El equipo de gobierno da marcha atrás para que la Junta no paralice todo el documento
Reunión. La alcaldesa de Marbella se reunió ayer con diferentes asociaciones vecinales. l. o.
ALEJANDRO GONZÁLEZ. MARBELLA El Ayuntamiento de Marbella dejará fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se someterá a aprobación provisional por segunda vez mañana miércoles, medio millar de viviendas irregulares habitadas, entre ellas, el emblemático edificio Banana Beach.
Tras la comisión previa al pleno extraordinario de mañana, la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, explicó que el Consistorio ha decidido dejar fuera del documento urbanístico estas viviendas después de que la Junta de Andalucía anunciara su intención de no legalizarlas.
Muñoz añadió que han decidido dejarlas fuera, apostando por "por el interés general", para no dilatar la tramitación del texto y aprobarlo "cuanto antes". En este sentido, la alcaldesa confía en que el Gobierno regional asuma su compromiso de acortar el plazo de cinco meses y apruebe el PGOU en octubre.
La regidora mantendrá reuniones con los vecinos afectados a los que insta a recurrir a los tribunales ya que "están en su pleno derecho". Muñoz afirmó que seguirán trabajando con la Junta "para encontrar una fórmula jurídica mientras continúan los trámites hasta la aprobación definitiva del PGOU. De lo contrario, serán los tribunales los que tengan que resolver sobre el futuro de estas promociones", señaló.
De esta forma, se abrirá la vía judicial que emprenderán los compradores de buena fe. "Espero que los tribunales se den cuentan de cuál ha sido la situación de Marbella y se pueda normalizar su situación", dijo Muñoz.
Junto a los 300 apartamentos de Banana Beach, quedarán fuera de ordenación las viviendas que se asientan sobre un yacimiento arqueológico en Río Real y una treintena de casas en El Alicate, en la zona de La Víbora.
Además, se sumará otro inmueble de 1986 que quedará fuera del PGOU como compensación de unas viviendas irregulares al sur de San Pedro Alcántara. "Aunque son legales, se convierten en una carga que tiene que asumir una promoción anexa para liberar el frente litoral", explicó Muñoz, quien subrayó que no sólo se ha producido una dejación por parte del Ayuntamiento, sino "de la Junta que no tomó cartas en el asunto ni paralizó estas obras que ahora se encuentran habitadas".
El nuevo PGOU también deja fuera de ordenación otro millar de inmuebles sin habitar pero normalizará la situación de 18.000 viviendas a través del sistema de compensaciones previsto.
En este sentido, Muñoz subrayó que finalmente no serán los propietarios quienes tengan que compensar la pérdida de espacios libres y zonas de equipamiento. "Serán los promotores los que tengan que pagar las compensaciones", dijo, y en los casos en que no sea posible, será el propio Ayuntamiento el que deberá compensar los equipamientos y espacios libres que faltan en la ciudad.
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