La Oficina del Defensor del Ciudadano recoge una veintena de casos de 'mobbing'. La guía marca las pautas para las víctimas
El acoso o 'mobbing' inmobiliario es la historia de David contra Goliat del siglo XXI. Pero los inquilinos no están solos en esta batalla. Ése es el mensaje que se desprende del libro 'El acoso inmobiliario: una lucha desigual', elaborado por la Oficina del Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga, el primer título que trata de forma específica este problema y que desgrana una veintena de casos en la provincia como ejemplo de un problema que viven a diario cientos de personas.
El libro establece las prácticas más comunes del acoso inmobiliario y establece las pautas que debe seguir el inquilino para no ceder a las pretensiones de los propietarios. Olvidar el mantenimiento, destrozar la vivienda, negarse al cobro del alquiler o proferir amenazas y denuncias son las armas que utiliza el acosador. Por su parte, el acosado debe recoger el máximo de documentación sobre el caso, conocer la situación jurídica del inmueble, pagar el alquiler y que quede constancia, denunciar las deficiencias del inmueble y acudir a asociaciones y entidades que se encarguen de defender sus derechos para evitar que le expulsen del piso de forma irregular.
Falta de información
«El problema es que las víctimas del mobbing inmobiliario suelen ser personas mayores y personas con pocos recursos que desconocen sus derechos como inquilinos de renta antigua», afirma Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano.
Gutiérrez explica que ya se están dando las primeras sentencias sobre estos casos que sentarán precedentes en el futuro. Además, explica que la vía judicial no es la única y que la mediación que realizan instituciones como el defensor del ciudadano están solucionando muchos conflictos. El libro, que se presentó ayer en un acto en la Diputación de Málaga, cuenta con la colaboración de los colegios de Abogados, Aparejadores y Arquitectos de Málaga, además del Defensor del Pueblo andaluz y del recién nombrado fiscal antiacoso de Barcelona. MÁS INFORMACIÓN I Defensor del Ciudadano. 900 115 900
El acoso o 'mobbing' inmobiliario es la historia de David contra Goliat del siglo XXI. Pero los inquilinos no están solos en esta batalla. Ése es el mensaje que se desprende del libro 'El acoso inmobiliario: una lucha desigual', elaborado por la Oficina del Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga, el primer título que trata de forma específica este problema y que desgrana una veintena de casos en la provincia como ejemplo de un problema que viven a diario cientos de personas.
El libro establece las prácticas más comunes del acoso inmobiliario y establece las pautas que debe seguir el inquilino para no ceder a las pretensiones de los propietarios. Olvidar el mantenimiento, destrozar la vivienda, negarse al cobro del alquiler o proferir amenazas y denuncias son las armas que utiliza el acosador. Por su parte, el acosado debe recoger el máximo de documentación sobre el caso, conocer la situación jurídica del inmueble, pagar el alquiler y que quede constancia, denunciar las deficiencias del inmueble y acudir a asociaciones y entidades que se encarguen de defender sus derechos para evitar que le expulsen del piso de forma irregular.
Falta de información
«El problema es que las víctimas del mobbing inmobiliario suelen ser personas mayores y personas con pocos recursos que desconocen sus derechos como inquilinos de renta antigua», afirma Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano.
Gutiérrez explica que ya se están dando las primeras sentencias sobre estos casos que sentarán precedentes en el futuro. Además, explica que la vía judicial no es la única y que la mediación que realizan instituciones como el defensor del ciudadano están solucionando muchos conflictos. El libro, que se presentó ayer en un acto en la Diputación de Málaga, cuenta con la colaboración de los colegios de Abogados, Aparejadores y Arquitectos de Málaga, además del Defensor del Pueblo andaluz y del recién nombrado fiscal antiacoso de Barcelona. MÁS INFORMACIÓN I Defensor del Ciudadano. 900 115 900
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