Una sola empresa opta a explotar las instalaciones durante diez años tras el concurso convocado por el Ayuntamiento La Junta pide renovar la concesión del polideportivo a 25 años
17.11.2009 -
Pese a que se encuentra prácticamente finalizada, la piscina construida junto al polideportivo de Ciudad Jardín no se abrirá al público antes del primer trimestre del año próximo, según indicaron fuentes municipales. El Ayuntamiento sacó a concurso la gestión y explotación de estas instalaciones por un plazo de 10 años y con un canon anual de 19.460,08 euros. El pasado mes de octubre se cerró el plazo para la presentación de ofertas con el resultado de que solo se ha recabado la de una empresa, cuya identidad no ha trascendido, con sede en Málaga. Y es que la situación de crisis económica se deja notar en los concursos convocados por el Consistorio para la gestión indirecta de determinadas instalaciones públicas.
Si la única empresa cumple con todos los requisitos exigidos por la Fundación Deportiva Municipal para hacer frente a la gestión de la piscina, podrá adjudicarse el concurso. En caso contrario, el Ayuntamiento tendrá que declararlo desierto y repetirlo.
Además, la adjudicación de la explotación de esta piscina depende de una autorización de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, que está pendiente a su vez de que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía renueven el acuerdo por el que la ciudad gestiona desde hace dos décadas el polideportivo de Ciudad Jardín.
El Gobierno andaluz y el local firmaron en febrero de 1991 un acuerdo por el que se cede al municipio el uso de los centros deportivos de Ciudad Jardín y Tiro de Pichón. Ese convenio, por 20 años, caduca en febrero de 2011, por lo que la Junta considera conveniente renovarlo por un plazo de otros 25 años más, incluyendo las instalaciones de la piscina que el Consistorio pretende adjudicar a su vez a una empresa privada.
Para ello, es necesario que la Consejería de Turismo y Deporte elabore un nuevo expediente de cesión del polideportivo a la ciudad, un informe de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y un acuerdo del pleno municipal. Por ello, este asunto será debatido en la comisión de Cultura y Deportes que se celebra hoy, previa al pleno del día 26.
Según las fuentes consultadas, la necesidad de llevar a cabo todos estos trámites de forma previa a la adjudicación de la explotación de la piscina no supondrá una demora en su apertura, ya que previamente también es necesario que se realicen una serie de comprobaciones en motores de agua y otra serie de equipamientos del nuevo centro deportivo. Además, está previsto que la empresa que resulte adjudicataria de la piscina lleve a cabo una inversión de 315.000 euros para terminar de acondicionar el edificio.
Los empleados de la grúa municipal están dispuestos a aceptar trabajar sin la presencia de la Policía Local si el Ayuntamiento les dota expresamente de la autoridad necesaria para llevar a cabo este sistema. Como adelantó este periódico el pasado sábado, el equipo de gobierno ha introducido variaciones en la nueva Ordenanza de Movilidad -que será aprobada por el pleno este mes- para hacer posible la denominada 'grúa exprés', una medida por la que los operarios de la grúa trabajarán sin necesidad de estar acompañados en todo momento por un funcionario de la Policía Local, que validará a distancia, mediante imágenes, que la infracción se ha cometido realmente y autorizará el traslado del vehículo.
Manuel Lima, representante de CGT en la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, expuso que los trabajadores estarían dispuestos a aceptar este sistema «si se nos dota de la autoridad necesaria para llevar a cabo el servicio y se suprime el plan de productividad que lleva aparejado», en referencia al sistema de pluses que la SMASSA pretende establecer al tiempo que pone en funcionamiento la 'grúa exprés'. «Si la medida no va aparejada de ese afán recaudatorio, estaríamos de acuerdo», recalcó Lima, quien apuntó que las grandes ciudades pueden crear una figura similar a la de funcionarios para este cometido.
Por su parte, los grupos de la oposición arremetieron ayer contra los cambios introducidos en la ordenanza para avalar la grúa sin policías. El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, argumentó que los empleados de la grúa «no son agentes de la autoridad como sucede en otras ciudades como Barcelona», por lo que puso en duda la legalidad de la medida, de la que dijo que sólo se explica «por el afán recaudatorio del equipo de gobierno».
En el mismo sentido, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, denunció que es un sistema «ilegal que perjudica a los empleados de la SMASSA y tiene una motivación económica, como llegó a reconocer esta empresa en un escrito».
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