La ley no ampara a los compradores de buena fe de viviendas ilegales, ni en Marbella ni en ninguna otra ciudad española. La conclusión se deduce de las explicaciones ofrecidas ayer por el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Segundo Menéndez, que participó en una mesa redonda sobre Urbanismo de la VII Semana Jurídica Malacitana organizada por Cajamar. Según dijo en rueda de prensa antes de su comparecencia, ese tercero de buena fe es el ciudadano "que más se ve perjudicado por las irregularidades urbanísticas".
Explicó que la posición jurídica sobre este asunto "está completamente clarificada" en la jurisprudencia del Supremo y abordó el tema desde dos frentes distintos. Por un lado, Menéndez dijo que la persona que adquiere una vivienda "se subroga en los derechos y en los deberes de aquél que le transmitió el bien inmueble", es decir, la promotora. Y al hacerlo, "se subroga también los deberes urbanísticos", por lo que ese propietario "está sujeto al deber urbanístico de, en su caso, proceder al derribo de aquello que ilegalmente ha sido construido".
La segunda cuestión planteada por el magistrado del Supremo fue si la persona que compra una vivienda fuera de ordenación podría estar protegido "por las garantías" que le otorga el Registro de la Propiedad, concretamente, por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Apuntó que en este plano también existe jurisprudencia y que esa garantía no auxilia a un tercero que adquiere una edificación ilegal. "No lo hace porque ese principio hipotecario lo que protege es el derecho real, el derecho que se tiene sobre una cosa, pero no protege la cosa", añadió. Menéndez concluyó: "Si la cosa -la vivienda-, con arreglo al ordenamiento jurídico debe desaparecer, la cosa debe desaparecer".
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