Marbella está hoy de celebración. Algunos pueden pensar que es porque la campaña electoral ha tocado a su fin y los políticos han dejado de pedir el voto después de dos semanas recorriendo de arriba abajo la ciudad. Pero no. Al margen de la importancia que tiene la cita de mañana, bautizada como la fiesta de la democracia, el municipio vive hoy la efeméride de uno de los puntos de inflexión en su historia más reciente. Hace justo 365 días el primer Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad en 24 años, con las bendiciones tanto del Ayuntamiento como de la Junta, entraba en vigor con la esperanza de que sirviera para reactivar la economía aún en plena crisis y la incertidumbre de cómo se iba a echar a andar un documento que estaba llamado a poner orden en el caos del gilismo.
Un año después, los frutos quizá sean poco visibles para los vecinos de a pie pero los avances para recomponer un puzzle que a priori parecía de difícil encaje y los beneficios en la imagen de la ciudad vienen avalado por los datos y por el interés de los inversores en levantar sus proyectos. En el primer caso, lo que más preocupaba era la situación de las 16.500 viviendas regularizadas por el Plan General pero que no cruzarán realmente la línea hacia la legalidad hasta que abonen las compensaciones a la localidad.
En mayo del año pasado el Ayuntamiento confiaba en que en el primer año se normalizaran un millar. A día de ayer, con las seis promociones que se han puesto al día, el cómputo ascendía a 464 inmuebles, aunque según explica el concejal delegado de Urbanismo, Pablo Moro, de los 34 expedientes que están en trámite impulsados por otros tantos promotores cuatro se aprobarán de manera inminente, cuando tome posesión el nuevo equipo de gobierno, y elevarán al millar los pisos regularizados y libres ya de cargas.
Pero, ¿qué beneficios ha supuesto para Marbella la regularización del primer medio millar de viviendas? En términos económicos, el Ayuntamiento se ha embolsado 2,8 millones en concepto de pagos directos y 1,2 millones de euros en abonos por infraestructuras pendientes. Por lo que respecta a la entrega de suelo, el municipio ha obtenido 17.765 metros cuadrados de suelo dotacional y 2.949 metros cuadrados de terrenos para la construcción de viviendas de promoción pública (VPP). Terminado el primer año de gracia, el que el Consistorio había dado a los promotores para que voluntariamente regularizaran las viviendas, será el gobierno local el que tome a partir de ahora las riendas. El concejal de Urbanismo señala que se abre una nueva etapa en la que se buscará a los promotores o en su caso a los responsables subsidiarios. «Contaremos con una asistencia técnica para ir tirando de los hilos pero en ningún caso se le reclamarán las compensaciones a los terceros de buena fe», remarca el edil que a partir de mañana estará en funciones. Esto es, será el nuevo equipo de gobierno que salga de las urnas el que adopte las siguientes decisiones.
Expedientes informativos
Algunas comunidades de propietarios también se han pasado en estos meses por las oficinas de Urbanismo para conocer cómo habían quedado sus viviendas en el nuevo planeamiento. En total, se han expedido 70 expedientes en los que se informaba a modo orientativo de las compensaciones que se reclamarán a los promotores, al igual que se han emitido 110 certificados de cargas urbanísticas no solo a particulares sino también a entidades financieras u otros organismo que querían saber el estado de una construcción regularizada.
La legalización de viviendas, pese a ser uno de los lastres urbanísticos más importantes que tenía la ciudad, no ha sido el único frente que se abrió hace un año con la entrada en vigor del Plan General. Los técnicos municipales trabajan ya en acuerdos y planes de sectorización, planes parciales o especiales, o estudios de detalle que suman 25, cinco veces más que en el mismo periodo del año anterior. Se trata de los instrumentos que sirven para desarrollar suelos que requieren de una planificación más pormenorizada.
Desde que el Plan General se puso de largo, además, en el servicio de Planeamiento y Gestión se han incrementado en un 93 por ciento los expedientes tramitados, al pasar de 2.256 a 4.365, lo que denota claros signos de reactivación de un sector que estaba aletargado. «Entiendo que las cosas están avanzando como tienen que avanzar porque al final un año es muy poco tiempo y hemos conseguido incluso más de lo que esperábamos», apunta el concejal sobre un Plan al que se le presume una vida de ocho años.
No a tan largo plazo hay inversiones privadas en cartera. Así lo explican fuentes de la Oficina de Atención al Inversor, que ha atendido en los últimos doce meses 294 citas para orientar a los empresarios sobre posibles suelos en los que han acabado poniendo sus ojos para un minigolf, una clínica oncológica y otra de reproducción asistida o una residencia de ancianos, como ejemplos que se han venido fraguando. «Los inversores lo que están haciendo es posicionarse. No tienen prisa en empezar a poner la piedra mañana, pero sí quieren tener una reserva de suelo donde poder hacerlo dentro de dos o tres años», afirman las mismas fuentes.
Esa es la razón de ser de la propia oficina que asesora a los empresarios: cruzar los datos entre los suelos disponibles, ya sean privados o públicos mediante posibles concesiones, con las inversiones que algunas personas tienen en mente. «Lo más importante es el efecto de seguridad y de confianza que ha generado la aprobación del Plan General y que se consiguió en ese mismo momento, en el minuto uno», remarca el concejal de Urbanismo.
Disponibilidad de suelo
Sobre el terreno, y nunca mejor dicho, los avances más notables están vinculados a la posibilidad de ceder los primeros suelos a otras administraciones para la construcción de equipamientos, caso de la parcela de Bello Horizonte que se vincula al desarrollo del área estratégica de El Realejo, o la construcción de viales que promotores que aún no piensan edificar han ejecutado de manera anticipada tras llegar a acuerdos con el Ayuntamiento, como en El Barronal de la Morena, en Las Chapas. «Los instrumentos de planeamiento, como los planes parciales, no se hacen de un día para otro pero se está trabajando en muchos», añade Moro.
La propia ampliación de La Bajadilla, que la Junta acaba de adjudicar a la unión temporal de empresas (UTE) Nasir Bin Abdullah & Sons, encabezada por el jeque catarí Abdullah Ben Nasser Al-Thani, propietario del Málaga CF, y en la que también participa el Ayuntamiento a través del Puerto Deportivo Marbella SA, tiene vía libre gracias a la entrada en vigor del PGOU, así como el traslado del polígono La Ermita a la zona de la Serranía, aún en una fase muy inicial.
