Los afectados, que tendrán quince días para alegar, se enfrentan a multas de hasta 60.000 euros. La asociación que aglutina al sector advierte de que no aceptará sanciones ni amenazas y anuncia protestas
Llevan años, en algunos casos décadas, instalados a pie de playa. Son casi parte del paisaje, una estampa criticada por los defensores de que la playa debe ser sólo para los bañistas y defendida por los que gustan de sus bondades gastronómicas y los consideran un elemento fundamental del tipismo de la Costa del Sol. Al margen de las opiniones, lo cierto es que muchos de los establecimientos conocidos como chiringuitos y que se levantan cerca de la orilla en Marbella ocupan más suelo del que permite la Ley de Costas, esto es, invaden la arena sin permiso.
Son al menos el 90 por ciento de los que jalonan el litoral, según reconoce el propio concejal delegado de Playas y Medio Ambiente de Marbella, Antonio Espada. De ellos, una docena acaba de tener noticias de la Demarcación de Costas en forma de expediente sancionador. Este organismo, dependiente del Ministerio de Medo Ambiente, ha abierto a una docena de negocios de la localidad otros tantos expedientes por, según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, ocupar dominio público marítimo-terrestre sin permiso.
Esta infracción está tipificada en la Ley de Costas 22/1988 dentro del capítulo 90 y, de acuerdo con la normativa vigente, los afectados podrían enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros como cuantía máxima. Antes tendrán un plazo de quince días para presentar alegaciones en su defensa, aunque los empresarios confían de partida en que el procedimiento se resuelva finalmente sin ninguna sanción.
Veinte años
Al menos ese es el criterio que defiende Miguel Arrabal, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga. Según explicó a este periódico, Costas tramita ya en la provincia alrededor de 200 expedientes cortados por el mismo patrón: «Se lleva haciendo mal desde hace 20 años, lo aceptamos, pero no se puede querer solucionar todo de la noche a la mañana. No estamos dispuestos a aceptar sanciones ni amenazas». Para empezar, la próxima semana prevén concentrarse a las puertas de la Demarcación de Costas, en el paseo de la Farola, para denunciar «la desidia de Costas con el turismo».
Sobre la mesa, el futuro de decenas de negocios en toda la provincia y unos 60 en Marbella. Los consistorios y los empresarios buscan desde hace meses con este organismo una salida a los chiringuitos, ya que según la Ley de Costas únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre «para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación».
Se abrirían dos opciones. De una parte se permiten instalaciones autorizadas como servicios de temporada que deben ser desmontadas una vez finalizada la época de baño, el 31 de octubre, con una superficie máxima de 20 metros cuadrados. De otra, las instalaciones con concesión, que deben otorgarse por orden ministerial y que no necesitan desmontarse durante el plazo en que se otorguen, tendrán una superficie máxima de 150 metros cuadrados y una distancia mínima entre ellas de 200 metros.
«Somos conscientes de que algunos ocupan más espacio y si hay que mover a alguno, lo moveremos. Lo importante es resolver el problema pero con nuevas adjudicaciones. Después, si ya no cumplen, entonces que se les sancione pero no ahora», valoró ayer el concejal Antonio Espada, que fue muy crítico con la apertura de los expedientes sancionadores por parte de Costas, al igual que el presidente del colectivo, que aglutina a un sector donde hay más de 1.200 empresarios, según sus cifras.
La batalla tiene que ver por tanto con el retranqueo o lo que supondría sacar los negocios de la arena en muchos casos. Los empresarios también se oponen de plano a esta medida porque, a su juicio, iría en contra de la propia filosofía de los establecimientos. «No pueden sacarnos de la playa, es nuestro hábitat», apunta Arrabal, que pone el acento también a los problemas futuros para contar con terrazas, al margen de los 150 metros cuadrados autorizados. «Tendremos que tener terrazas para atender a los turistas, aunque paguemos un suplemento. Lo que no se puede decir es que no habrá terrazas», añadió.
Todos estos flecos están pendientes de las negociaciones emprendidas a tres bandas -Ayuntamiento, empresarios y Demarcación de Costas- e interrumpidas por el relevo hasta en dos ocasiones al frente del organismo de Medio Ambiente, cuya jefatura ostenta actualmente Francisco Hermoso. Este periódico intentó contactar sin éxito con el organismo para conocer su versión.
Precisamente ayer el secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, anunció que había iniciado conversaciones con los representantes de los colectivos de empresarios de playas de la provincia con la intención de mediar ante la Dirección General de Sostenibilidad y el Mar para la reubicación de algunos de los chiringuitos, como obliga la actual Ley de Costas. Heredia demandó a los responsables de Costas que apliquen «la mayor flexibilidad posible» y remarcó que «la disposición al acuerdo es total».
Máximos establecidos
Desde el PSOE explicaron que la Demarcación de Costas está informando a todos los ayuntamientos y a los empresarios de la necesidad de buscar fórmulas para la reubicación de las instalaciones fuera del dominio público y la necesidad de cumplir con los máximos establecidos en relación a la superficie y a las distancias. Hasta el momento sólo cinco municipios han presentado su solicitud y el proyecto, como son Casares, Estepona, Málaga, Fuengirola y Algarrobo, de los cuales los tres primeros se encuentran tramitados y remitidos a la Dirección General para su estudio.
En el caso de Marbella, el Ayuntamiento ha avanzado en las negociaciones para los chiringuitos ubicados entre la zona de Guadalmina y el edificio Skol. De ellos, once quedarían con el nuevo deslinde en zona de dominio público marítimo-terrestre y tendrían que retranquearse. Ese es uno de los grandes problemas.
Llevan años, en algunos casos décadas, instalados a pie de playa. Son casi parte del paisaje, una estampa criticada por los defensores de que la playa debe ser sólo para los bañistas y defendida por los que gustan de sus bondades gastronómicas y los consideran un elemento fundamental del tipismo de la Costa del Sol. Al margen de las opiniones, lo cierto es que muchos de los establecimientos conocidos como chiringuitos y que se levantan cerca de la orilla en Marbella ocupan más suelo del que permite la Ley de Costas, esto es, invaden la arena sin permiso.
Son al menos el 90 por ciento de los que jalonan el litoral, según reconoce el propio concejal delegado de Playas y Medio Ambiente de Marbella, Antonio Espada. De ellos, una docena acaba de tener noticias de la Demarcación de Costas en forma de expediente sancionador. Este organismo, dependiente del Ministerio de Medo Ambiente, ha abierto a una docena de negocios de la localidad otros tantos expedientes por, según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, ocupar dominio público marítimo-terrestre sin permiso.
Esta infracción está tipificada en la Ley de Costas 22/1988 dentro del capítulo 90 y, de acuerdo con la normativa vigente, los afectados podrían enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros como cuantía máxima. Antes tendrán un plazo de quince días para presentar alegaciones en su defensa, aunque los empresarios confían de partida en que el procedimiento se resuelva finalmente sin ninguna sanción.
Veinte años
Al menos ese es el criterio que defiende Miguel Arrabal, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga. Según explicó a este periódico, Costas tramita ya en la provincia alrededor de 200 expedientes cortados por el mismo patrón: «Se lleva haciendo mal desde hace 20 años, lo aceptamos, pero no se puede querer solucionar todo de la noche a la mañana. No estamos dispuestos a aceptar sanciones ni amenazas». Para empezar, la próxima semana prevén concentrarse a las puertas de la Demarcación de Costas, en el paseo de la Farola, para denunciar «la desidia de Costas con el turismo».
Sobre la mesa, el futuro de decenas de negocios en toda la provincia y unos 60 en Marbella. Los consistorios y los empresarios buscan desde hace meses con este organismo una salida a los chiringuitos, ya que según la Ley de Costas únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre «para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación».
Se abrirían dos opciones. De una parte se permiten instalaciones autorizadas como servicios de temporada que deben ser desmontadas una vez finalizada la época de baño, el 31 de octubre, con una superficie máxima de 20 metros cuadrados. De otra, las instalaciones con concesión, que deben otorgarse por orden ministerial y que no necesitan desmontarse durante el plazo en que se otorguen, tendrán una superficie máxima de 150 metros cuadrados y una distancia mínima entre ellas de 200 metros.
«Somos conscientes de que algunos ocupan más espacio y si hay que mover a alguno, lo moveremos. Lo importante es resolver el problema pero con nuevas adjudicaciones. Después, si ya no cumplen, entonces que se les sancione pero no ahora», valoró ayer el concejal Antonio Espada, que fue muy crítico con la apertura de los expedientes sancionadores por parte de Costas, al igual que el presidente del colectivo, que aglutina a un sector donde hay más de 1.200 empresarios, según sus cifras.
La batalla tiene que ver por tanto con el retranqueo o lo que supondría sacar los negocios de la arena en muchos casos. Los empresarios también se oponen de plano a esta medida porque, a su juicio, iría en contra de la propia filosofía de los establecimientos. «No pueden sacarnos de la playa, es nuestro hábitat», apunta Arrabal, que pone el acento también a los problemas futuros para contar con terrazas, al margen de los 150 metros cuadrados autorizados. «Tendremos que tener terrazas para atender a los turistas, aunque paguemos un suplemento. Lo que no se puede decir es que no habrá terrazas», añadió.
Todos estos flecos están pendientes de las negociaciones emprendidas a tres bandas -Ayuntamiento, empresarios y Demarcación de Costas- e interrumpidas por el relevo hasta en dos ocasiones al frente del organismo de Medio Ambiente, cuya jefatura ostenta actualmente Francisco Hermoso. Este periódico intentó contactar sin éxito con el organismo para conocer su versión.
Precisamente ayer el secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, anunció que había iniciado conversaciones con los representantes de los colectivos de empresarios de playas de la provincia con la intención de mediar ante la Dirección General de Sostenibilidad y el Mar para la reubicación de algunos de los chiringuitos, como obliga la actual Ley de Costas. Heredia demandó a los responsables de Costas que apliquen «la mayor flexibilidad posible» y remarcó que «la disposición al acuerdo es total».
Máximos establecidos
Desde el PSOE explicaron que la Demarcación de Costas está informando a todos los ayuntamientos y a los empresarios de la necesidad de buscar fórmulas para la reubicación de las instalaciones fuera del dominio público y la necesidad de cumplir con los máximos establecidos en relación a la superficie y a las distancias. Hasta el momento sólo cinco municipios han presentado su solicitud y el proyecto, como son Casares, Estepona, Málaga, Fuengirola y Algarrobo, de los cuales los tres primeros se encuentran tramitados y remitidos a la Dirección General para su estudio.
En el caso de Marbella, el Ayuntamiento ha avanzado en las negociaciones para los chiringuitos ubicados entre la zona de Guadalmina y el edificio Skol. De ellos, once quedarían con el nuevo deslinde en zona de dominio público marítimo-terrestre y tendrían que retranquearse. Ese es uno de los grandes problemas.
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