El alcalde justifica el retraso en la caída de los ingresos municipales, aunque asegura que abonarán la deuda La empresa ha acudido a la vía judicial
La crisis del ladrillo se acentúa y ni las obras públicas parecen librarse de los impagos. Así, la empresa constructora de la Jefatura de Policía Local en Mijas, Edificaciones Castelló, S. A., se ha visto obligada a denunciar al Ayuntamiento ante el juzgado número 2 de Fuengirola por el impago que sufre fruto de las últimas modificaciones en el edificio. Un montante que asciende a 400.000 euros y que parece estar ahogando a la entidad promotora.
La situación parece haberse agravado tanto que, según declaró el edil del PP, Manuel Navarro, la polémica se resolverá en los juzgados. Para el concejal de la oposición, «es el resultado de la mala gestión municipal que, a medida que avanzaba la ejecución de las dependencias, modificaban actuaciones que acabaron encareciendo los trabajos medio millón de euros más de lo presupuestado».
Sin embargo, desde el Ayuntamiento, el alcalde, Antonio Sánchez, quiso contestar que «las modificaciones se realizaban para introducir mejoras con el ánimo de que hacer más cómodo el trabajo del cuerpo de seguridad». Por otra parte, «y como no puede ser menos» recalcó el primer edil, «los pagos a la promotora se realizarán aunque se han retrasado porque la actual coyuntura económica ha mermado los ingresos municipales previstos con los que se pretendía hacer frente a este acreedor».
Más problemas
La inversión total de la comisaría supuso un gasto municipal de 3,4 millones de euros (2,7 para su construcción y otros 700.000 euros para equipamientos) e incluso, el PP recordaba ayer que «en abril de 2007 el equipo de gobierno solicitó a la Junta de Andalucía que participase financiando un 50% de los gastos, hecho que nunca se produjo». Pero el impago no parece ser el único problema, y es que según han denunciado el grupo en de la oposición en más de una ocasión, «la falta de una subestación eléctrica en la zona provoca que la instalación trabaje, más de medio año después de su inauguración, con luz de obra».
Desde el Ayuntamiento se quiso aclarar que los incrementos en el presupuesto de los trabajos de la comisaría «fueron en su mayoría, fruto de imponderables propios de unos trabajos de tal magnitud». Por ello, el mandatario destacó que «no obedece a caprichos de la corporación municipal, sino a necesidades urbanísticas que deben cumplirse para completar las obras». En este sentido, resaltó que las mejoras de tabiquería perseguían aumentar el espacio de los vestuarios y los trabajos exteriores se encarecieron para mejorar la impermeabilización del recinto. Según los populares, estos últimos remates supusieron un incremento de 45.000 euros «que casi resultaban innecesarios» apuntó Navarro.
La ubicación de la comisaría, en el camino Viejo de Coín, es otro de los aspectos criticados, por encontrarse en una zona de gran densidad de tráfico.
La crisis del ladrillo se acentúa y ni las obras públicas parecen librarse de los impagos. Así, la empresa constructora de la Jefatura de Policía Local en Mijas, Edificaciones Castelló, S. A., se ha visto obligada a denunciar al Ayuntamiento ante el juzgado número 2 de Fuengirola por el impago que sufre fruto de las últimas modificaciones en el edificio. Un montante que asciende a 400.000 euros y que parece estar ahogando a la entidad promotora.
La situación parece haberse agravado tanto que, según declaró el edil del PP, Manuel Navarro, la polémica se resolverá en los juzgados. Para el concejal de la oposición, «es el resultado de la mala gestión municipal que, a medida que avanzaba la ejecución de las dependencias, modificaban actuaciones que acabaron encareciendo los trabajos medio millón de euros más de lo presupuestado».
Sin embargo, desde el Ayuntamiento, el alcalde, Antonio Sánchez, quiso contestar que «las modificaciones se realizaban para introducir mejoras con el ánimo de que hacer más cómodo el trabajo del cuerpo de seguridad». Por otra parte, «y como no puede ser menos» recalcó el primer edil, «los pagos a la promotora se realizarán aunque se han retrasado porque la actual coyuntura económica ha mermado los ingresos municipales previstos con los que se pretendía hacer frente a este acreedor».
Más problemas
La inversión total de la comisaría supuso un gasto municipal de 3,4 millones de euros (2,7 para su construcción y otros 700.000 euros para equipamientos) e incluso, el PP recordaba ayer que «en abril de 2007 el equipo de gobierno solicitó a la Junta de Andalucía que participase financiando un 50% de los gastos, hecho que nunca se produjo». Pero el impago no parece ser el único problema, y es que según han denunciado el grupo en de la oposición en más de una ocasión, «la falta de una subestación eléctrica en la zona provoca que la instalación trabaje, más de medio año después de su inauguración, con luz de obra».
Desde el Ayuntamiento se quiso aclarar que los incrementos en el presupuesto de los trabajos de la comisaría «fueron en su mayoría, fruto de imponderables propios de unos trabajos de tal magnitud». Por ello, el mandatario destacó que «no obedece a caprichos de la corporación municipal, sino a necesidades urbanísticas que deben cumplirse para completar las obras». En este sentido, resaltó que las mejoras de tabiquería perseguían aumentar el espacio de los vestuarios y los trabajos exteriores se encarecieron para mejorar la impermeabilización del recinto. Según los populares, estos últimos remates supusieron un incremento de 45.000 euros «que casi resultaban innecesarios» apuntó Navarro.
La ubicación de la comisaría, en el camino Viejo de Coín, es otro de los aspectos criticados, por encontrarse en una zona de gran densidad de tráfico.
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