Los adjudicatarios de viviendas de promoción oficial cuyas rentas no superen los 18.090 euros no tendrán que estar obligatoriamente al día en el pago de impuestos y multas, como ocurre hasta ahora. Esta exoneración es una de las principales novedades que introduce la orden que desarrolla el Plan Concertado de Vivienda y Suelo que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en los próximos días.
La orden introduce medidas para facilitar los trámites en el complejo proceso de tramitación de viviendas públicas y modifica ciertos criterios, como las superficies máximas, para que los promotores que no logran vender sus viviendas libres las puedan convertir en protegidas.
En el caso de la compra de una VPO, la exoneración del deber de estar al día en los pagos con las administraciones beneficiará a las familias cuyos ingresos no superen en dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), antiguo salario mínimo, que para este año está fijado en 7.236 euros. En los casos de rehabilitación de viviendas, el umbral se eleva a 2,5 veces el IPREM. La medida tiene un efecto acelerador, ya que evita paralizar la entrega de una promoción entera de viviendas en caso de que un adjudicatario individual tenga deudas con la Administración, como viene ocurriendo hasta ahora.
Paralelamente, la orden también exonera a los ayuntamientos de estar al corriente de sus pagos para poder participar de programas concertados de vivienda pública con la Junta u otras administraciones.
La orden permite una desviación del 15% en la superficies mínimas y máximas de las viviendas protegidas al objeto de favorecer la conversión de viviendas libres que no se venden. Con esta medida, la Junta espera que aumente el número de casas que los promotores han ofrecido como VPO, unas 3.500 hasta el momento.
Uno de los objetivos de la orden es facilitar la compleja tramitación burocrática de la promoción de viviendas protegidas. Para ello, a partir de 2009 se podrán presentar las solicitudes de forma telemática, no será necesaria la presentación de documentos personales como el DNI, certificados de empadronamiento o declaración del IRPF porque el sistema informático permitirá a la administración el acceso a una base de datos para comprobar los datos necesarios y el pago de la subvenciones podrá realizarse a través el banco. Para los promotores se agilizan los trámites de los sorteos obligatorios para la adjudicación de VPO.
Una disposición adicional va a permitir que los promotores que tras obtener la calificación de VPO y construir la vivienda no logren venderla a su adjudicatario, puedan entregarla en alquiler con derecho a compra. Esta medida permite una doble garantía: despeja al promotor el riesgo de que se le quede alguna vivienda vacía, y permite al beneficiario disfrutar de su derecho en el caso de se quede en paro o el banco le ponga trabas para concederle la hipoteca.
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo contempla la construcción de 700.000 viviendas, 300.000 de ellas de VPO en los próximos diez años. Para asegurar el desarrollo del plan, la Junta y varias entidades financieras firmarán el próximo miércoles 19 un convenio de colaboración que fija las dotaciones que cada una de ellas aportará para financiar la construcción de viviendas.
La orden introduce medidas para facilitar los trámites en el complejo proceso de tramitación de viviendas públicas y modifica ciertos criterios, como las superficies máximas, para que los promotores que no logran vender sus viviendas libres las puedan convertir en protegidas.
En el caso de la compra de una VPO, la exoneración del deber de estar al día en los pagos con las administraciones beneficiará a las familias cuyos ingresos no superen en dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), antiguo salario mínimo, que para este año está fijado en 7.236 euros. En los casos de rehabilitación de viviendas, el umbral se eleva a 2,5 veces el IPREM. La medida tiene un efecto acelerador, ya que evita paralizar la entrega de una promoción entera de viviendas en caso de que un adjudicatario individual tenga deudas con la Administración, como viene ocurriendo hasta ahora.
Paralelamente, la orden también exonera a los ayuntamientos de estar al corriente de sus pagos para poder participar de programas concertados de vivienda pública con la Junta u otras administraciones.
La orden permite una desviación del 15% en la superficies mínimas y máximas de las viviendas protegidas al objeto de favorecer la conversión de viviendas libres que no se venden. Con esta medida, la Junta espera que aumente el número de casas que los promotores han ofrecido como VPO, unas 3.500 hasta el momento.
Uno de los objetivos de la orden es facilitar la compleja tramitación burocrática de la promoción de viviendas protegidas. Para ello, a partir de 2009 se podrán presentar las solicitudes de forma telemática, no será necesaria la presentación de documentos personales como el DNI, certificados de empadronamiento o declaración del IRPF porque el sistema informático permitirá a la administración el acceso a una base de datos para comprobar los datos necesarios y el pago de la subvenciones podrá realizarse a través el banco. Para los promotores se agilizan los trámites de los sorteos obligatorios para la adjudicación de VPO.
Una disposición adicional va a permitir que los promotores que tras obtener la calificación de VPO y construir la vivienda no logren venderla a su adjudicatario, puedan entregarla en alquiler con derecho a compra. Esta medida permite una doble garantía: despeja al promotor el riesgo de que se le quede alguna vivienda vacía, y permite al beneficiario disfrutar de su derecho en el caso de se quede en paro o el banco le ponga trabas para concederle la hipoteca.
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo contempla la construcción de 700.000 viviendas, 300.000 de ellas de VPO en los próximos diez años. Para asegurar el desarrollo del plan, la Junta y varias entidades financieras firmarán el próximo miércoles 19 un convenio de colaboración que fija las dotaciones que cada una de ellas aportará para financiar la construcción de viviendas.
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