martes, 28 de julio de 2009

La alcaldesa asegura que se vio obligada a no cambiar el PGOU para evitar su bloqueo. Marbella (La Opinión

Ángeles Muñoz sostiene que la Junta le transmitió que no daría el visto bueno a un Plan que incluyera a Banana Beach y Río Rel

La alcaldesa asegura que se vio obligada a no cambiar el PGOU para evitar su bloqueo
La alcaldesa, ayer, momentos antes de explicar los motivos que han impulsado su decisión. /JOSELE-LANZA
No hubo sorpresas. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, confirmó ayer que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) dejará cerca de medio millar de viviendas habitadas fuera de ordenación. El equipo de Gobierno ha decidido renunciar a la incorporación de las promociones de Banana Beach, La Víbora y Río Real dentro del proceso de legalización por compensaciones que plantea el documento, tal y como adelantó este periódico el pasado domingo.
La Junta de Andalucía, según afirmó Muñoz, ha «expuesto claramente» al Ejecutivo local que no está dispuesta a dar el visto bueno a un plan que contemple la regularización de estos inmuebles. «Nos hemos visto obligados a dejar a un lado las pretensiones que teníamos de poder normalizar todas las viviendas habitadas», sentenció la regidora.
El interés general, según aseguró la alcaldesa, ha primado en la determinación tomada por el Gobierno municipal, cuyo objetivo fundamental era sacar adelante el nuevo PGOU. Un documento que mañana se someterá en pleno a su segunda aprobación provisional y al que la Administración autonómica no daría luz verde en el caso de que incluyera la legalización de tres promociones «que están en la franja litoral». En definitiva, la única opción del Ejecutivo local para evitar el bloqueo del Plan por parte de la Junta pasaba por retirar las modificaciones referentes a la regularización de estos inmuebles ilegales, según defendió Muñoz.
La regidora apuntó que el Ayuntamiento de Marbella seguirá trabajando con el Gobierno andaluz con el fin de encontrar una fórmula jurídica para no dejar fuera de ordenación las cerca 500 viviendas, pero anunció que a partir de la aprobación definitiva del plan se plantea un nuevo escenario en este conflicto dentro del ámbito judicial. «Serán los tribunales los que tengan que resolver sobre el futuro de esas promociones, los que entiendan si es mayor el perjuicio o el beneficio de demoler esas viviendas», indicó.
Muñoz explicó que los vecinos de estos inmuebles tienen el derecho de emprender acciones legales para defender sus intereses y destacó que las edificaciones se levantaron y las viviendas se ocuparon en virtud de licencias concedidas por el Ayuntamiento.
Responsabilidad
Resaltó además que los habitantes de estas promociones vienen abonando de forma sistemática sus impuestos a las administraciones local y autonómica y aseveró que existe una responsabilidad compartida por parte del Consistorio y del Gobierno andaluz. «No solamente ha sido una dejación por parte del Ayuntamiento, sino también de la propia Junta, que en ningún momento tomó cartas en el asunto y paralizó una obra que fue tomando cuerpo y habitándose a lo largo de todos estos años», subrayó.
Además de los propietarios del edificio Banana Beach y de las viviendas de La Víbora y Río Real, entre los afectados por el nuevo PGOU se encuentran también los vecinos de varias decenas de inmuebles de Jardines de la Costa, al sur de San Pedro Alcántara. A pesar de ser legales según el planeamiento vigente, han sido dispuestas por el equipo redactor del documento como compensaciones del promotor, que deberá comprar las viviendas habitadas a sus propietarios para asumir la carga que fija el Plan, según señaló la alcaldesa.
El texto urbanístico que se llevará mañana a pleno presenta pocas modificaciones respecto al que se sacó adelante en su primera aprobación provisional. De hecho, el PGOU retornará a los términos fijados entonces en relación con la zona de La Cañada, trasladando una vez más el suelo destinado al recinto ferial a la zona norte y permitiendo en la zona este la ampliación del complejo comercial.
Deslinde
El documento mantiene también el criterio del equipo de Gobierno respecto al deslinde con Benahavís, tras el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. La regidora destacó que el órgano asesor resolvió que si el suelo gestionado a lo largo del tiempo por un municipio resulta, una vez comprobada la planimetría, que en realidad pertenece a otro, la situación debe resolverse a través de un expediente de deslinde o de alteración del término municipal antes de aprobarse un PGOU. Un expediente que deberá ser resuelto por la Administración autonómica, a la que deberá instarse para que determine el deslinde o a la alteración del término municipal antes de aprobar de forma definitiva el Plan.
El documento urbanístico incluye además dos modificaciones concretas, acordadas con la Demarcación de Costas y los vecinos de Linda Vista y El Ancón, que posibilitarán la ampliación del paseo marítimo de Marbella, según precisó la alcaldesa, que subrayó que la aprobación del nuevo PGOU pondrá fin a las "barbaridades" cometidas durante años por corporaciones anteriores. Muñoz expresó su deseo de que el Plan cuente con el apoyo mayoritario de los grupos políticos y de los vecinos del municipio y mostró su confianza de que la Junta de Andalucía cumpla con su compromiso de acortar los plazos en su aprobación definitiva para que el nuevo documento sea una realidad el próximo otoño.

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