Las cien personas que entraron ilegalmente en las casas embargadas se fueron en la medianoche del martes ante la presencia de la Guardia Civil y la Policía Local
Silencio, agentes municipales y algún que otro sofá en la calle era lo único que había ayer ante los apartamentos de lujo de La Cala Hills, en Mijas, lugar en el que el pasado domingo se habían instalado ilegalmente más de treinta familias tras percatarse de que las viviendas estaban desocupadas. No obstante, el "sueño" de este centenar de personas que conformaban el grupo se ha esfumado después de que abandonaran la zona el martes a la medianoche bajo la presencia de la Guardia Civil y la Policía Local, según informó ayer el Ayuntamiento de Mijas mediante un comunicado.
"El desalojo ha sido voluntario y no hubo ningún tipo de incidencias", explicó ayer un agente de la Guardia Civil que se encontraba ante las 34 viviendas. No obstante, "algunos de los ocupantes intentaron volver esta mañana temprano, después de que llevaran sus hijos al colegio, pero cuando vieron el dispositivo que se había instalado, se fueron", comentó, dejando claro que "no podían estar aquí porque los pisos son propiedad de un banco".
Con respecto al estado en el que las familias habían dejado las viviendas, las cuales presentaban roturas según los inquilinos hace dos días, agentes de la Guardia Civil señalaron que existían "muchos desperfectos", aunque no supieron precisar si habían sido causados por los ocupantes. De hecho, los agentes se encargaron ayer de realizar un inventario de los muebles que los inquilinos habían llegado a instalar en los propios apartamentos durante su corta estancia.
Actualmente numerosas patrullas de Policía Local y Guardia Civil siguen custodiando la zona con el objetivo de evitar cualquier posible incidencia. Por su parte, la propiedad del edificio ha contratado servicios de vigilancia para reforzar la seguridad del inmueble, según fuentes municipales.
Cabe recordar que el 12 de abril un total de 34 familias ocuparon de forma ilegal las viviendas, todas carentes de agua y luz, porque la promotora "estaba en suspensión de pago", como narró a este medio una de las ocupantes, Francisca Campos, de 22 años, a lo que se añade el malestar que, a juicios de las familias, estaban sufriendo en sus propias casas porque "se habían quedado pequeñas". Así, se referían a las viviendas sociales de la barriada mijeña Molino de Viento que fueron construidas en 2002 por la Junta de Andalucía para acabar con el asentamiento en Los Limones y las prefabricadas de Torreblanca. "Necesitamos un techo. Somos muchas familias en pisos muy chicos y así no se puede vivir", comentaban. De hecho, antes de ocupar el complejo residencial, las familias inquilinas le hicieron constar a la Guardia Civil su intención de "mudarse", para lo cual rellenaron un documento del Juzgado número 4 de Fuengirola en el que desglosaban los nombres y el DNI de todos los ocupantes.
Desde que el Consistorio de Mijas tuvo conocimiento de los hechos, el personal de Servicios Sociales intentó mediar con las familias, pero éstas siempre volvían a la urbanización, en ocasiones incluso animadas por familias de otros municipios. La concejalía de Asuntos Sociales, que desde hace años desarrolla acciones para favorecer la integración del colectivo, sigue abierta a la mediación.
Silencio, agentes municipales y algún que otro sofá en la calle era lo único que había ayer ante los apartamentos de lujo de La Cala Hills, en Mijas, lugar en el que el pasado domingo se habían instalado ilegalmente más de treinta familias tras percatarse de que las viviendas estaban desocupadas. No obstante, el "sueño" de este centenar de personas que conformaban el grupo se ha esfumado después de que abandonaran la zona el martes a la medianoche bajo la presencia de la Guardia Civil y la Policía Local, según informó ayer el Ayuntamiento de Mijas mediante un comunicado.
"El desalojo ha sido voluntario y no hubo ningún tipo de incidencias", explicó ayer un agente de la Guardia Civil que se encontraba ante las 34 viviendas. No obstante, "algunos de los ocupantes intentaron volver esta mañana temprano, después de que llevaran sus hijos al colegio, pero cuando vieron el dispositivo que se había instalado, se fueron", comentó, dejando claro que "no podían estar aquí porque los pisos son propiedad de un banco".
Con respecto al estado en el que las familias habían dejado las viviendas, las cuales presentaban roturas según los inquilinos hace dos días, agentes de la Guardia Civil señalaron que existían "muchos desperfectos", aunque no supieron precisar si habían sido causados por los ocupantes. De hecho, los agentes se encargaron ayer de realizar un inventario de los muebles que los inquilinos habían llegado a instalar en los propios apartamentos durante su corta estancia.
Actualmente numerosas patrullas de Policía Local y Guardia Civil siguen custodiando la zona con el objetivo de evitar cualquier posible incidencia. Por su parte, la propiedad del edificio ha contratado servicios de vigilancia para reforzar la seguridad del inmueble, según fuentes municipales.
Cabe recordar que el 12 de abril un total de 34 familias ocuparon de forma ilegal las viviendas, todas carentes de agua y luz, porque la promotora "estaba en suspensión de pago", como narró a este medio una de las ocupantes, Francisca Campos, de 22 años, a lo que se añade el malestar que, a juicios de las familias, estaban sufriendo en sus propias casas porque "se habían quedado pequeñas". Así, se referían a las viviendas sociales de la barriada mijeña Molino de Viento que fueron construidas en 2002 por la Junta de Andalucía para acabar con el asentamiento en Los Limones y las prefabricadas de Torreblanca. "Necesitamos un techo. Somos muchas familias en pisos muy chicos y así no se puede vivir", comentaban. De hecho, antes de ocupar el complejo residencial, las familias inquilinas le hicieron constar a la Guardia Civil su intención de "mudarse", para lo cual rellenaron un documento del Juzgado número 4 de Fuengirola en el que desglosaban los nombres y el DNI de todos los ocupantes.
Desde que el Consistorio de Mijas tuvo conocimiento de los hechos, el personal de Servicios Sociales intentó mediar con las familias, pero éstas siempre volvían a la urbanización, en ocasiones incluso animadas por familias de otros municipios. La concejalía de Asuntos Sociales, que desde hace años desarrolla acciones para favorecer la integración del colectivo, sigue abierta a la mediación.
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