto". El interventor garantiza, a su vez, que las facturas a abonar "no se encuentran prescritas y que cuentan con el recibido y conforme preceptivo", añadió.
El concejal de Vivienda, Diego Maldonado, recordó que alrededor de 400 (por unos 80.000 euros) de las más de 800 facturas afectadas corresponden a pagos a Endesa que tendrían que haber realizado los vecinos de las viviendas sociales administradas por el organismo. "Son pagos que tienen que hacer los inquilinos, como ocupantes de las viviendas, pero que por la situación económica, sobre todo en 2008, no han sido capaces de abonarlos y nosotros lo hemos adelantado para que no les cortasen la luz", indicó.
A ello hay que sumar, admitió, otros recibos de viajes por cantidades pequeñas de unos cien euros, como es el caso de una correspondiente al año 2002. "Es de un viaje del técnico que montó el expositor en el Salón Inmobiliario de Madrid, que se traspapeló", explicó.
Granados, por su parte, informó de que su grupo votó en contra del punto, al entender "una falta de previsión que haya facturas de hasta hace siete años y que no haya habido tiempo para solucionar este tema antes". "No se ha hecho por falta de sigilo del equipo de gobierno del PP, que no está haciendo los deberes como tiene que ser", añadió.
