martes, 20 de octubre de 2009

La Axarquía propondrá modificar la ley para legalizar sus viviendas. Vélez-Málaga (La Opinión)

La Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía constituye una mesa para pedir flexibilidad en el urbanismo a la Junta de Andalucía y buscar una solución a sus construcciones irregulares

Salón de plenos. Mesa de trabajo con los 19 alcaldes que acudieron a la cita de ayer en la Mancomunidad.
Salón de plenos. Mesa de trabajo con los 19 alcaldes que acudieron a la cita de ayer en la Mancomunidad. I.G.

I. GUERRERO. VÉLEZ MÁLAGA Los alcaldes de la comarca de la Axarquía anunciaron ayer su intención de presionar a la Junta de Andalucía para que flexibilice el Urbanismo e introduzca modificaciones en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que permitan ordenar la situación de las viviendas situadas en parcelas no urbanizables.
Con este objetivo, constituyeron ayer una mesa de trabajo, en la que se consensuó el establecimiento de un mes de plazo para proponer los primeros cambios, que serán elevados a la administración autonómica. Según informó el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, José Jesús Domínguez Palma, la mesa se reunirá cada mes e irá definiendo la metodología de trabajo para alcanzar un acuerdo unánime.
En este primer encuentro, que concitó a 19 alcaldes de los 31 municipios de la Axarquía, los regidores expusieron, según apunta Domínguez Palma, "la historia de familias angustiadas a las que se está tratando de delincuentes simplemente porque tienen sus casas en suelo no urbanizable". La delegada de Ordenación del Territorio, Josefa López; la diputada de Fomento, María Teresa Pérez; CCOO y la Asociación de Empresarios Promotores presenciaron los relatos de los regidores.
El alcalde de Almáchar, José Gámez, insistió en la problemática social que existe detrás de las construcciones irregulares y que deben afrontar los alcaldes. "Tenemos a 10.000 campesinos que no comprenden cómo se les puede demoler sus viviendas y el autóctono de la Axarquía entiende que es un delito el uso residencial. ¿Qué vamos a esperar que le digan a un alcalde?", indicó Gámez.
Guillermo Pérez, alcalde de Alcaucín, aseguró que su municipio sufre graves problemas urbanísticos que se están resolviendo de manera personalizada. Por su parte, Manuel Aranda , regidor de Canillas de Aceituno, piensa que la exigencia de los regidores no va más allá de solicitar a la Junta de Andalucía una vía por la que "ordenadamente se sigan desarrollando los municipios desde el punto de vista urbanístico".
Al alcalde de Nerja, Alberto Armijo (PP), le preocupó que la delegada Josefa López asistiera a la mesa de urbanismo exclusivamente como oyente y no se pronunciara para aclarar si la administración regional "tiene disposición o no de modificar la normativa".

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