El empresario deberá aportar el informe de demolición del actual edificio antes de iniciar las obras de las nuevas viviendas
19.01.2010 -
Enrique Monterroso, junto a José Antonio Castro, muestra una de las papeletas a favor del uso público de la casona. ::JOSELE-LANZA
El empresario Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada, invertirá 4,2 millones de euros en derribar el antiguo inmueble de Radio Nacional y construir un bloque de viviendas de seis plantas. Éste es el presupuesto de ejecución material de las obras que aparece reflejado en la aprobación de la concesión de la licencia por parte de la Junta de Gobierno Local y que le permitirá construir un edificio de pisos, locales comerciales y aparcamientos con un máximo de edificabilidad de 3.800 metros cuadrados.
No es la primera inversión del dueño del centro comercial La Cañada. En 2005 desembolsó 17,5 millones de euros para hacerse con el edificio en subasta pública. Cinco años después, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la licencia en base al PGOU de 1986 aún vigente, que declara la parcela como suelo residencial, con tipología de vivienda unifamiliar. Olivo solicitó el permiso de obras en octubre de 2008.
Antes de iniciar los trabajos, el empresario deberá aportar la documentación que falta para completar el proyecto de ejecución y finalizar así el trámite administrativo. Olivo tendrá que entregar en el Ayuntamiento el proyecto de demolición del edificio, tramitar y obtener la licencia para la tala o trasplante del escaso arbolado existente en el patio interior y justificar la accesibilidad del nuevo inmueble, acorde con la normativa vigente.
Cambio de uso
La casona sindical, nombre con el que popularmente se conoce el edificio ubicado en el número 11 de la avenida Ricardo Soriano, fue inaugurada en 1955 y aunque su atractivo monumental es escaso, su ubicación, en el corazón de Marbella, ha hecho que la parcela haya tenido diferentes usos con el paso de los años. El edificio fue compartido por la Hermandad de Labradores, la Cofradía de Pescadores y el Sindicato Vertical, en un primer momento, para luego convertirse en sede de los sindicatos, de Rne y hasta del INEM.
El proyecto de Tomás Olivo cambiará la fisonomía de esa zona de Ricardo Soriano al desaparecer el histórico inmueble, compuesto por dos cuerpos laterales unidos por un largo corredor en la primera planta que remata el acceso central al patio. El objetivo del empresario es echar abajo la actual estructura y levantar un bloque de viviendas.
La aplicación del Plan Urbanístico del 86 le beneficia doblemente, no sólo por la calificación y uso del suelo, también le exime de ceder terreno al Ayuntamiento como compensación. El nuevo PGOU, que echará andar en febrero, destinó inicialmente la parcela a uso cultural y ahora lo contempla como uso de servicios terciarios para la edificación y recomienda su uso hotelero. Además, su aplicación supondría ceder al Ayuntamiento 1.200 metros cuadrados cuadrados de superficie para equipamiento público.
Sólo en un punto le ha perjudicado la aplicación del antiguo plan urbanístico. El futuro PGOU contempla una edificabilidad en la parcela de 6.800 metros cuadrados, casi el doble que el Plan de 1986 en base al cual el equipo de gobierno ha otorgado la licencia. Esto sólo le permitirá levantar un edificio con una altura máxima de seis plantas -bajo más cinco- frente a los bloques de edificios de su entorno que superan en algunos casos, los diez pisos de altura.
El uso público del edificio para paliar el déficit de equipamientos sociales y culturales ha sido una vieja aspiración popular. En 2005 ya se vio truncada cuando el inmueble salió a subasta pública y fue adquirido por el empresario murciano. Ahora, tras la concesión de la licencia de obras con todos los informes técnicos y jurídicos a su favor, parece una situación irreversible.
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