Moro presentó a los representantes vecinales la moción para ratificar el compromiso del PP de que los propietarios no hagan frente a las cargas Sólo uno de cada diez promotores negocia el pago de cargas para regularizar viviendas ilegales
22.07.2010 -
El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, ayer con representantes de federaciones de vecinos del municipio. :: JOSELE-LANZA
Sobre el papel, resulta más nítido. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, que entró en vigor el pasado mayo, marca las pautas teóricas para la regularización de las 16.500 viviendas levantadas en el municipio al margen de la legalidad durante la 'era GIL'. Sin embargo, el recorrido para hacer realidad el patrón de normalización de inmuebles que establece el nuevo planeamiento pasa, en primera instancia, por los promotores de las edificaciones, que tienen hasta mayo de 2011 para hacer frente de forma voluntaria a las compensaciones fijadas en el Plan con objeto de dotar de legalidad a dichas viviendas.
Pasado el periodo voluntario, el Ayuntamiento podrá actuar contra los constructores, pero hasta entonces poner en marcha el sistema de regularización requiere de la voluntad de los empresarios. Algunos de ellos ya han dado un paso al frente para asumir las cargas urbanísticas y cumplir con su parte del Plan. Alrededor de treinta promotores ya han acudido al Consistorio marbellí para negociar el pago de las compensaciones con objeto de normalizar sus inmuebles, según apuntó el concejal de Urbanismo, Pablo Moro.
La cifra ronda el 10 por ciento del número global de empresarios que, según dibuja el PGOU, deben asumir cargas urbanísticas. Muy pocos, si se ve la botella medio vacía, sobre todo porque las compensaciones parece que se resisten a llegar. Una cifra aceptable, en el caso de contemplar el recipiente medio lleno, especialmente si se tiene en cuenta que apenas han pasado dos meses desde la entrada en vigor del Plan.
Además, según esta segunda tesis, la ejecución del proceso de regularización de los 30 primeros promotores supondría la normalización de las "miles" de viviendas ilegales, según apuntó Moro, que se reunió ayer con representantes vecinales para darles a conocer la moción que llevará a pleno el Gobierno municipal del PP con el fin de ratificar su compromiso de eximir a los compradores de inmuebles ilegales de asumir las cargas urbanísticas.
La propuesta pretende fijar los pasos a seguir dentro de diez meses, una vez concluido el periodo de voluntario para cumplir con las compensaciones dibujadas en el PGOU. La moción dispone que el Ayuntamiento irá contra los promotores y no contra los terceros de buena fe a la hora de reclamar que se haga frente a las cargas. En última instancia, si no existe ya empresa a la que reclamar o no es posible obtener el pago de las compensaciones, serán las «administraciones responsables» las que se hagan cargo de las mismas.
Por su parte, el secretario del PSOE de Marbella, José Bernal, reclamó a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que se reúna con los promotores «para exigirles el pago» en lugar de lanzar «nuevas promesas» y pidió a la regidora que firme por escrito su compromiso con los terceros de buena fe. Bernal acusó además al PP de apropiarse de una iniciativa que parte de unos «vecinos desesperados».
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