El escrito de José Mora que el Ayuntamiento envió a Obras Públicas no siguió el trámite oficial ni fue registrado · El técnico validaba una promoción de otro detenido en el caso contra la corrupción
La Junta de Andalucía archivó en febrero de 2006 una denuncia presentada contra una de las promociones ahora investigadas en la operación Arcos en el municipio de Alcaucín basándose en un informe realizado por el jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación provincial de Málaga, José Francisco Mora, encarcelado en el marco de esta actuación contra la corrupción urbanística. Según documentos a los que tuvo acceso este periódico, la promoción residencial objeto de la denuncia fue impulsada por Crocasa, vinculada a otros dos arrestados en el caso, en el que también ha sido encarcelado el ya ex alcalde socialista de este pueblo José Manuel Martín Alba.
La información pone de manifiesto que la Delegación provincial de Obras Públicas, en aquel momento encabezada por José María Ruiz Povedano, asumió como válidos los argumentos expuestos por Mora en un informe fechado el 13 de diciembre de 2005, en el que se daban visos de legalidad a la actuación residencial objeto de la denuncia, vinculada con las alturas de la edificación.
En este último escrito, el urbanista incluye el sello del ente supramunicipal, aunque no se recoge registro de salida que lo valide. De acuerdo con el texto, Mora dice realizar este trabajo "a solicitud del Ayuntamiento de Alcaucín, a través del Servicio de Arquitectura de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga". No obstante, desde el organismo provincial insistían ayer en que cualquier escrito oficial de Diputación que no esté registrado es "irregular".
En la resolución de archivo de la Junta, firmada por la jefa de la sección de Protección de Legalidad Urbanística, María José Mata, se consideran "correctas" las alturas del edificio denunciado "de conformidad con informe emitido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga"; es decir, en base al escrito irregular de Mora. Y precisa: "Habiendo ejercido el Ayuntamiento (de Alcaucín) las competencias que le son propias en el ámbito de disciplina urbanística, no cabe actuación alguna por parte de esta Delegación".
Sobre este punto abundaban ayer fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio consultadas por este periódico. Las mismas señalaron que de acuerdo con la legalidad vigente y en términos genéricos la competencia en la materia corresponde a los municipios, con lo que la intervención de la Administración autonómica se produce en caso de inacción por parte de la corporación local. No obstante, indicaron que se investigará internamente respecto a lo sucedido en este caso concreto en el municipio de Alcaucín.
Cabe recordar que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, informó el pasado sábado de que su departamento había tramitado un total de 21 denuncias de particulares sobre el urbanismo en Alcaucín e impugnado 27 acuerdos del Consistorio.
El conjunto residencial que motivó la denuncia recibe el nombre de Al-Cautín, promoción sobre la que el jefe adjunto de Arquitectura de Diputación emitió un nuevo informe, de diciembre de 2006, en el que se recuerda que la promoción se ha realizado en suelo que cuenta con un Plan Parcial de Ordenación sector UR 4-B "aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga en su sesión de 20 de julio de 1998, siendo su uso residencial familiar".
Respecto a la investigación, el auto de la juez encargada del caso Arcos justifica la prisión incondicional contra el alcalde de Alcaucín y el arquitecto de Diputación ante la posibilidad de que pudieran manipular u ocultar documentos importantes para avanzar en la causa o por la influencia que pudieran ejercer en libertad, dada la personalidad de los dos presuntos implicados y la gravedad de los delitos que se imputan -cohecho, falsedad documental y prevaricación-, según fuentes de la investigación. El auto de prisión precisa que esta medida, "dado su carácter excepcional", puede ser alzada y "sustituida por una medida menos gravosa".
Los agentes de la Guardia Civil han comenzado a estudiar todos los archivos intervenidos en los ordenadores de Mora para determinar si se pueden seguir nuevas líneas de indagación. De momento, por los indicios recopilados y las conversaciones telefónicas grabadas, los agentes mantienen la tesis de que el jefe técnico de la institución provincial logró la tramitación de documentos urbanísticos para favorecer la construcción de viviendas ilegales en Alcaucín a espaldas de sus jefes en la Diputación, según las fuentes.
Sin embargo, aunque tienen la convicción de que percibía sumas de dinero importantes por facilitar esos negocios irregulares, hasta ahora los miembros del Instituto Armado no han conseguido probar un supuesto enriquecimiento ilícito del imputado, que además de los ingresos por Diputación manejaba también cantidades importantes gracias al despacho privado en el que trabaja su mujer.
La Junta de Andalucía archivó en febrero de 2006 una denuncia presentada contra una de las promociones ahora investigadas en la operación Arcos en el municipio de Alcaucín basándose en un informe realizado por el jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación provincial de Málaga, José Francisco Mora, encarcelado en el marco de esta actuación contra la corrupción urbanística. Según documentos a los que tuvo acceso este periódico, la promoción residencial objeto de la denuncia fue impulsada por Crocasa, vinculada a otros dos arrestados en el caso, en el que también ha sido encarcelado el ya ex alcalde socialista de este pueblo José Manuel Martín Alba.
La información pone de manifiesto que la Delegación provincial de Obras Públicas, en aquel momento encabezada por José María Ruiz Povedano, asumió como válidos los argumentos expuestos por Mora en un informe fechado el 13 de diciembre de 2005, en el que se daban visos de legalidad a la actuación residencial objeto de la denuncia, vinculada con las alturas de la edificación.
En este último escrito, el urbanista incluye el sello del ente supramunicipal, aunque no se recoge registro de salida que lo valide. De acuerdo con el texto, Mora dice realizar este trabajo "a solicitud del Ayuntamiento de Alcaucín, a través del Servicio de Arquitectura de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga". No obstante, desde el organismo provincial insistían ayer en que cualquier escrito oficial de Diputación que no esté registrado es "irregular".
En la resolución de archivo de la Junta, firmada por la jefa de la sección de Protección de Legalidad Urbanística, María José Mata, se consideran "correctas" las alturas del edificio denunciado "de conformidad con informe emitido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga"; es decir, en base al escrito irregular de Mora. Y precisa: "Habiendo ejercido el Ayuntamiento (de Alcaucín) las competencias que le son propias en el ámbito de disciplina urbanística, no cabe actuación alguna por parte de esta Delegación".
Sobre este punto abundaban ayer fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio consultadas por este periódico. Las mismas señalaron que de acuerdo con la legalidad vigente y en términos genéricos la competencia en la materia corresponde a los municipios, con lo que la intervención de la Administración autonómica se produce en caso de inacción por parte de la corporación local. No obstante, indicaron que se investigará internamente respecto a lo sucedido en este caso concreto en el municipio de Alcaucín.
Cabe recordar que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, informó el pasado sábado de que su departamento había tramitado un total de 21 denuncias de particulares sobre el urbanismo en Alcaucín e impugnado 27 acuerdos del Consistorio.
El conjunto residencial que motivó la denuncia recibe el nombre de Al-Cautín, promoción sobre la que el jefe adjunto de Arquitectura de Diputación emitió un nuevo informe, de diciembre de 2006, en el que se recuerda que la promoción se ha realizado en suelo que cuenta con un Plan Parcial de Ordenación sector UR 4-B "aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga en su sesión de 20 de julio de 1998, siendo su uso residencial familiar".
Respecto a la investigación, el auto de la juez encargada del caso Arcos justifica la prisión incondicional contra el alcalde de Alcaucín y el arquitecto de Diputación ante la posibilidad de que pudieran manipular u ocultar documentos importantes para avanzar en la causa o por la influencia que pudieran ejercer en libertad, dada la personalidad de los dos presuntos implicados y la gravedad de los delitos que se imputan -cohecho, falsedad documental y prevaricación-, según fuentes de la investigación. El auto de prisión precisa que esta medida, "dado su carácter excepcional", puede ser alzada y "sustituida por una medida menos gravosa".
Los agentes de la Guardia Civil han comenzado a estudiar todos los archivos intervenidos en los ordenadores de Mora para determinar si se pueden seguir nuevas líneas de indagación. De momento, por los indicios recopilados y las conversaciones telefónicas grabadas, los agentes mantienen la tesis de que el jefe técnico de la institución provincial logró la tramitación de documentos urbanísticos para favorecer la construcción de viviendas ilegales en Alcaucín a espaldas de sus jefes en la Diputación, según las fuentes.
Sin embargo, aunque tienen la convicción de que percibía sumas de dinero importantes por facilitar esos negocios irregulares, hasta ahora los miembros del Instituto Armado no han conseguido probar un supuesto enriquecimiento ilícito del imputado, que además de los ingresos por Diputación manejaba también cantidades importantes gracias al despacho privado en el que trabaja su mujer.
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