La situación urbanística del municipio será analizada en un pleno extraordinario a petición del PP. Mijas (SUR)

La revisión del PGOU, el deslinde de vías pecuarias y la política en materia de vivienda, principales puntos a tratar

'Análisis del desarrollo urbanístico del municipio, con especial incidencia en la revisión del PGOU y el tratamiento de las vías pecuarias en el término municipal y aprobación de medidas encaminadas a reactivar el urbanismo en la localidad'. Éste será el único punto en el orden del día del pleno extraordinario que se celebrará en Mijas, probablemente la segunda semana de mayo, tras la petición formulada ayer por el Grupo Municipal Popular, que deberá ser atendida por el equipo de gobierno al estar respaldada por más del 30% de la Corporación.El concejal del PP, Manuel Navarro, justificó la convocatoria extraordinaria del pleno ante «la urgente necesidad de afrontar serios conflictos que tienen reflejo en la sociedad mijeña, como la desastrosa gestión del Parque Empresarial, la infructuosa política de vivienda y VPO del equipo de gobierno del PSOE, o los numerosos problemas que genera el deslinde de las vías pecuarias que atraviesan el municipio que lleva a cabo la Junta de Andalucía».Asimismo, Navarro se refirió al retraso a la hora de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que, a su juicio, lleva al municipio a encontrarse con un «desarrollo urbanístico absolutamente paralizado, el suelo prácticamente agotado, las mejoras de infraestructuras recogidas en convenios sin poder llevarse a cabo porque han de estar avaladas por la aprobación de la revisión del PGOU y las posibles inversiones que no llegan porque no se ofrecen garantías ni seguridad jurídica a los promotores».En lo que afecta a la política de vivienda, los populares criticaron que sólo se limite a la construcción de VPO y que las 180 que se van a entregar hoy en Molino de Viento sean las primeras «en la última década».Por último, Navarro se refirió al conflicto que está generando el proceso de deslinde de vías pecuarias emprendido por la Junta de Andalucía, el cual calificó de «expropiación encubierta», al afectar a vías pecuarias que atraviesan zonas construidas desde hace una veintena de años y que ahora suponen la paralización de proyectos necesarios como ampliaciones de colegios u otras actuaciones programadas.