El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas revela que Marbella sufre un desequilibrio financiero de 355 millones de euros. Ángeles Muñoz asegura que el documento confirma el "claro atentado" que se cometió "contra el patrimonio del municipio y de sus ciudadanos"
El déficit acumulado por el Ayuntamiento de Marbella asciende a los 2.669 euros por cada uno de sus 132.662 habitantes. En total, un desequilibrio financiero de 335 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas, que abarca el periodo comprendido entre 2002 y abril de 2006. Se cierra, de algún modo, capítulo, pero con la vista puesta en el lastre acumulado y en los modos de salir del embrollo. Se da la paradoja de que el ´agujero´ sale a relucir justo cuando el ´caso Malaya´, el detonante de todo, ha entrado en su segunda fase en esta semana.El referido documento, que fiscaliza la última etapa de los 16 años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), aporta conclusiones "demoledoras" para los intereses de la ciudad y confirma "el claro atentado" que se cometió en esta etapa "contra el patrimonio de Marbella y sus ciudadanos", aseveró ayer la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz.Endeudamiento. En este periodo, las arcas municipales acumularon un endeudamiento financiero de 31,5 millones de euros, sin contar los intereses, y sumaron hasta 20,9 millones en facturas bajo el epígrafe de "a justificar". "Se trata de una práctica muy utilizada para atender todo tipo de operaciones sin que existieran condicionantes objetivos que impidiesen su tramitación ordinaria", indica el texto.Los gestores financieros del Consistorio marbellí en aquel momento dejaron de cobrar 203,7 millones de euros, la mayoría procedentes de enajenaciones de aprovechamientos urbanísticos, derivados de convenios valorados en 69 millones. Del total de los derechos pendientes de cobro, el Tribunal de Cuentas calcula que 96,6 millones ya pueden estar prescritos. De este hecho, Muñoz deduce que, "además de gastar sin ningún control", las anteriores corporaciones municipales "no supieron recaudar ni generar recursos". Aunque, sí organizar un entramado societario, según revela el informe.Entre 2002 y 2006, el Ayuntamiento mantuvo una organización de entidades dependientes formada por tres organismos autónomos y 31 sociedades mercantiles. Sólo nueve de ellas ejercían su actividad al final del ejercicio fiscalizado, a pesar de que la plantilla se incrementó en 388 puestos en el Ayuntamiento y 174 en las sociedades municipales hasta superar, en total, los 3.000 trabajadores. Este aumento del personal, que no pasó por convocatorias públicas, produjo una subida en los gastos de este capítulo, que llegaron a suponer el 75% del presupuesto municipal.El órgano fiscalizador determina que se contrataron obras y suministros a empresas como Brick, Grupo Instaladora, Copasur o Moguda por valor de 21,8 millones que supusieron un perjuicio de 17,4 millones de euros para las arcas municipales, al responder a partidas indebidamente justificadas u obras carentes de proyecto.Asimismo, asegura que se firmaron un total de 98 convenios urbanísticos y se gastaron 14,8 millones en asesores, entre ellos, José María del Nido, que recibió, en 20 meses, 3 millones de euros.
El déficit acumulado por el Ayuntamiento de Marbella asciende a los 2.669 euros por cada uno de sus 132.662 habitantes. En total, un desequilibrio financiero de 335 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas, que abarca el periodo comprendido entre 2002 y abril de 2006. Se cierra, de algún modo, capítulo, pero con la vista puesta en el lastre acumulado y en los modos de salir del embrollo. Se da la paradoja de que el ´agujero´ sale a relucir justo cuando el ´caso Malaya´, el detonante de todo, ha entrado en su segunda fase en esta semana.El referido documento, que fiscaliza la última etapa de los 16 años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), aporta conclusiones "demoledoras" para los intereses de la ciudad y confirma "el claro atentado" que se cometió en esta etapa "contra el patrimonio de Marbella y sus ciudadanos", aseveró ayer la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz.Endeudamiento. En este periodo, las arcas municipales acumularon un endeudamiento financiero de 31,5 millones de euros, sin contar los intereses, y sumaron hasta 20,9 millones en facturas bajo el epígrafe de "a justificar". "Se trata de una práctica muy utilizada para atender todo tipo de operaciones sin que existieran condicionantes objetivos que impidiesen su tramitación ordinaria", indica el texto.Los gestores financieros del Consistorio marbellí en aquel momento dejaron de cobrar 203,7 millones de euros, la mayoría procedentes de enajenaciones de aprovechamientos urbanísticos, derivados de convenios valorados en 69 millones. Del total de los derechos pendientes de cobro, el Tribunal de Cuentas calcula que 96,6 millones ya pueden estar prescritos. De este hecho, Muñoz deduce que, "además de gastar sin ningún control", las anteriores corporaciones municipales "no supieron recaudar ni generar recursos". Aunque, sí organizar un entramado societario, según revela el informe.Entre 2002 y 2006, el Ayuntamiento mantuvo una organización de entidades dependientes formada por tres organismos autónomos y 31 sociedades mercantiles. Sólo nueve de ellas ejercían su actividad al final del ejercicio fiscalizado, a pesar de que la plantilla se incrementó en 388 puestos en el Ayuntamiento y 174 en las sociedades municipales hasta superar, en total, los 3.000 trabajadores. Este aumento del personal, que no pasó por convocatorias públicas, produjo una subida en los gastos de este capítulo, que llegaron a suponer el 75% del presupuesto municipal.El órgano fiscalizador determina que se contrataron obras y suministros a empresas como Brick, Grupo Instaladora, Copasur o Moguda por valor de 21,8 millones que supusieron un perjuicio de 17,4 millones de euros para las arcas municipales, al responder a partidas indebidamente justificadas u obras carentes de proyecto.Asimismo, asegura que se firmaron un total de 98 convenios urbanísticos y se gastaron 14,8 millones en asesores, entre ellos, José María del Nido, que recibió, en 20 meses, 3 millones de euros.
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