El Consistorio tramita el primer proyecto para una planta de depósito de escombros. Estepona (SUR)

En el municipio existen varios vertederos que no disponen de la autorización de las administraciones para almacenar estos materiales. La futura instalación promovida por una empresa privada se ubicará en una parcela de 15.500 metros cuadrados, situada en la zona de Lomas del Esparragal

La frenética actividad en el sector de la construcción no ha ido acompañada hasta el momento de la creación de depósitos legales de escombros. El Ayuntamiento de Estepona tramita la aprobación del proyecto de actuación urbanística de la empresa Excavaciones y Desmontes Estepona, S. L. para crear una planta de reciclaje y depósito controlado de residuos procedentes de la construcción y de la demolición de obras. Se trata de la primera propuesta que el Consistorio recibe para realizar este tipo de actividad, pese a que en el municipio existen otros vertederos, que según el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, se encuentran en situación ilegal porque no cuentan con autorización para depositar los materiales. El Consistorio está tratando de regularizar estos vertederos ya que se trata de los únicos lugares que existen para depositar los restos de la construcción, según explicó Duarte. El edil calificó de forma positiva esta propuesta que cuenta con estudio de impacto ambiental y que cumple los requisitos legales; si bien, la Junta de Andalucía tendrá también que dar el visto bueno al proyecto, según indicó el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte.

311 toneladas al día

La futura planta tendrá capacidad para el tratamiento de 311 toneladas diarias de residuos de hormigón, madera, vidrio, plástico, tierra y restos de la construcción. Asimismo, permitirá reciclar estos materiales para producir áridos, que volverán a ser utilizados en la construcción. Las instalaciones se ubicarán en el paraje de Loma del Esparragal sobre una parcela de 15.500 metros cuadrados. El proyecto supondrá una inversión de 570.000 euros para la empresa privada. El expediente del proyecto y el estudio de impacto ambiental se someterán a información pública para que se puedan formular las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de veinte días, a partir de la publicación ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).