domingo, 31 de mayo de 2009

Vivienda reducirá parte del 'stock' de casas de no más de 150.000 euros. (MALAGAHOY)

Aunque el parque sin vender asciende a 158.000 inmuebles en Andalucía, la Junta centrará las ayudas sólo en promociones de similares características a las de VPO, para lo que censará los grupos en julio.

Hasta mediados del año 2006, el ritmo de construcción de viviendas en Andalucía iba a acompasado con el de las ventas, y es que muchas promociones se llegaban a adquirir sobre plano. No sólo era un negocio redondo, sino supuestamente seguro. Era una cuestión de tiempo, claro. Pero desde entonces, el parque de inmuebles sin vender ha ido creciendo, de modo que el Instituto de Práctica Empresarial calcula en su último informe que en Andalucía hay 158.776 viviendas en stock. Málaga es la provincia más afectada, con 37.708, seguida de Sevilla, con 30.439. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio está dispuesta ahora a actuar sobre este enorme almacén de casas sin vender, pero con unos límites muy claros, porque se trata de liberar pisos o casas con características similares de precio a las VPO. No se trata, por tanto, de un plan de rescate del sector, aunque un tanto también, sino de favorecer el cumplimiento de la futura Ley del Derecho a la Vivienda, que garantiza el acceso a familias cuyos ingresos no excedan, en estos momentos, los 36.000 euros brutos anuales.

Es más, la Consejería de Vivienda no ha fijado su objetivo en ese stock de 158.000 viviendas. "Queremos saber -explicó el consejero Juan Espadas a este medio- cuántas de esas viviendas se corresponden a segundas residencias, cuáles son sus precios o si muchas de ellas están tan concentradas en áreas geográficas que no sirvan para practicar una política de vivienda". Así que el número de las que interesa a la Junta baja radicalmente. Las cajas andaluzas, por ejemplo, tienen unas 3.000 procedentes de clientes que han sufrido problemas financieros.

Por tanto, lo que hará la Consejería de Vivienda será abrir un registro de inmuebles para entidades financieras y promotores, aunque con unos límites claros y aún no del todo definidos. Fuentes de la Consejería explicaron a este medio que se centrarán en aquellas viviendas cuyos precios oscilen entre los 120.000 y los 150.000 euros, aunque, claro, también marcarán unos criterios para definir cómo se mide el precios, toda vez que un mercado donde no se mueve un piso es incapaz de dar información sobre ello.

Hasta el mes de julio, promotores y entidades financieras interesados en vender sus pisos y casas bajo estas características podrán registrar los inmuebles en este censo de la Junta. Hasta saber cuáles son estas cifras, ni la Consejería de Vivienda, ni sobre todo la de Economía, concretará cuáles son esas ayudas ni su cuantía, aunque se trataría de disminuir la carga financiera durante los primeros cinco años para facilitar las ventas.

El asunto ya fue tratado el pasado miércoles en la reunión que la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, mantuvo con los sindicatos y la patronal en el marco de negociación del VII Acuerdo de Concertación Social.

Lo que preocupa a la Junta es que la crisis inmobiliaria y crediticia le estropee el nacimiento de la Ley del Derecho a la Vivienda. El proyecto que permitirá a los andaluces acudir a los tribunales si la Junta o los municipios no les facilitan los planes de viviendas con los que garantizar el derecho constitucional ya ha sido enviado al Parlamento. Según los datos de la Consejería de Vivienda, sólo el 40% de las promociones de VPO que se autorizaron en 2008 ha contado con respaldo financiero, cuando lo normal, según su criterio, sería que alrededor de un 75% lograra créditos y de cajas y bancos.

Ante esto, la Consejería ha ideado dos medidas con las que pretende "desatascar" el flujo del negocio. La primero, adelantado el martes pasado, pasa por adquirir directamente parte de algunas promociones de VPO para darle solidez ante bancos y cajas. Esos pisos, adquiridos por la Empresa Pública de Suelo (EPSA) a los promotores, serían puestos en alquiler con una opción a compra. La segunda pasa por sacar viviendas de tipología social del actual parque de inmuebles sin vender.

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