Vecinos denuncian sin éxito el acoso de ‘asustaviejas’ desde hace seis años (Málaga Hoy)

La mayoría de denuncias por casos de mobbing inmobiliario en Málaga siguen sin solucionarse. Aunque apenas se registran casos nuevos, los que están en los tribunales (calle Mariscal, 5 y San Félix Cantalicio) todavía no tienen fecha de juicio. Y otros vecinos de edificios afectados por asustaviejas continúan con la misma sensación de abandono de hace unos meses, “porque en muy pocas ocasiones se ha hecho algo por ellos”, según dice el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez. En algunos casos, la denuncia lleva ya seis años sin ser escuchada. Es lo que ocurre a los vecinos del inmueble situado en el número 9 de calle Casas de Campos, en el centro de Málaga. Allí, el 18 de julio de 2001, tras la protesta de los vecinos, la Gerencia de Urbanismo ordenó a la propiedad “que con plazo de inicio de un mes y ejecución de dos meses” procediese a la realización de diversas obras que disminuían la calidad de vida de los inquilinos. Al no hacer nada el propietario, se le abrió un expediente por “incumplimiento de la función social de la propiedad”. Este hecho fue recurrido, pero el recurso fue desestimado por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Málaga, que dio carácter firme a la resolución el 6 de marzo de este año. “Es el momento de que el Ayuntamiento ejecute, de manera subsidiaria las obras que pide, como es su obligación”, añade Gutiérrez, que solicita que Urbanismo también inicie el proceso de expropiación que legalmente puede abrir “porque la tardanza de estos procedimientos supondría un perjuicio irreparable para los inquilinos”. En la mayoría de ejemplos, los problemas son los plazos legales. Algo a lo que se agarra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz Guirado, que anuncia “actuaciones ejemplarizantes” contra los propietarios denunciados por mobbing inmobiliario. “Son casos que no se pueden permitir y nosotros debemos actuar porque tenemos la sartén por el mango”, añadió Díaz Guirado. Eso sí, su Gerencia sólo ha actuado en uno de los casos denunciados en el último año, el de calle Mariscal, 5. El resto, “sigue abandonado”, dice el Defensor del Ciudadano. Es lo que ocurre a los vecinos de calle Constancia, en el número 10 de Ancha del Carmen, ambas en la zona de El Perchel. También les pasa a los vecinos del 9 de calle Cárcer (frente al teatro Cervantes). Allí, los problemas hasta el momento proceden de la lentitud de los trámites legales. Y es quizás éste uno de los casos que corresponden al prototipo de denuncia por mobbing inmobiliario. Según explicó ayer Díaz Guirado, los dos inquilinos del edificio denunciaron el abandono del mismo y tras unos desprendimientos, los bomberos realizaron un informe. Poco después, a mediados de 2006, el propietario solicitó la declaración de ruina del edificio, “que es realmente lo preocupante, porque ahí es donde consiguen estas personas que el inmueble sea declarado en ruinas y puedan echar a los inquilinos sin indemnización”, afirma Guirado. En este caso, el Ayuntamiento rechazó en marzo su petición porque entiende que no está en tan malas condiciones después de que el informe refleje que el valor de las obras para que se encuentre en buenas condiciones no supera el 50 por ciento de lo que costaría levantarlo de nuevo. Además, Urbanismo solicita la realización de obras de acondicionamiento de las zonas comunes, el patio, la fachada, lo que fue recurrido por la propiedad y, de nuevo, rechazado por el Ayuntamiento, notificándoselo el 19 de septiembre, día en el que los plazos legales vuelven a empezar. Desde ese día, tiene tres meses para acometer los trabajos de rehabilitación. “En caso de que no lo haga, se le impondrá una sanción y nosotros haremos la obra pasándole luego a él la factura consiguiendo que aquello no se venga abajo como parece querer”. “Eso es lo que debe hacer Urbanismo, pero es necesario que lo haga con mayor rapidez porque parece existir una gran dejadez por su parte”, afirma Francisco Gutiérrez. Algo parecido sucede en los números 3 y 5 de calle Mariscal. En éste último, Urbanismo ya realizó algunas obras que luego debe pagar la propiedad de ambos inmuebles, que es la misma. Sin embargo, los vecinos volvieron a denunciar al propietario por dejarles varias semanas sin agua. Allí todo parece indicar que los edificios pueden salir a subasta una vez se cumpla el año después de su inscripción en el registro municipal de solares e inmuebles. “Se tasa el precio y se vende, aunque el que lo adquiera tiene el compromiso de mejorar las condiciones de los inquilinos, que tienen derecho a mantener sus contratos de alquiler”, concluyó Guirado, que dijo tener pendiente una reunión con el Defensor del Ciudadano, algo que éste le ha reclamado ya en varias ocasiones sin éxito.